El que fue el primer parque temático del mundo dedicado exclusivamente al deporte, el Open Camp Barcelona, vuelve a la actualidad siete años después de cerrar sus puertas por la falta de público e ingresos. El complejo, situado en la Anella Olímpica de Barcelona, en Montjuïc, abrió el 18 de junio de 2016 y cerró un año más tarde, el 31 de julio del 2017.

Ahora, el fundador y director general de la empresa promotora del proyecto, Paco Medina, ha presentado una querella contra los extenientes de alcaldía del Ayuntamiento de Barcelona Gerardo Pisarello (también exconcejal de Economía y expresidente de Barcelona de Serveis Municipals) y Jaume Asens (también exconcejal de Democracia y Participación) y el exconcejal Eloi Badía en lo que parece un nuevo intento de lawfare, o instrumentalización de la justicia por interés propio.

Cabe recordar que la justicia ha archivado hasta 16 denuncias contra Barcelona En Comú presentadas por fondos buitre, multinacionales y entidades pantalla. La última fue la que presentó el fondo buitre del Blog Llavors, Vauras Investments SL, contra la exalcaldesa Ada Colau.

La querella se presentó hace unas semana ante la Sala Penal del Tribunal Supremo (TS) porque tanto Pisarello como Badia son diputados de Sumar-En Común Podem en el Congreso y, por lo tanto, están aforados ante este tribunal. En el caso de Pisarello, también es secretario primero de la Mesa de la Cámara Baja. Asens, pieza clave en la negociación de la Ley de Amnistía, dejó la política antes de las elecciones generales del 23 de julio.

Ahora, el Tribunal Supremo está estudiando si admitir a trámite o no la querella. La Fiscalía ya se ha posicionado en contra, porque no ha visto indicios suficientes para que el Supremo inicie una investigación contra los aforados. "La denuncia no tiene fundamento alguno", argumenta Pisarello, que recuerda que el TS no la ha admitido ni a trámite.

En la querella, Medina les acusa de hasta ocho delitos del Código Penal: amenazas, coacciones, extorsión, falsedad documental, fraude, prevaricación, cohecho y financiación ilegal. El empresario, natural de Reus (Tarragona) y actualmente director del consultora Gaudi Innovation -empresa promotora del proyecto-, considera que los querellados trazaron un "premeditado y plan delictivo" después de llegar al Ayuntamiento de Barcelona el 2015 para "paralizar la actividad del parque temático Open Camp".  

Gestado en la época de Trias y estrenado con Colau

El proyecto del Barcelona Open Camp se planteó y formalizó el 2013, cuando Xavier Trias, entonces de Convergència i Unió, era el alcalde de la ciudad. La empresa pública Barcelona de Serveis Municipals (B:SM) y la promotora del parque temático firmaron un contrato de cinco años para la gestión y explotación de las instalaciones de la Anella Olímpica, que estaban en desuso. Sin embargo, el complejo se estrenó cuando los comuns llegaron al consistorio, con Ada Colau de alcaldesa.

El espacio ofrecía diversas experiencias relacionadas con distintos deportes, como un simulador de fútbol, una pista de baloncesto con tecnología integrada, vivir las sensaciones de un piloto de MotoGP o correr los 100 metros en una pista de atletismo olímpica. Unas instalaciones que se desmontaban cada vez que había conciertos u otros actos masivos.

Como curiosidad, la empresa promotora valoró la opción de instalar el Open Camp donde tenía levantarse el fallido BCN World, en el Camp de Tarragona. El mismo lugar donde tiene que hacerse el cada vez más improbable macrocomplejo turístico del Hard Rock, parado desde hace más de una década por los tribunales porque no cumple las condiciones medioambientales y de seguridad.

Para poner el Barcelona Open Camp en marcha, según los responsables de la empresa, se invirtieron un total de 14,2 millones, de los cuales 7,8 se destinaron a la reforma de las instalaciones olímpicas de propiedad municipal, como el Estadio Olímpico Lluís Companys y el Museo Olímpico. Aunque Open Camp contó con capital de carácter público, un 80% de sus inversiones venían del sector privado, en concreto de una cuarentena de inversores, entre ellos la banca, la firma de capital riesgo Inveready, Víctor Malet –exconsejero del RCD Espanyol–, Xavier Bordas –exdirectivo del FC Barcelona– y Marco Corradino.

El Open Camp abrió sus puertas el 18 de junio del 2016 y al cabo de un año las cerró, en principio, de forma temporal, a la espera cerrar un acuerdo con el consistorio que le ayudara a promocionarse y que fuera flexible a la hora de cobrar el alquiler -950.000 euros al año- por el uso de las instalaciones municipales. Un canon anual que la entidad promotora sólo pagó en los dos primeros años y medio por la falta de ingresos. Inicialmente, las entradas en el complejo tenían un coste de 28 euros, que después se redujo.

Cuando el complejo deportivo cerró sus puertas, la empresa gestora reconoció que se equivocó en las previsiones de público e ingresos, que calculaba que serían más elevadas de lo que acabaron siendo un año después de haber puesto en marcha la actividad. Los responsables esperaban recibir a 1,4 millones de visitantes en el primer año, pero apenas se llegó al millón. Por eso los responsables del proyecto pidieron la colaboración del Ayuntamiento de Barcelona para sacar adelante la iniciativa. "Era un proyecto que tenía problemas de viabilidad ya desde su gestación con el gobierno de Trias", explica Pisarello.

Por aquel entonces, el consistorio descartó totalmente un rescate económico en forma de compra de entradas, rebaja del alquiler o incorporación municipal al accionariado, ya que podía incurrir en ilegalidades al tratarse de un proyecto de iniciativa privada y con ánimo de lucro. Finalmente el parque temático quebró.

Instrumentalizar la justicia por interés propio

En la querella, Medina considera que los querellados "tramaron y ejecutaron un deliberado plan delictivo para detener la actividad, hasta lograr su manifiesto objetivo perverso" mediante una "pluralidad de delitos de notoria gravedad y alcance masivo que han damnificado y perjudicado a un amplio, reconocido e identificado listado de instituciones públicas, empresas privadas y trabajadores particulares".

El empresario habla de "actos intimidatorios, fraudulentos e ilícitos dirigidos a alterar y subvertir el funcionamiento y la viabilidad comercial" de parque temático concertado entre BS:M y Open Camp con la "intención de acabar" con el proyecto, "eludiendo la consecuente indemnización económica derivada de los graves daños y perjuicios que sabían que iban a causar".

Todo parece una querella a medio camino entre lawfare, instrumentalizar la justicia por interés propio, y un intento de conseguir una indemnización que reduzca las pérdidas que tuvieron los impulsores del fallido Barcelona Open Camp. En declaraciones a Público, Pisarello recuerda que en la última querella archivada contra Colau, la propia jueza admitió que quienes la promovieron "lo hicieron para mantener el tema abierto en los medios" en una clara operación mediática.