Las decisiones del Tribunal Constitucional han desatado en Andalucía una guerra política entre PSOE y PP por el control del relato de lo que fue el caso de los ERE, que puso fin a la hegemonía socialista en su tradicional granero de votos.

Los socialistas pugnan por introducir en el imaginario colectivo andaluz que el asunto no fue tan fiero como se pintó durante años. Sostienen que nunca hubo robo de 680 millones de euros ni trama organizada para delinquir, y han comenzado a rehabilitar a algunos de los principales afectados, empezando por Magdalena Álvarez, aunque la anulación de su pena es parcial, no completa, por lo que previsiblemente seguirá condenada.

En paralelo, el PP mantiene sus tesis y trata de que nadie se olvide de una idea central: se "robaron 680 millones de euros".

El Constitucional ha declarado algo que parece de perogrullo: las leyes no pueden ser ilegales, salvo que así lo decida este mismo tribunal y ningún otro. Con esta aparente obviedad, el Constitucional, empero, ha derrumbado una de las tesis centrales de la Audiencia de Sevilla y del Tribunal Supremo y que sirvió para condenar a Manuel Chaves y José Antonio Griñán, dos expresidentes del PSOE de la Junta de Andalucía, y a varios exconsejeros y altos cargos.

Mientras que el Supremo consideró que, en este caso, la elaboración de las leyes de Presupuestos que dotaron el fondo para ERE y crisis empresariales de la Junta de Andalucía durante los años de Gobierno del PSOE suponían un delito, el Constitucional ha estimado que no es así.

Esto ha supuesto ya una exculpación parcial de Álvarez, implicará la excarcelación del exdirector de una agencia pública que pagaba los ERE y todo conduce a pensar que sucederá lo mismo con Griñán, e incluso con Chaves, bajo cuyo mandato se originó —y prosperó— el fraude.

El caso de los ERE, según se extrae de los hechos probados fijados en las sentencias de la Audiencia de Sevilla y en la del Supremo, algo que no discute el Constitucional, se puede resumir de esta manera: fueron, en efecto, 680 millones repartidos de manera opaca y arbitraria en la Consejería andaluza de Empleo durante una década, con consejeros diferentes al frente.

No existió un procedimiento público y transparente para su reparto, lo que impidió una concurrencia justa entre empresas. Dicho de otra manera, las ayudas se otorgaron de forma discrecional. Así dice el Supremo: "[Las ayudas se dieron] sin sujeción a procedimiento alguno, sin control de la Intervención, sin exigir la más mínima acreditación de una situación que legitimase la percepción y sin necesidad de justificar el empleo o uso del dinero que se recibía".

Desmadre en la Consejería

Esa opacidad y falta de transparencia generó un auténtico desmadre en la Consejería. Nada lo simboliza mejor que la condena de Juan Francisco Trujillo, exchófer de Javier Guerrero —el epicentro del desmadre, fallecido en 2020—, por haber comprado cocaína y pagado diversas juergas con dinero destinado a los parados.

El grueso del montante de la partida fue a parar a 6.000 trabajadores de empresas que, efectivamente, cerraron o pasaron por problemas, pero también se destinó a falsos prejubilados y a otros asuntos que nada tenían que ver con problemas empresariales. Valgan como ejemplo el pago de cursos de alta dirección en Instituciones Sociales a 100 personas, la cesión de un inmueble al 112 y el cobro de 460.000 euros por el exfutbolista Pizo Gómez.

La Junta de Andalucía cifra en 135 millones el dinero a recuperar a través del centenar de casos que aún siguen abiertos en los juzgados sevillanos, prácticamente uno por cada ayuda.

Una frase que pronunció el expresidente José Antonio Griñán, después de declarar en el año 2015 en el Supremo, viene al caso para definir lo que fue en efecto este asunto: "Yo no creo que hubiera un gran plan, hubo un gran fraude, y eso significa que algunos controles pudieron fallar". 

PSOE andaluz: "Nos querellaremos contra todos"

El PSOE andaluz se ha lanzado ahora, tras el balón de oxígeno que le ha dado el Constitucional, a defender una tesis similar —la de que la corrupción estuvo circunscrita a la Consejería de Empleo— y a respaldar a los cargos hasta ahora desahuciados. El lunes, a través de las redes sociales, difundieron un vídeo de Magdalena Álvarez en el que esta reivindicaba su papel y arremetía contra el PP. 

En el texto de presentación de ese vídeo, los socialistas afirmaban: "Por mucho que el PP se empeñe: mienten y a sabiendas. Moreno Bonilla llegó al poder gracias a una cacería política contra el PSOE y ahora gobierna a golpe de bulo. Exigimos que rectifique y pida perdón en nombre de su Gobierno, Señor Moreno".

"El relato del complot y la trama para defraudar dinero público por parte del PSOE y la cúpula del Gobierno andaluz ha sido desmontado por las sentencias", aseguraron este martes a Público fuentes de la dirección del PSOE en Andalucía.

"Ahora nos avala una sentencia para perseguir a todos los que quieran seguir manchando de forma genérica al PSOE. Nos querellaremos contra todos", añadieron estas fuentes. El primero será Elías Bendodo, según anunció el PSOE este martes.

La guerra por el relato comenzó hace más de diez años, cuando saltó el escándalo y pasó por una comisión de investigación parlamentaria que se cerró sin resultados, para terminar en manos de la Justicia. "El PP puso en marcha hace 15 años una cacería política que pretende mantener cuando se viene abajo", afirmó este martes el diputado del PSOE, Josele Aguilar.

Las tesis que defendió en aquel momento el PP —básicamente que existió una connivencia entre altos cargos con el objetivo de "comprar" la paz social para perpetuarse en el poder— fueron confirmadas después por la Audiencia de Sevilla y por el Tribunal Supremo, que consideraron que sí hubo un "gran plan" y, por ello, condenaron a los expresidentes.

Ahora, el Constitucional ha desmontado buena parte de esta idea y permite a los socialistas tomar aliento. La rehabilitación de Álvarez es solo el inicio. "A todos los que se apartaron del partido, en la medida que quieran solicitar su reingreso, estaremos no solo dispuestos, sino encantados de volver a recibirlos", dijo Espadas esta semana.

El PP, contra el TC

El PP ha defendido siempre la idea de que los 680 millones se "robaron", como sinónimo de malversaron. Y la mantiene aún. Así, por ejemplo, lo ha defendido esta semana el actual consejero de la Presidencia, Antonio Sanz, azote de los socialistas con este tema durante años.

El malagueño Elías Bendodo, en la Ejecutiva de Alberto Núñez Feijóo, también ha criticado por elevación al Constitucional, al que ha descrito prácticamente como un tribunal en manos de Pedro Sánchez: "No puede usar a su antojo el Tribunal Constitucional y no puede pisotear y violentar al Tribunal Supremo, que acaba de pararle los pies con la amnistía por malversación a Puigdemont", dijo, según recoge Europa Press.

Por su parte, Ramón Fernández Pacheco, el portavoz del presidente Juan Manuel Moreno Bonilla, se expresó en estos términos: "¿Alguien tenía dudas sobre lo que iba a decir el TC?".

Al calor de estas declaraciones, Espadas ha anunciado que el PSOE planteará una queja al CGPJ "para que tome cartas en el asunto y llame al orden a Moreno y a sus consejeros".

Para los socialistas, estas críticas a las sentencias del Constitucional son las más irritantes, después de haber pasado por un calvario durante años. Ni el expresidente Griñán ni el expresidente Chaves se han visto a sí mismos jamás como delincuentes ni como ladrones. Tampoco los han visto de este modo sus compañeros de partido, que han defendido su honestidad personal, aún con las sentencias encima.

Los ERE fraudulentos son el factor fundamental —no es el único— que explica la pérdida de la hegemonía socialista en una Comunidad que gobernaron durante 37 años consecutivos. Desde la condena a los dos expresidentes, Manuel Chaves y José Antonio Griñán, el PP ha ganado todas las elecciones que se han celebrado en Andalucía. Para el PSOE y para el PP, por tanto, lo que permanezca como verdadero es muy relevante. De ahí, esta guerra por el relato.