El Partido Popular ha enviado una demanda al Tribunal Supremo, cuestionando la capacidad de la exministra de Justicia, Dolores Delgado, como fiscal general del Estado en el Supremo, poniendo en duda su imparcialidad.

Según el partido de Pablo Casado, El Gobierno de Pedro Sánchez "no persigue otro fin" que "situar al Ministerio Fiscal a su servicio, bajo su dependencia y con plena subordinación, como hacía la Ley Orgánica del Estado de 1967".

Su elección despertó desde el principio gran recelo. Antes de su nombramiento los grupos parlamentarios del PP, Cs y Vox ya se oponían considerando que Dolores Delgado no era idónea para el cargo. 

"Es jurista, en efecto, con más de 15 años de servicios efectivos en la carrera fiscal, pero su prestigio como jurista es ignoto", afirma la demanda, que asegura que "si la Sala revisa el expediente encontrará un currículum ramplón, de mínima entidad, de mínima cualificación, más allá de exponer el cumplimiento de un oficio".

Ha tenido una gran oposición por el hecho de que la candidata saltó del Ministerio de Justicia a la Fiscalía General y por la difusión de las grabaciones de una conversación que tuvo lugar en 2009 en un restaurante con el comisario jubilado José Manuel Villarejo, en prisión por orden de la Audiencia Nacional.

En el escrito el PP destaca la "inequívoca vinculación" de Delgado con el Gobierno y con el PSOE, tanto como ministra como diputada. "Tan solo dos días después de ser cesada como Ministra de Justicia, en el mismo día en que entregaba simbólicamente a su sucesor la cartera del referido Ministerio en acto público y notorio, Doña Dolores Delgado fue propuesta para su nombramiento como Fiscal General del Estado por Acuerdo del Consejo de Ministros de 14 de enero de 2020"

El PP considera que Delgado no solo no es imparcial sino que ha demostrado una "notable escasez de mesura, prudencia y respeto por las diversas posiciones políticas de otros grupos políticos". También subraya que Delgado fue en dos ocasiones candidata del PSOE al Congreso, algo que se omitió en el curriculum enviado a informe del Consejo General del Poder Judicial. 

La demanda llegó en plenas conversaciones de Sánchez y Casado sobre el reparto de las instituciones pendientes de renovación, como del Consejo General del Poder Judicial y del Tribunal Constitucional. 

El PP señala que la fiscal general del Estado no cumple dos de los elementos reglados para la designación: la imparcialidad y el "reconocido prestigio" como jurista que se exige para el cargo.

Para el PP la figura de Delgado consigue que se degrade, se desnaturalize, y con ello se entierre el Ministerio Fiscal. "Y la muerte de una Institución como el Ministerio Fiscal, tal y como lo define la Constitución, es también la muerte de la Constitución", dice.

Defensa de Dolores Delgado

Pese a las duras intervenciones y a las críticas de PP, Ciudadanos y Vox, Delgado se ha limitado a defender que su nombramiento está avalado por su trayectoria profesional. "Tener una ideología u otra no nos inhabilita para ejercer un cargo público. No puedo compartir ni juicios de intenciones ni prejuicios. Comparezco como candidata a la Fiscalía General del Estado y comparezco para que ustedes puedan controlar la legitimidad en el ejercicio", insitió antes de su nombramiento. 

Sobre sus conversaciones con Villarejo, la exministra recordó antes de su nombramiento como fiscal general del Estado, que en octubre de 2018 compareció, a petición propia, en la Comisión de Justicia "donde llevé a cabo una explicación pormenorizada y detallada del asunto al que usted ha hecho referencia. No voy a entrar en ese tema; en realidad, no creo que ni usted ni yo debamos entrar", le ha contestó al portavoz del PP.

"Todos los poderes públicos trabajan para la ciudadanía y yo soy, ante todo, una servidora pública. La actuación de esta candidata se va a atener siempre al principio de legalidad, imparcialidad y transparencia", insistió.