La Fiscalía Anticorrupción ha archivado la denuncia contra los contratos de soterramiento de la A-5 adjudicados a la empresa en la que trabaja Rafael Carabante, el hermano del concejal de Movilidad y delegado de Medio Ambiente del Ayuntamiento de Madrid, Borja Carabante.

Las denuncias, presentadas en febrero, por presunta comisión de delitos de prevaricación, asociación ilícita, delito de cohecho y tráfico de influencias fueron interpuestas por la concejala en funciones del Grupo Mixto en el Ayuntamiento de Madrid, Marta Higueras, y el entonces candidato de Podemos a la Alcaldía de Madrid, Roberto Sotomayor.

Las personas denunciadas, además de los hermanos Carabante, fueron el alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida; la portavoz del Gobierno municipal, Inmaculada Sanz; y María Dolores Ortiz Sánchez, directora general de Movilidad del Consistorio madrileño.

El Ayuntamiento de Madrid ha recibido este lunes la copia del Decreto, de 5 de junio, de la Fiscalía Especial Contra la Corrupción y la Criminalidad Organizada donde archiva los dos escritos contra las adjudicaciones a la empresa Subterra Ingeniería S.L.

Una de las denuncias se refería a la redacción del proyecto de ejecución del Paseo Verde del Suroeste (soterramiento de la A-5) y, la otra incluía una denuncia contra la adjudicación de un contrato para la supervisión de proyectos de Calle 30 a la misma empresa.

La Fiscalía concluye que no hay indicios de delito

La Fiscalía ha resuelto que las denuncias presentadas "carecen de elementos objetivos indiciarios que justifiquen una investigación penal" y establece que no cabe "recurso alguno".

En lo que se refiere al delito de prevaricación administrativa, la fiscal manifiesta que no consta en el expediente de contratación "y tampoco se han aportado elementos mínimos indiciarios que permitan valorar que el contrato sea una resolución arbitraria" como recoge el Código Penal.

Respecto al delito de tráfico de influencias, el Ministerio Público señala que "no resulta acreditado, ni mínimamente indiciario, en el presente caso". En este mismo sentido se pronuncia la fiscal sobre el delito de cohecho sin que exista "solicitud o recepción de dádivas", "no pudiendo concluirse de la mera relación de parentesco entre el concejal delegado del área y un familiar, empleado de una empresa licitadora".

Para finalizar, en lo que concierne a la acusación de delito de asociación ilícita, Anticorrupción redacta que de los hechos descritos en la denuncia "no se puede concluir que la pluralidad de personas denunciadas se haya concertado para un fin delictivo".