"Tenemos dificultades para aceptar la imparcialidad de nuestro Tribunal Constitucional". Esta frase de Alberto Núñez Feijóo, líder del Partido Popular, a principios del mes de julio, pone en entredicho la concepción misma del Estado de derecho y reduce a una cuestión numérica la labor jurídica y de defensa de la Constitución que acomete la corte de garantías. 

Nada dice Feijóo de los cuatro magistrados de ideología afín a la suya que sistemáticamente votan en consonancia con los recursos del PP y Vox. En breve contará con un magistrado más, José María Macías, incorporado al acuerdo entre el PSOE y el PP para poder renovar el Consejo General del Poder Judicial. 

Los siete magistrados de sensibilidad progresista han avalado, desde hace un año y medio, las grandes leyes de la pasada legislatura, por ejemplo, la ley de eutanasia; el aborto; la ley rider, que pone coto al empleo de los falsos autónomos y garantiza los derechos laborales de las personas que trabajan en el reparto a través de plataformas digitales; la ley Celaá, la vigente ley de educación que acaba con el prohibición de que colegios que segregan por sexos reciban ayudas y conciertos públicos. 

La presidencia de Cándido Conde-Pumpido ha agilizado la deliberación de los asuntos, como él mismo se propuso. Una de las últimas leyes progresistas en ser avalada por el TC ha sido la ley de vivienda, aunque con matices.

La primera ley estatal de vivienda ha sido recurrida al TC por varias comunidades gobernabas por el PP y Vox, porque la norma establece la obligatoriedad de regular el precio del alquiler en zonas tensionadas, como una manera de facilitar el acceso a la vivienda y desarrollar el derecho constitucional a la vivienda.

A finales de mayo pasado, el pleno del tribunal de garantías estudió el primero de los ocho recursos sobre la ley de vivienda que le han llegado; y rechazó la mayor parte de las impugnaciones de la Junta de Andalucía. que consideraba que una ley estatal no puede invadir competencias de las comunidades en materia de vivienda. Los cuatro magistrados conservadores votaron en contra de la sentencia que tumbó dicho recurso en su parte esencial. 

Nulos varios artículos

Sin embargo, el Tribunal Constitucional ha declarado nulo el artículo 16, que hace referencia a la vivienda protegida, por tener "un nivel de detalle excesivo" al establecer un "derecho de aplicación supletoria" en una materia que es competencia exclusiva de las comunidades autónomas. El artículo anulado solo permitía la venta de vivienda protegida a otros particulares demandantes de vivienda pública y prohibía hacerlo a 'fondos buitres'.

También ha anulado el TC el artículo que obligaba a los grandes tenedores de vivienda a informar de los inmuebles de su propiedad, de su ubicación, por ejemplo. 

Sentencias por unanimidad

No siempre las sentencias del Constitucional salen adelante con el resultado de siete votos a cuatro. Las hay que han roto los bloques ideológicos y que han quedado aprobadas por unanimidad. Por ejemplo, sobre la cesión de la gestión del Ingreso Mínimo Vital a Euskadi y Navarra, que fue recurrida por Vox.  

No todas las leyes de la pasada legislatura, fruto del gobierno de coalición entre el PSOE y Unidas Podemos, que fueron recurridas por la derecha y la ultraderecha han sido estudiadas por el Constitucional. Están pendientes aún la ley trans, recurrida por Vox, y la ley del solo sí es sí, recurrida también por los de Abascal y por un delincuente sexual que plantea la inconstitucionalidad de los recursos para rebajar las penas en aras a esta norma. 

En cuanto a la ley de memoria democrática, recurrida tanto por el PP como por Vox, podría quedar avalada por el TC a finales de este mismo años, apuntan fuentes jurídicas. 

Leyes de concordia

El Gobierno también ha recurrido ante el Constitucional la ofensiva de las comunidades del PP y Vox para derogar las leyes de memoria autonómicas y sustituirlas por leyes de concordia, que no reconocen el carácter dictatorial del régimen franquista, por ejemplo. 

En este sentido, el Tribunal Constitucional ha suspendido de forma cautelar la derogación de la ley de memoria de Aragón al admitir a trámite el recurso promovido por el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, contra lo ocurrido en Aragón, gobernado por el PP y Vox. 

En su demanda, Pedro Sánchez alega que la ley de derogación podría vulnerar los artículos 10.1 y 15 de la Constitución, por su afectación a los preceptos relativos al Estatuto de las Víctimas. Además, también sostiene que la norma podría ser contraria a competencias
estatales.