La okupación y el gasto militar pueden alinear de nuevo al PSOE con las derechas en el Congreso
Este martes, el Congreso de los Diputados debatirá una proposición de ley de Junts per Catalunya para desalojar a okupas en 48 horas. Ni PSOE ni PP, por el momento, han confirmado el sentido de su voto.
El debate político sobre el gasto en defensa abierto la semana pasada en Moncloa se situará en el Congreso con una iniciativa del PP y otre del BNG. Los grupos tendrán que posicionarse.
Madrid--Actualizado a
El Partido Socialista se enfrenta esta semana a un Pleno complejo por la carga ideológica de las distintas iniciativas —algunas legislativsas y otras no— que se van a debatir y votar en el Congreso de los Diputados. El primer punto del orden del día, el que se debatirá este martes a partir de las 15 horas, es, quizá, el más comprometido. Junts per Catalunya defenderá la admisión a trámite de una ley para desalojar viviendas okupadas en 48 horas. Ni PSOE ni Partido Popular han desvelado el sentido de su voto, pero los posconvergentes mantienen que el PSOE se comprometió con ellos a apoyarlos en la votación.
Tampoco está claro si PP o incluso Vox darán soporte a la medida, aunque está en la línea de los postulados que defienden ambos. Lo que propone Junts en su iniciativa es una reforma de la Ley de Enjuiciamiento Criminal para establecer una medida cautelar de desalojo en 48 horas y para agilizar los juicios por usurpación de bien inmueble, vehiculándolos a través de la figura del juicio inmediato por delito leve.
También quieren los de Carles Puigdemont —y quizá ese sea el punto más polémico— eliminar el "trámite incidental de vulnerabilidad económica" y condicionar la moratoria de desahucios y lanzamientos a personas vulnerables y sin alternativa habitacional, que continúa vigente y lo estará hasta final de año gracias a un acuerdo que consiguió Podemos a través de una negociación con el PSOE. Los posconvergentes argumentan que esa alegación de vulnerabilidad puede utilizarse como una herramienta para alargar los procesos de desalojo.
Es de esperar una posición muy dura de las izquierdas. Así lo han confirmado a este medio fuentes de Esquerra Republicana (ERC), adversarios políticos de Junts, o de Podemos, que define la propuesta de Junts como la vía más rápida para "poner todo el aparato judicial a trabajar para los rentistas y dejar indefensos a muchos ciudadanos". "Abre la puerta", argumentan, "a que sean desahuciados antes del juicio aquellos inquilinos a los que su casero se haya negado a hacerles un contrato y les acuse falsamente por la vía penal, y restringe el escudo social que pactamos en diciembre para personas vulnerables que quieran ser desahuciadas por grandes tenedores o personas jurídicas como los fondos buitres, endureciendo las condiciones para que se les suspenda el desahucio".
El PSOE, que ha mantenido una postura ambigua sobre la cuestión, tendrá que decidir si se alinea este martes a la derecha o la izquierda. Lo lógico sería que el PP, que también llevó al Congreso una ley antiokupas desde el Senado —por el momento varada en la Cámara Baja— apoye la propuesta de Junts.
Los socialistas tendrán que calibrar bien. La relación con sus aliados de izquierdas, siempre en el alambre, pasa por un momento delicado, habida cuenta de las posturas encontradas acerca del gasto militar. Es una tesitura a la que se ha acostumbrado el PSOE. En su entrevista con Jordi Évole, la vicepresidenta primera y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, hizo referencia este domingo a la dificultad de contentar a todos los partidos del bloque de investidura y elogió el trabajo de su Gobierno a la hora de sacar adelante la legislatura incluso en una coyuntura tan endiablada.
No obstante, todo indica que la cuestión militar no es una más. Ione Belarra, secretaria general de Podemos, y Néstor Rego, portavoz del BNG en el Congreso, ya lo dejaron patente en las ruedas de prensa posteriores a sus encuentros con Sánchez en Moncloa. Y no solo ellos, también diversos partidos de los que integran Sumar, como Izquierda Unida, Compromís o Chunta Aragonesista, hablan de "un punto y aparte" en la legislatura.
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De hecho, se especula incluso con que el Grupo Parlamentario de Sumar pueda llegar a dar libertad de voto a sus partidos en las votaciones referentes al gasto militar, toda vez que formaciones como Movimiento Sumar o Comuns se han mostrado algo más abiertas a acoger ese concepto "amplio" de defensa por el que aboga el PSOE. Fuentes del entorno de Yolanda Díaz deslizaron la semana pasada que, aunque están en contra de aumentar el gasto en armas, sí creen que el PSOE puede llegar a diseñar un movimiento estratégico más general, que incluya seguridad o inteligencia, que les convenza.
En cualquier caso, las dos iniciativas que se van a debatir y votar esta semana son una PNL del Partido Popular y una moción consecuencia de interpelación del BNG, tal y como informó Público. Ninguna de las dos es vinculante legislativamente hablando, pero las dos obligarán a posicionarse a todos los grupos en el hemiciclo. La iniciativa del PP, en apoyo al aumento del gasto, se debatirá este martes y logrará lo que anunció Feijóo que importa a los populares, que exista un debate sobre el tema en el Congreso antes de que Sánchez acuda, el jueves, al Consejo Europeo. La del BNG, seguramente, se debatirá el miércoles.
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Los nacionalistas gallegos forzarán a todos los grupos a posicionarse a favor o en contra de rechazar el plan de rearme de Von der Leyen y de sacar a España de la OTAN. Tanto esta, como la propuesta del PP se votarán el jueves.
Al volante, sin alcohol
Durante el Pleno de este martes también se debatirá y votará la toma en consdieración de la ley con la que el PSOE quiere reducir a 0,2 gramos de alcohol por litro en sangre el límite legal para conducir. Actualmente, esa horquilla permitida se sitúa en 0,5. Los socialistas buscan, con esta iniciativa, equiparar a España con países como Suecia o Noruega, que ya tienen su límite situado en el 0,2. Según los datos que maneja la DGT, un conductor que tenga en sangre los 0,5 gramos de alcohol que se permiten en la actualidad multiplica por dos el riesgo de sufrir un accidente, mientras que con el 0,8 ese riesgo se quintuplica.
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La propuesta de ley no tendrá problemas para superar la admisión a trámite si se repiten los números del 10 de octubre de 2024, cuando el Congreso ya se pronunció a favor de una iniciativa en los mismos términos. En aquel caso se trataba de una PNL y, por lo tanto, no era vinculante a nivel legislativo. Sin embargo, nada hace pensar que las posiciones puedan moverse.
Solo Vox se opuso a que saliera adelante la propuesta, por lo que es de esperar que repita su actuación este martes. El PP y UPN se abstuvieron, mientras que el bloque de investidura votó a favor. Así las cosas, lo que ha hecho el Gobierno al traer la proposición de ley al Congreso es acatar el mandato de la propia Cámara, que, al aprobar la PNL el pasado octubre, instó al Ejecutivo a reducir la tasa de alcohol en sangre al volante y, por lo tanto, elevar la presión del alcoholímetro en las carreteras.
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