Admitidas a trámite. Las propuestas para cambiar la Ley de Secretos Oficiales y para promulgar la primera Ley de Bebés Robados a nivel estatal han sido este martes admitidas a trámite por el Pleno del Congreso celebrado. A partir de ahora, las dos proposiciones de ley serán trabajadas por los diferentes partidos políticos para su aprobación en las cámaras. El reto no es fácil. Los dos textos  ya llegaron a esta fase en los últimos años pero no consiguieron ver la luz bien por adelantos electorales, en el caso de los bebés robados, o bien por sucesivas prórrogas en el plazo de enmiendas y obstáculos, en el caso de la Ley de Secretos Oficiales. De hecho, es la cuarta vez que la cámara admite a trámite la proposición de ley presentada para reformar esta última ley.

La propuesta para modificar la Ley de Secretos Oficiales ha partido una vez más del PNV y en el caso de la Ley de Bebés Robados, la iniciativa ha partido de la Coordinadora Estatal de Apoyo a la Querella Argentina que consiguió la firma y, por tanto, el apoyo de PSOE, Unidas Podemos, ERC, EH Bildu, JxCat, PNV, Compromís, Más País, EH Bildu, BNG y las CUP. La toma en consideración de estas dos proposiciones de leyes supone que el Congreso se abre a dotar de más transparencia las actuaciones del Estado durante el período franquista, la Transición, el golpe de Estado fallido del 23-F o la matanza del 3 de marzo en Vitoria en 1976 y muestra la predisposición de la actual cámara para que desde los órganos del Estado se investiguen las numerosas denuncias de robo de bebés en España desde el inicio de la Guerra Civil hasta bien entrada la democracia. Las dos leyes, asimismo, implican una apertura de archivos que tanto reclaman historiadores e investigadores. 

No obstante, la admisión a trámite de estas dos proposiciones de ley ha ido acompañada en el día de hoy de la negativa de PSOE, Ciudadanos, Vox y el Partido Popular de abrir una comisión de investigación sobre el terrorismo de Estado de los GAL y el papel del expresidente del Gobierno Felipe González. La Mesa del Congreso se ha posicionado en contra de esta investigación parlamentaria con los votos en contra de PSOE, PP y Vox y el único voto favorable de los miembros de Unidas Podemos. La petición fue impulsada la pasada semana por Bildu, y contaba con el apoyo del PNV, ERC, JxCat, el BNG y la CUP.

Ley de secretos oficiales

Concretamente, el PNV ha pedido en la Cámara la necesidad de cambiar la Ley de Secretos Oficiales para establecer en la misma la necesidad de fijar unos plazos concretos para la desclasificación de documentos oficiales y homologar la legislación en esta materia a la de los países de nuestro entorno. Además, el texto de reforma contempla la modificación de la Ley de Secretos Oficiales para atribuir "en exclusiva" al Consejo de Ministros la facultad de clasificar una materia y su cancelación. Actualmente pueden clasificar documentos, además del Gobierno, la Junta de Jefes de Estado Mayor, y sólo pueden declarar su cancelación aquellos órganos de la propusieron.

Aitor Esteban ha señalado que su propósito es establecer un procedimiento para desclasificar documentos históricos declarados secretos en un plazo máximo de 35 años y reservados en 10 años. La propuesta ha sido aprobada por el PSOE, el PP, Unidas Podemos, ERC, Bildu, Junts, Más País, la CUP. Ciudadanos se ha abstenido y ha quedado en el aire, durante el debate parlamentario, el voto del PP, que ha pedido al PNV "ir más lejos" en su propuesta.

Así, la socialista Andrea Fernández, ha incidido en que la actual ley es preconstitucional y por tanto "poco operativa" y ha defendido la necesidad de cambiarla para hacer conjugar "la defensa del Estado" con una norma "rigurosa y garantista". Desde Unidas Podemos, Pilar Garrido ha abogado por una legislación que a favor de la "transparencia" y no de "tapar vergüenzas". También el líder de Más País, Íñigo Errejón, ha insistido en que los españoles tienen derecho a conocer su pasado porque la "convivencia" no se puede basar en el "silencio" y no es de recibo enterarse de según qué cosas por terceros países.

Bebés robados

La proposición de ley de bebés robado ha gozado de mayor apoyo que la anterior y ha contado con el apoyo de los mencionados grupos y ha sumado también los votos de Partido Popular y Ciudadanos. Por tanto, sólo Vox ha votado en contra. "Nos corresponde dar rango de ley a las injusticias de los ciudadanos", ha argumentado la diputada naranja Sara Giménez, que ha pedido sentar en el banquillo "a los responsables". En este punto, las intervenciones de los representantes políticos han sido especialmente sensibles con las demandas de las víctimas y varios de ellos han aprovechado su oportunidad para citar testimonios de bebés robados o agradecer el trabajo de las asociaciones de víctimas y memorialistas. Es el caso del diputado de ERC Gabriel Rufián, que ha utilizado su intervención para leer un buen número de testimonios de mujeres que denunciaron haber sido víctimas del robo de bebés. 

El texto de la proposición, tal y como contaba ayer Público, denuncia que en España "durante décadas, y hasta etapas muy próximas" se han sustraído "un número inmenso de niños" de "cárceles, clínicas y maternidades" sin que sus familias biológicas hayan podido conocer su paradero en ningún momento. Así, el texto insta al Estado a investigar el robo de bebés en España desde 1939 creando para tal fin una Fiscalía especial sobre bebés robados, que dependa directamente de la Fiscalía General del Estado, y una unidad de Policía judicial especializada, que se dedique única y exclusivamente a resolver el robo de bebés en España.

La presidenta de Todos los niños robados son también mis niños, Soledad Luque, explicó así la importancia de esta proposición de ley: "Con esta ley aprobada, el Estado asumiría la responsabilidad de la búsqueda activa de los bebés robados y de su identidad ya que ofrece herramientas para ello y posibilitaría abrir juicios donde investigar exhaustivamente los casos. También reconoce la condición de víctimas para los afectados por este crimen, tanto las de la dictadura y las que se produjeron después. En definitiva, esta Ley reconoce y garantiza los derechos a la verdad, la justicia, la reparación y la no repetición de las víctimas, ya que se basa en estos cuatro pilares que propugnan los organismos de Naciones Unidas en cualquier lucha por la defensa de los Derechos Humanos". 

Vox, en contra de todo

El Pleno de este martes ha estado marcado por la dureza del discurso de Vox en ambos debates. El partido de extrema derecha ha utilizado sus turnos de palabra para cargar contra el Gobierno por su naturaleza "socialcomunista", se ha referido a Euskadi como "vascongadas" y no ha perdido oportunidad para involucrar a ETA en cualquier arista del debate. 

Así, el diputado del partido de ultraderecha Carlos Hugo Fernández-Roca, que ha protagonizado un encuentro con Aitor Esteban, ha acusado al PNV de querer "deslegitimar el sistema constitucional atacando a la monarquía y a las fuerzas políticas que hicieron posible las Transición", sacando a la luz "secretos de Estado" relativos a los GAL o el intento de golpe de Estado del 23 de febrero de 1981. 

No obstante, la postura de Vox ha sido aún más contundente en el debate sobre bebés robados. La diputada Rocío De Meer ha señalado que en el régimen franquista no había ninguna trama para robar y vender bebés y que la creencia de que en las cárceles franquistas fueron robados, al menos, 30.000 bebés se trataba de propaganda de la izquierda distribuida a través de El País, Eldiario.es y Público.