BILBAO.- Conrado Gómez era un prestigioso abogado de Mendoza, una ciudad del oeste argentino. En enero de 1977, un comando de la dictadura de Jorge Rafael Videla entró a su despacho y se lo llevó para siempre. Antes de robarle la vida, los represores se encargaron de quitarle todos y cada uno de sus bienes, entre los que figuraban 15 caballos de carrera. El dinero, al igual que en otros tantos casos, habría sido blanqueado a través de empresas y cuentas bancarias en el exterior. Un negocio tan repugnante como suculento en el que España, según ha podido comprobar Público, también tuvo un rol protagónico.

El país que había dejado Franco no era estrictamente un paraíso fiscal, pero tampoco hacía falta: tal como reveló este periódico en octubre de 2014, tanto el gobierno de Adolfo Suárez como el de Felipe González mantuvieron todo tipo de contactos con la dictadura argentina, amparados por el Rey Juan Carlos y por una amplia gama de banqueros y empresarios locales. De esta manera, España se convirtió en uno de los lugares preferidos de Videla para montar operativos de seguridad, controlar a los refugiados… y hacer negocios.

Público ha tenido acceso a una gran cantidad de documentos provenientes de la causa que el juez Baltasar Garzón tramitó a finales de los noventa contra el régimen argentino, al que acusaba de haber cometido crímenes contra la humanidad. Entre esos papeles –que hoy continúan guardados en la Audiencia Nacional- figuran distintos testimonios que revelan la trama de lavado de dinero que montó la dictadura, siempre con un mismo objetivo: sacar del país de lo que habían robado a sus víctimas, de manera que los fondos estuviesen bajo llave en un lugar lejano y seguro. Si el régimen caía, el negocio debía sobrevivir.

En uno de los documentos obtenidos por este periódico figura la declaración de Norberto Bermúdez, un periodista de origen argentino que había investigado las operaciones financieras de la dictadura. El 18 de julio de 1997, Bermúdez presentó un escrito al juez Garzón con distintos datos sobre esta trama. “En orden al contenido de mi exposición, reitero mi solicitud de que la presente sea declarada SECRETA”, reza en el primer párrafo.

De acuerdo a su investigación, uno de los personajes clave de esta red de blanqueo fue el agente de inteligencia argentino Raúl Antonio Guglielminetti, quien actualmente se encuentra preso en Buenos Aires por su participación en innumerables secuestros y asesinatos. A finales de los años setenta y principios de los ochenta, este represor viajó en varias ocasiones a España. Incluso tuvo una cuenta bancaria en el Banco de Londres de España y “sacó una tarjeta Diners y la extensión para su señora”. Este extremo había sido reconocido por el propio Guglielminetti en abril de 1987, cuando tuvo que declarar ante la jueza argentina María Servini de Cubría –ahora a cargo del juicio que se sigue en Buenos Aires contra los crímenes del franquismo-.

A finales de los años setenta y principios de los ochenta, este represor viajó en varias ocasiones a España

Según consta en la declaración de Bermúdez, la magistrada argentina “también interrogó a Guglielminetti acerca de su ingreso a territorio español portando en su poder la cantidad de un millón de dólares americanos”. El ex agente del Batallón 601 de Inteligencia “manifestó que el maletín fue exhibido a las autoridades aduaneras españolas, quienes vieron el dinero pero no lo contaron”. Aseguró además que ese millón de dólares “fue un favor que le hizo a una persona de su amistad, de quien no quiere dar nombre, aunque manifestó que era brasileño y tenía empresas en su país y en España”.

Guglielminetti también había informado a la jueza sobre sus viajes a Andorra “por una necesidad de mover dinero de España”. En concreto, el represor “depósito 200 o 300 mil dólares para que la filial de La Caixa de ese principado lo girara a la central de Madrid”. “En otro tramo de su declaración, Guglielminetti afirma haberse trasladado ‘a Puerto Alcudia, cerca de Palma de Mallorca’ y que ‘a España viajó en dos oportunidades o tres’. En este sentido, resultan sintomáticos los viajes de Guglielminetti a Andorra y Mallorca, dos de las presuntas rutas utilizadas por los militares argentinos para hacer circular importantes sumas de dinero expoliadas a las víctimas de la represión ilegal durante la dictadura”, señaló el periodista Norberto Bermúdez en el documento presentado a Garzón.

Entre Baleares y Canarias

La vía de Mallorca en la ruta del lavado de dinero aparece en otros documentos de la Audiencia Nacional. Según relató el mencionado testigo en otra de sus declaraciones, “en agosto de 1983 la Federación de Vigilantes Jurados denunció la existencia de un presunto tráfico de divisas que se venía produciendo en la aduana de Palma de Mallorca”. Según esa denuncia, una conocida empresa de seguridad española “ingresaba al mediodía en la aduana de Palma las sacas con moneda extranjera procedentes de la península y las llevaba a su sede”. “Una hora después del cierre de la aduana”, esa misma compañía “embarcaba dichas sacas en un vuelo que partía del aeropuerto de Palma de Mallorca rumbo a Suiza”. “Dicha denuncia –señala Bermúdez- nunca se investigó”.

El testigo aportó datos sobre cómo funcionaba esta red: “uno de los mecanismos presuntamente utilizados consistía en que una persona, portadora de una cantidad determinada de dinero en metálico, abordaba en Buenos Aires el vuelo 995 de Iberia con destino a Madrid, y escala en Las Palmas de Gran Canaria. En esta última ciudad, el pasajero entregaba el dinero a representantes de una empresa de transportes de caudales y seguridad y más tarde proseguía su ruta con destino a Madrid”.

A continuación, el dinero era transportado por una empresa de seguridad española “vía aérea hacia Barcelona o bien hacia Palma de Mallorca”. “Si los fondos eran remitidos al archipiélago balear, se seguía el procedimiento descripto precedentemente por el que, presuntamente, se sacaba el dinero rumbo a Suiza de forma ilegal. Si en cambio las sacas llegaban desde Canarias a Barcelona, desde esta ciudad eran transportadas por tierra hasta Andorra, desde donde, por transferencia electrónica, el dinero era ingresado en Suiza, siempre en cuentas bancarias predeterminadas”, aclaró.

Las empresas del blanqueo

La elección del territorio español para realizar estas operaciones no fue casual. A lo largo del periodo en el que detentó el poder, el régimen argentino montó una red de empresas a este lado del océano. “Una serie de sociedades mercantiles españolas habrían participado presuntamente en el traslado, manipulación, ocultación y posterior blanqueo de parte de fondos que previamente habían sido incautados por los militares argentinos a algunas de sus víctimas, a quienes mantenían ilegalmente detenidas”, señaló Bermúdez en otra de sus declaraciones.

Los nombres de algunas de esas compañías figuran en los archivos de la Audiencia Nacional. Por ejemplo, el periodista citó el caso de AFHA S.A., “con domicilio original en Gran Vía 22, 3º derecha, Madrid”, aunque posteriormente se trasladó “a la Avenida del Cardenal Herrera Oria” de esa ciudad. “Esta empresa se constituyó con varias subsidiarias, según su actividad comercial específica: AFHA Agraria, AFHA Inmobiliaria, AFHA Construcciones y AFHA Publicidad (…) Su presidente, al ser constituida, fue D. Amadeo Francisco Juncadella, secundado por su hermano, el comodoro de la Fuerza Aérea Argentina en la reserva Enrique Juncadella y el vicealmirante de la Armada argentina en la reserva Oscar Antonio Montes”, un conocido torturador ya fallecido que en octubre de 2011 fue condenado a prisión perpetua. “En nuestro país, los responsables de AFHA fueron Alberto L. Yaryora y el capitán de fragata de la Armada Argentina en la reserva, Enrique Aldao”, precisó el testigo en su declaración.

Su presidente fue D. Amadeo Francisco Juncadella (...) un conocido torturador ya fallecido que en octubre de 2011 fue condenado a prisión perpetua

La empresa AFHA estuvo a cargo de una operación de gran importancia: “el reciclaje de cinco mil seiscientos cincuenta millones de dólares americanos procedentes del vaciamiento económico de la sociedad estatal argentina Yacimientos Petrolíferos Fiscales (YPF), que desaparecieron de dicha empresa durante la gestión como interventor de la misma del general Carlos Guillermo Suárez Mason”. “Dichos fondos fueron convertidos en nuestro país en moneda corriente de países como Bolivia, Paraguay y Brasil, y posteriormente colocados en grupos financieros de dichos países. Tanto los depositarios como los beneficiarios de tales inversiones son, todavía, desconocidos”, apuntó Bermúdez.

El asunto no termina ahí. Según consta en otro tramo de su declaración, “existen evidencias de que esta sociedad también habría intervenido en negociaciones para la compra de armamento a la empresa española Explosivos Río Tinto, entre las que figuró una operación de compra de torpedos para la Armada argentina, iniciada por el almirante (Armando) Lambruschini y continuada por AFHA”.

Investigación de la Policía

Con estas denuncias de fondo, la Policía Nacional elaboró un amplio informe sobre “la creación de numerosas empresas para ocultar importantes sumas de dinero provenientes de la apropiación ilegal de bienes o dinero”. En un documento fechado el 14 de febrero de 1997, los agentes a cargo de la investigación aportaron datos mercantiles de AFHA y de otras ocho empresas que fueron relacionadas con militares y civiles cómplices que se habían instalado en España. También aparecen los datos del empresario argentino José Lata Liste, propietario de la conocida discoteca Mau –que llegó a tener locales en Madrid y Marbella-, y de otros argentinos –entre los que figura Héctor Sayago, un periodista que trabajó en RTVE- que colaboraban habitualmente con la dictadura.

En ese marco, la justicia española obtuvo datos sobre seis cuentas bancarias a nombre de represores argentinos en Suiza. Así lo confirmó a Público el propio Norberto Bermúdez, quien actualmente vive en Argentina. En conversación telefónica con este periódico, el periodista ratificó el contenido de las declaraciones que ofreció en 1997 al juez Garzón.

A esto se suman las declaraciones de Leandro Sánchez Reisse, otro agente de Inteligencia de Buenos Aires que participó activamente en la trama de lavado de dinero y que fue detenido en 1995 en Sanlúcar de Barrameda (Cádiz), donde residía desde hacía años. Entre 1976 y 1983, Sánchez Reisse “blanqueó para los militares argentinos unos 3700 millones de dólares, producto de secuestros extorsivos, bienes incautados ilegalmente a las víctimas de la represión, etc.”, puede leerse en uno de los documentos que hoy duermen en la Audiencia Nacional.

Dichos fondos habrían sido colocados en entidades bancarias de Estados Unidos, Italia y Suiza, “presumiblemente en oficinas ubicadas en los cantones de Ginebra, Laussane y Zurich”. En tal sentido, documentos que obran en poder de Público confirman que el Ministerio de Relaciones Exteriores de la dictadura de Videla tenía una cuenta bancaria en el país helvético.