El Congreso de los Diputados ha anunciado que volverá a tramitar la proposición de ley del PNV para reformar la Ley de Secretos Oficiales de 1968. La propuesta de los nacionalistas vascos busca limitar la desclasificación de documentos en un plazo máximo de 25 años. La Cámara Baja ha votado a favor de iniciar los trámites con el voto en contra del bloque de derechas.

Esta es una vieja reclamación del partido nacionalista, que presentó el mismo texto hace ocho años y llegó a ser tomado en consideración por el pleno la pasada legislatura. La propuesta quedó enterrada en decenas de prórrogas de enmiendas porque el Gobierno de coalición decía que iba a presentar su propia reforma.

El Gobierno de Pedro Sánchez presentó su propio proyecto de Ley de Información Clasificada antes de terminar la legislatura. El texto fue considerado insuficiente por los nacionalistas y por los partidos de izquierdas, aunque en todo caso tampoco pudo salir adelante por la disolución de las Cortes.

El PNV ha defendido en el Pleno la toma en consideración de su propuesta, registrada el pasado mes de agosto, nada más arrancar la legislatura. La idea de los nacionalistas vascos es que en toda clasificación de una materia se establezca el el plazo de su vigencia, no pudiendo superar los 25 años para los documentos secretos y los diez años para los reservados, salvo que el Consejo de Ministros disponga una prórroga excepcional y motivada, en el exclusivo caso de las materias secretas, por un nuevo período máximo de diez años.

La propuesta de Bolaños, criticada por los socios

Las condiciones que sugieren los nacionalistas vascos son menos restrictivas que las que planteaba el Ministerio de la Presidencia de Félix Bolaños. El anteproyecto de los socialistas establecía que, desde la entrada en vigor de la ley, el tiempo máximo que podía permanecer sin salir a la luz una información sería de 65 años.

En concreto, para los documentos de alto secreto se fijaba un plazo de 50 años, prorrogable por otros 15; mientras que la información secreta lo sería por 40, más diez de prórroga. Los archivos confidenciales tendrían unos plazos de entre siete y diez años, mientras que los restringidos durarían entre cuatro y seis años. Una vez agotados los plazos máximos, la información tendría que ser automáticamente desclasificada, aunque los plazos inicialmente fijados podrían ser revisados por la autoridad que en su día clasificó la información.

"No existe la posibilidad de que algo esté clasificado de por vida", resumía el ministro Bolaños, que tildaba de "razonables" sus plazos. Esas pautas no sólo fueron criticadas por el PNV y otros partidos de la oposición, sino que también provocaron el rechazo de Unidas Podemos, por aquel entonces socio del Gobierno de coalición. 

En el debate de este martes, la toma en consideración de la iniciativa del PNV, defendida por Mikel Legarda, ha sido respaldada por el PSOE y sus aliados de investidura, mientras que Vox se ha posicionado claramente en contra. Los socialistas han anunciado que intentarán modificar el texto de los nacionalistas en el trámite parlamentario.