El alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, afronta la próxima campaña electoral municipal con un saldo negativo por escándalos relacionados con la compra de mascarillas y otro material para hacer frente a la pandemia. Y ahora además se ha abierto un frente en la Fiscalía Anticorrupción por la contratación de una empresa vinculada a un hermano del concejal de Medio Ambiente. 

Este miércoles se supo que la Fiscalía Anticorrupción había abierto diligencias, el 17 de febrero, por un contrato de tres millones de euros que la concejalía de Medio Ambiente de Madrid otorgó en agosto de 2020 a la empresa Subterra SL. En dicha mercantil trabaja, según la denuncia que investiga la Fiscalía, el hermano de Borja Carabante, concejal de Medio Ambiente y Movilidad. 

El soterramiento de la Carretera de Extremadura (A-5), dentro de la operación Campamento,  fue una de las promesas estrella de Martínez-Almeida en este legislatura, pero aún no se ha desarrollado. En agosto de 2020 el Ayuntamiento de Madrid adjudicó un contrato, como primer paso para avanzar en el proyecto Ejecución del Paseo Verde del Suroeste, soterramiento de la A-5- Paseo de Extremadura, a la unión de empresas (UTE) formada por Esteyco, SA y Subterra Ingenieria SL, mercantil en la que trabaja Rafael Carabante, hermano del concejal Borja Carabante. 

La concejal del Grupo Mixto Marta Higueras denunció la adjudicación como presunta comisión de los delitos de prevaricación, tráfico de influencias, cohecho y asociación ilícita. La denuncia va dirigida contra el alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, el concejal Carabante, así como contra las empresas adjudicatarias. La Fiscalía Anticorrupción ha iniciado una investigación al respecto, que no supone aún la imputación de los denunciados. 

Comisiones millonarias por las mascarillas

El caso Mascarillas es otra de las preocupaciones del Ayuntamiento de Madrid, personado en la investigación del juez Adolfo Carretero como perjudicado en la presunta estafa al consistorio y a la ciudadanía madrileña por las comisiones de cinco millones de euros por la venta de mascarillas, test y guantes al comienzo de la pandemia. 

El juez investiga a Alberto Luceño y Luis Medina por las comisiones abultadas pero aún no ha descartado el presunto trato de favor que pudieron recibir los comisionistas. El aristócrata Luis Medina contactó a través de una antigua profesora con un primo de Almeida, consiguiendo el mail de la mano derecha del alcalde, Matilde García Duarte, coordinadora general del Ayuntamiento de Madrid. 

A partir de ahí arrancó el caso Mascarillas, cuya investigación ha desvelado que Alberto Luceño había falsificado un carné del CNI, presentándose como colaborador de los Servicios Secretos. Pero quedan flecos por investigar que apuntan directamente al Ayuntamiento de Madrid, como por ejemplo si el consistorio protegió adecuadamente el dinero público.

Según el juez, Luceño pudo usar la falsa identidad como agente colaborador del CNI para "facilitar el presunto engaño realizado al Ayuntamiento de Madrid en el negocio criminalizado que se investiga".

Más mascarillas: un tío del concejal Fanjul fue el hilo

Otra investigación que apunta al Ayuntamiento de Madrid en esta legislatura es otro caso de compra de mascarillas. El Juzgado de Instrucción 30 de Madrid investiga la adquisición al empresario Philippe H. Solomon, responsable de la consultora Sinclair & Wilde, de 500.000 mascarillas adulteradas al principio de la pandemia, por las que el equipo de Martínez-Almeida pagó 2,5 millones de euros. 

En este caso, la intermediadora es una economista que llegó al Ayuntamiento de Madrid a través de un tío de Borja Fanjul, segundo teniente de alcalde. 

La economista, Araceli Vida, negó a este diario que ella hubiera actuado como comisionista en el negocio de mascarillas de Sinclair & Wilde. Varios correos electrónicos aportados a la causa prueban que ella llegó al Ayuntamiento de Madrid a través de un tío de Borja Fanjul, concejal del PP y segundo teniente de alcalde. Araceli Vida niega el cobro de comisiones, pero hay que tener en cuenta que su despacho, Aifos Servicios Legales y Consultoría SL, contrató después una veintena de veces con el consistorio.