El PSOE parece haber vuelto a quedarse aislado de sus socios en el Gobierno y en el Parlamento, pero esta vez la legislatura podría sufrir importantes consecuencias derivadas de esta situación. El principal motivo de discordia es el espionaje a 65 líderes independentistas catalanes y vascos por parte del Estado a través de la herramienta Pegasus.

No se trata de una discrepancia entre los socialistas y sus aliados, ni de una diferencia política. El denominado bloque de la investidura empieza a trasladar que tras destaparse este escándalo no hay marcha atrás y que, por lo tanto, solo hay dos salidas: o ruptura con el Ejecutivo (con las consecuencias que ello conlleva para un Gobierno en minoría en el Parlamento) o "depuración de responsabilidades" al máximo nivel.

En este segundo caso ya empieza a sonar un nombre propio al que los socios señalan: el de la ministra de Defensa, Margarita Robles. Desde que el caso del espionaje saliera a la opinión pública, en ERC tenían claro que la ministra, bajo cuyo control se sitúa el CNI, estaba en la diana de la polémica.

Sin embargo, este martes se fue un paso más allá a través de la publicación de una declaración conjunta en el Congreso firmada por Unidas Podemos, el Grupo Republicano, EH Bildu, Junts, El PDeCat, las CUP, Más País, el BNG y Compromís. En este documento se apunta de manera directa que "los indicios apuntan a la implicación del Centro Nacional de Inteligencia bajo el control, desde que Margarita Robles asumiera el cargo, del Ministerio de Defensa, sin descartar la autoría o participación de otros organismos públicos".

El de la titular de Defensa es el único nombre que aparece en un escrito en el que se exige al Ejecutivo que asuma y depure "todas las responsabilidades políticas que se deriven" de la investigación del caso del espionaje. Pero la diana sobre Robles no se reduce a ERC y a los grupos independentistas cuyos representantes han sido víctimas del espionaje; Unidas Podemos, socio minoritario del Ejecutivo, firma la declaración conjunta.

Desde el lunes, dirigentes de Podemos han pedido la dimisión de "los responsables últimos" de este caso y, aunque se resisten a dar nombres propios del Consejo de Ministros, el escrito del Congreso parece despejar la incógnita. En Unidas Podemos valoran de manera positiva la actitud del ministro de la Presidencia, Félix Bolaños, que viajó hace unos días a Catalunya para abordar la crisis y que ha mantenido un diálogo constante con los partidos y dirigentes que han sufrido el espionaje. 

La 'ley de la Corona' ahonda en la desconfianza

Esta actitud, consideran algunas voces del espacio confederal, contrasta con la de una Robles "a la defensiva" que, a su juicio, se ha enrocado tanto a la hora de dar explicaciones como a la de establecer cuál es la magnitud de las consecuencias derivadas de que algunos de los socios que sostienen al Gobierno hayan podido ser espiados por los servicios de Inteligencia.

La presión sobre el PSOE es clara y el 'órdago' del bloque de la investidura para que se asuman responsabilidades políticas podría tener su primera consecuencia este mismo jueves, cuando tendrá lugar la votación en el Congreso del decreto que contiene el denominado plan de respuesta al impacto de la guerra.

Si hace unos días la parte mayoritaria del Ejecutivo tenía claro que esta norma saldría adelante, este martes Félix Bolaños no pudo despejar esa incógnita y se limitó a mandar una advertencia: "Quien vote en contra estará perjudicando a la ciudadanía". La certeza de que esta batería de medidas (que contiene buena parte del escudo social y verde propuesto por Unidas Podemos) tenía su éxito garantizado en el Parlamento parece haberse convertido en incertidumbre, y las declaraciones del ministro de la Presidencia apuntan en ese sentido.

En el PSOE insisten en que hay que ir "paso a paso" y en que ahora se tiene que desarrollar una fase de "investigación y esclarecimiento de los hechos" antes de señalar a ningún miembro del Gobierno actual. Sin embargo, los socios de la investidura no parecen dispuestos a aceptar un escenario de "fases" que puede dilatar los tiempos.

Por si la polémica de Pegasus no fuera ya un obstáculo para la legislatura, el decreto de transparencia de la Corona aprobado este martes en Consejo de Ministros ha logrado aislar todavía más a los de Pedro Sánchez. En el bloque de la investidura no lo ven con buenos ojos, sobre todo después de que el Grupo Socialista vetara en varias ocasiones una comisión de investigación sobre las finanzas de la familia real en el Congreso.

En Unidas Podemos hay cierta división de opiniones. La vicepresidenta segunda, Yolanda Díaz, fue informada el fin de semana de la llegada del decreto al Consejo, aunque no participó de su desarrollo. Para el entorno de Díaz, esta norma es "insuficiente", pero representa "un paso" en la rendición de cuentas a la que deberían estar sometidos la Corona y Felipe VI.

En Podemos, en cambio, explican que no fueron avisados de la aprobación de este decreto hasta "minutos antes" del anuncio público, cuando se trata "de una operación de Estado que llevan semanas o meses preparando". La formación morada se ha desmarcado de una iniciativa que califican de "maquillaje" de una institución que consideran "desgastada".