La Asociación Memòria de Mallorca y las familias de Aurora Picornell y Antònia y Maria Pascual, militantes comunistas durante la dictadura, han denunciado al presidente de Vox del Parlament balear por un presunto delito de odio. Gabriel Le Senne rompió la semana pasada una foto con los rostros de las tres represaliadas, símbolos de la lucha antifascista en el archipiélago. La plataforma ha presentado la denuncia este jueves ante el juzgado de guardia de la capital balear. 

"Ante los lamentables hechos protagonizados por el presidente del Parlament el pasado 18 de junio, cuando de forma agresiva y violenta arrebató, rompió y tiró al suelo una fotografía de Aurora Picornell y de las hermanas Antònia y Maria Pascual, hemos decidido interponer una denuncia", precisa la organización en un comunicado. La imagen golpeada por el diputado de la extrema derecha estaba sobre el ordenador de la vicepresidenta segunda de la Mesa del Parlament, Mercedes Garrido (PSIB - PSOE). La socialista reconocía en una conversación con Público haberse sentido "violentada" y "expulsada de manera arbitraria" del pleno. 

Las asociaciones memorialistas han salido en masa a condenar los hechos y han pedido, sin éxito, la dimisión del diputado ultra. "Es mucho más que una fotografía, hablamos de nuestra dignidad como pueblo. Es tremendamente doloroso ver al presidente del Parlament romper el retrato de una mujer que fue asesinada por las tropas franquistas. Lo hizo con rabia, no tiene justificación ninguna", señalaba Antonia Oliver, presidenta de la Asociación de Memòria de Mallorca, en el mismo reportaje de Público. 

"Entendemos que su comportamiento es constitutivo de un delito de odio tipificado jurídicamente y por tanto nuestra asociación, representante de un colectivo de víctimas, con las respectivas familias afectadas directamente por los hechos, presentamos una denuncia penal contra Gabriel Le Senne", continúa el comunicado emitido por la plataforma. La asociación insiste en su "solidaridad" con todas las víctimas del golpe de Estado y de la dictadura franquista y refuerza su convicción de seguir trabajando en la línea de los Derechos Humanos.

Esta no es la única querella contra el diputado ultra. El Gobierno trasladó la semana pasada al Ministerio Fiscal la actuación del presidente del Parlament de Illes Balears. El ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres, confirmó que los servicios jurídicos de su cartera estudian los hechos por si pueden ser constitutivos de un delito de odio. El Partido Comunista de España, donde militó Picornell, también ha denunciado los hechos ante la Fiscalía.