Aliados de Sánchez en el Congreso creen que el PSOE quiere "dormir" la regularización de migrantes
Fuentes de las izquierdas de la Cámara acusan a los socialistas de no tener "voluntad política" para sacar adelante la ILP y sugieren que quedará congelada hasta que pueda introducirse en la negociación de Presupuestos.
El PSOE niega esa falta de interés y señala que su intención es la misma que cuando votó a favor de la toma en consideración. La aritmética parlamentaria complica las cosas.

Madrid-
La sensación generalizada ―o, más bien, la convicción― entre varios aliados del PSOE en el Congreso es que no existe "voluntad política" por parte de los socialistas para desencallar la ILP de regularización de medio millón de personas migrantes. Actualmente, la iniciativa se encuentra inmersa en la tramitación parlamentaria y el riesgo de bloqueo del que ya informó Público ha terminado por materializarse. Las fuentes consultadas deslizan que la intención de los socialistas parece ser la de "dormir" la ILP en la fase de ponencia. Es un extremo que fuentes del PSOE niegan tajantemente.
De entre las fuentes conocedoras de la negociación consultadas, hay quien pone como límite o nueva fecha marcada en rojo en el calendario los Presupuestos Generales del Estado. En el momento en el que se extremen las negociaciones de los mismos, la ILP será un elemento a tener en cuenta. Fuentes, en este caso, de los promotores de la iniciativa, dan crédito a esa postura y aseguran que en estos momentos la iniciativa, desde su punto de vista, no se encuentra entre las prioridades del Partido Socialista.
En cualquier caso, las formaciones que están capitaneando la ILP en el Congreso, cuyos votos necesitará el PSOE si quiere sacar adelante unas cuentas públicas, podrán exigir que avance la regularización como una de las monedas a cambio.
El problema, en este sentido, es que los PGE de 2025 están muy lejos, si es que algún día llegan. Aunque existen conversaciones entre el PSOE y los partidos del bloque de investidura, son todavía muy incipientes y, en última instancia, lo que determinará las posibilidades de que salgan adelante es el factor Junts per Catalunya, que exige, entre otras cosas, la cesión completa de las competencias en inmigración a la Generalitat.
También hay voces entre los grupos defensores de la ILP que ni siquiera confían en que esa eventual negociación de las cuentas públicas vaya a cambiar nada. "No existe la voluntad para sacar adelante la ILP ahora ni ha existido antes", asevera un diputado de ERC, que nunca ha creído que el Gobierno haya tenido una intención real de luchar por ella. Fuentes del BNG, en la misma línea, reconocen que no entienden "por qué el PSOE, que votó a favor de la toma en consideración de la ILP, se empeña en dilatar la tramitación", algo que genera "inseguridad jurídica a aquellas personas migrantes que esperan de forma impaciente que se apruebe esta medida".
De todas formas, hay que tener en cuenta que no está en la mano solo de los socialistas desatascar la ILP. Para lograr acordar un texto en comisión antes de llevarlo a pleno ―lo contrario significaría abocarla al fracaso― necesitan contar con los votos de sus aliados a la derecha (Junts y PNV), del Partido Popular o de todos ellos. Para eso, sería imprescindible transigir con alguna de las enmiendas que registraron. PP y PNV, por ejemplo, exigen vincular directamente la regularización a los contratos de trabajo. En el otro lado del tablero, ERC, EH Bildu y BNG tramitaron una para ampliar su alcance. En cualquier caso, lo que repiten varias formaciones de izquierdas de la Cámara es que el PSOE no está poniendo todo de su parte.
Fuentes socialistas consultadas por Público niegan de forma rotunda esa perspectiva y aseguran que siguen trabajando con la misma idea, dicen, que cuando votaron a favor de la admisión a trámite de la ILP. Insisten en que para ellos no ha cambiado nada y en que todo sigue su curso.
Por otro lado, hay algo que, de acuerdo con todas las fuentes consultadas de entre las izquierdas de la Cámara y considerando lo que algunas figuras clave han dicho en abierto, condiciona sobremanera el devenir de la ILP. En noviembre del año pasado, el Gobierno aprobó un nuevo Reglamento de Extranjería que ya incorpora medidas para facilitar la normalización de la situación de las personas migrantes. Es cierto que en ningún momento el Ejecutivo ha señalado que sea sustitutivo de la ILP, pero los promotores de la regularización temen que sí lo sea. Es un miedo justificado. Aitor Esteban, portavoz del PNV en la Cámara Baja, afirmó el 18 de diciembre de 2024, tras la renovación del Reglamento, que su partido ya no ve sentido a la regularización extraordinaria. "A no ser que quieran suprimir las fronteras", remató con sorna.
25.000 personas regularizadas por la DANA
En los diez meses que han transcurrido desde que la ILP entró en el Congreso y el casi medio año desde que Sumar y PSOE deshicieran el primer bloqueo que sufrió ―en aquel caso, en la Mesa de la Cámara Baja― ha tenido lugar una regularización paralela por causa de fuerza mayor. Ha ocurrido esta semana. El Gobierno ha aprobado normalizar la situación de 25.000 extranjeros residentes en las zonas afectadas por la DANA, aunque solo por el tiempo de un año.
La catástrofe ambiental y humana que sufrió el País Valencià y, en menor medida, algunos territorios de Castilla-La Mancha y Andalucía marcó un antes y un después en muchos campos y el de la regularización de migrantes ha sido uno de ellos. Los promotores de la ILP exigieron, en el tramo final de 2024, que se agilizara la tramitación de la iniciativa para dar cobertura a las personas en situación irregular afectadas, que lo tenían mucho más difícil para acceder a las ayudas y mecanismos habilitados por la Administración para facilitar la vuelta a la normalidad.
Aquella presión no surtió efecto en términos absolutos, pero el Ejecutivo sí que decidió llevar a cabo una regularización restringida a 25.000 migrantes afectados por la riada. Voces conocedoras de la negociación en el Congreso y próximas a las asociaciones promotoras aseguran que "se trata de un éxito indirecto de la insistencia para que se apruebe la ILP". Por otra parte, en una lectura algo más optimista que la del resto, Aina Vidal, portavoz parlamentaria de Comuns y adjunta de Sumar, considera, tal y como explicó en rueda de prensa el pasado martes, que esa regularización circunstancial por la DANA señala el camino por el que acometer una de perfil general.
Durante este mes, varios de los promotores de la ILP visitarán el Congreso de los Diputados para comparecer en comisión parlamentaria y tratar de ejercer presión sobre los grupos. Para ellos, tal y como explica Victoria Columba, de RegularizciónYA, a este medio, es fundamental que la iniciativa no se lleve a Pleno sin acuerdo, toda vez que eso significaría su fracaso definitivo.
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