El 25 de enero de 2020 el presidente Pedro Sánchez nombraba a Dolores Delgado fiscal general del Estado tras ocupar la cartera de Justicia desde junio de 2018. Su nombramiento fue acogido con reticencias incluso desde sectores progresistas, criticada por haber ascendido al máximo puesto de la carrera fiscal siendo ministra. Desde entonces, su mandato, que ha concluido este martes, ha estado marcado por la polémica. 

El sesgo político del cargo de fiscal general del Estado, que propone y nombra el Ejecutivo, siempre es un lastre para quien lo ostenta. En el caso de Dolores Delgado, fiscal de carrera, cuyo último destino fue la Audiencia Nacional, ha sido además el principal argumento de sus detractores. 

Marcada por las críticas feroces del PP cuando fue ministra de Justicia por haberse opuesto a atribuir un delito de rebelión a los líderes independistas catalanes en el marco del 'procés', Delgado ha cosechado la oposición de la mayoría de la carrera fiscal, acusada de hacer nombramientos afines.

Acusada de nombramientos afines

La última polémica sobre los nombramientos ha llevado a 117 fiscales, la mayoría de Menores, a apoyar en un comunicado conjunto a Francisco Manuel García Ingelmo, adjunto al fiscal de Sala de Menores desde hacía 12 años.

El pasado 29 de junio, cuando se constituyó el nuevo Consejo Fiscal, con mayoría conservadora, Delgado comunicó los ceses de García Ingelmo y de Luis Lafón Nicuesa, en el marco de la renovación de las Fiscalías de Menores y de Extranjería, en las que hace poco se nombraron a los nuevos fiscales jefes, Eduardo Esteban Rincón y Beatriz Sánchez respectivamente. 

Llegó a intervenir el Tribunal Supremo en el nombramiento del veterano Eduardo Esteban Rincón ante el recurso de la asociación conservadora de fiscales. El Alto Tribunal revocó el nombramiento del nuevo fiscal de la Sala de Menores al aducir que no estaba lo suficientemente razonado. Delgado volvió a nombrar a Esteban Rincón, esta vez con una argumentación más extensa. 

Sin control del Consejo Fiscal

En las elecciones de mayo pasado al Consejo Fiscal, órgano consultivo del Ministerio Fiscal, la Unión Progresista de Fiscales (UPF), asociación a la que pertenece Delgado, perdió dos de los cuatro vocales con los que contaba, pasando a atesorar la mayoría la Asociación de Fiscales (AF), de carácter conservador, junto con el vocal de la Asociación Profesional e Independiente de Fiscales (APIF), Salvador Viada.

Este martes, al conocerse la dimisión de Delgado por problemas de salud, como indica el comunicado de prensa de la Fiscalía General del Estado (FGE), la UPF ha indicado en su cuenta de Twitter: "Desde la U.P.F lamentamos los problemas de salud de la F.G.E. y le deseamos pronta recuperación. Valoramos muy positivamente todo el esfuerzo realizado para modernizar la Fiscalía, para impulsar la igualdad y por poner los DD.HH siempre en el centro". 

Dolores Delgado, de 60 años, fue operada de urgencia el pasado mes de abril de un quiste "sinovial" que comprimía dos vertebras. Este ha sido el motivo que ha esgrimido para renunciar al cargo de fiscal general del Estado, previendo que precisará nuevas intervenciones quirúrgicas en la columna. 

La persona que ostenta el cargo de fiscal general del Estado sólo puede ser destituida por motivos de incapacidad o por su propia renuncia, como ha ocurrido en este caso. También, por incurrir en incompatibilidades. Por lo general, cesa cuando lo hace el Gobierno que la nombró.

El caso Stampa

La polémica salida del fiscal Ignacio Stampa del 'caso Villarejo' o macrocausa Tándem a finales de 2020 porque no logró una plaza en la Fiscalía Anticorrupción ha enturbiado el último año de mandato de Delgado. Stampa denunció "maniobras de dilación" supuestamente dirigidas por la fiscal general, debido a su relación sentimental con el exjuez Baltasar Garzón, cuyo bufete representa a varios acusados en el 'caso Villarejo'. 

Ignacio Stampa presentó una reclamación patrimonial de 245.203 euros ante el Ministerio de Justicia por supuestas "irregularidades" en el proceso de selección que le dejó sin una plaza fija en Anticorrupción el 27 de octubre de 2020. En su reclamación, considera que la fiscal general debió abstenerse de participar en la deliberación del Consejo Fiscal de aquel día al tener "interés personal" en el 'caso Villarejo' por ser pareja de Baltasar Garzón y defender éste a procesados en el caso.