La Fiscalía se opone a que el Supremo investigue a García Ortiz por revelación de secretos contra el novio de Ayuso

La teniente fiscal del Tribunal Supremo, María Ángeles Sánchez-Conde, ha presentado este lunes un informe en el que se opone a que el alto tribunal investigue al fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, por el presunto delito de revelación de secretos, una acusación formulada por el novio de la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso.

En un informe de 45 páginas, al que ha accedido Europa Press, la número dos del Ministerio Público solicita que se "declare que los hechos no constituyen delito y se proceda al archivo de las actuaciones".

Sánchez-Conde se ha pronunciado tras la decisión del Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM), que en julio remitió al Supremo la causa relacionada con la querella presentada por Alberto González Amado contra el fiscal general del Estado por un presunto delito de revelación de secretos.

El novio de Díaz Ayuso acudió a los tribunales tras la difusión de una nota informativa en la que la Fiscalía de Madrid revelaba el intercambio de correos electrónicos entre su abogado y el fiscal Julián Salto, relacionados con la investigación por un supuesto fraude fiscal. García Ortiz asumió la responsabilidad de la publicación de dicho comunicado.

El TSJM concluyó que la difusión de la nota "no se ajusta a la finalidad alegada por el Ministerio Fiscal" (desmentir un bulo), ya que "además de exceder en su contenido a lo publicado en la prensa, implica la divulgación de datos e información que no pueden ser revelados a terceros".

Para Sánchez-Conde, en cambio, "era especialmente necesario que el Ministerio Fiscal diera a conocer la cronología de los hechos y de los correos electrónicos, ya que varios medios de comunicación habían alterado su orden temporal, lo que pretendía confundir a la opinión pública y modificar sustancialmente el papel de la Fiscalía en las diligencias de investigación y en su relación con la defensa del investigado, González Amador".

Ayuso puso en duda a la Fiscalía

La teniente fiscal recuerda que "la propia presidenta de la Comunidad de Madrid puso en duda la imparcialidad y objetividad de la Fiscalía, pues, además de poner en tela de juicio el recto proceder de la fiscal jefa provincial de Madrid (Pilar Rodríguez), llegó a deslizar que se trataba de un caso turbio de los poderes del Estado, así como que estos estaban siendo utilizados contra su pareja".

Algunos medios ya habían revelado el correo del 2 de febrero, "en el que expresaba su intención de alcanzar un acuerdo y reconocía la comisión de dos delitos fiscales"

De este modo, Sánchez-Conde recopila las noticias publicadas en torno a la investigación de González Amador para demostrar que, antes de la emisión de la nota de prensa del 14 de marzo, algunos medios ya habían revelado el correo del 2 de febrero enviado por su abogado a la Sección de Delitos Económicos de la Fiscalía Provincial de Madrid, "en el que expresaba su intención de alcanzar un acuerdo y reconocía la comisión de dos delitos fiscales".

En este contexto, Sánchez-Conde explica que el artículo que despertó "el interés de la institución y de sus respectivas jefaturas por verificar de primera mano la veracidad de la información" fue publicado la noche del 13 de marzo, alrededor de las 21.30 horas.

Destaca que Rodríguez "no tuvo conocimiento de los correos electrónicos mencionados hasta la noche del 13 de marzo (alrededor de las 23.00 horas), cuando le fueron enviados −junto a la fiscal superior de Madrid, Almudena Lastra− por el fiscal encargado del caso". Posteriormente, la fiscal jefa provincial remitió esos correos a García Ortiz, añade.

La filtración del correo proviene del entorno de la defensa

Sánchez-Conde también resalta que algunos medios mencionaron "fuentes próximas a la defensa" al referirse al polémico correo electrónico, lo que, a su juicio, "excluye la implicación de la Fiscalía y apunta a que el origen de la filtración proviene del entorno de la defensa del señor González Amador".

"Puede afirmarse, por tanto, que los correos electrónicos intercambiados por el investigado con la Sección de Delitos Económicos primero y con el fiscal encargado del asunto después circulaban por las redacciones de diferentes medios de comunicación con antelación a que la Fiscalía difundiese la nota de prensa", afirma. A ello añade que "más de 12 fiscales y cuatro funcionarios tenían acceso a esa dirección genérica de correo electrónico de la Sección de Delitos Económicos de la Fiscalía Provincial de Madrid".

Con todo, la teniente fiscal sostiene que "ningún extremo de los contenidos en la nota informativa de la Fiscalía era desconocido cuando se hizo pública, es decir, todos los datos que se dicen revelados por esa nota informativa eran, en realidad, datos de público conocimiento".

"Ello permite afirmar que nos encontramos ante una conducta inocua, carente de antijuricidad material, dada su nula lesividad. Una vez reveladas y difundidas aquellas informaciones por distintos medios de comunicación de ámbito estatal, la nota informativa no resultaba idónea para generar daño alguno a la causa pública ni perjuicio al interesado", razona.

María Ángeles Sánchez-Conde asegura que la nota de la Fiscalía no reveló información desconocida

Por otro lado, hace hincapié en que "nadie ha cuestionado que el contenido de la nota informativa difundida con membrete de la Fiscalía Provincial de Madrid el día 14 de marzo de 2024 se corresponda fielmente con lo acaecido, ni que los datos e informaciones que contenía fueran verídicos y exactos".

Sánchez-Conde apunta a la desinformación

También aprovecha para señalar que, "tras hacerse pública la existencia de una investigación de carácter penal frente al señor González Amador, en el entorno del investigado hubo una reacción virulenta que puso su foco en la fiscal jefa de Madrid", "de la que se resaltó su posible vinculación político-ideológica de carácter antagónico a la ostentada por la presidenta de la Comunidad de Madrid", "afirmándose incluso que la investigación tenía un fin espurio".

Sánchez-Conde considera que "lo anterior, unido a la falsedad tanto de algunas publicaciones periodísticas como de manifestaciones realizadas desde el entorno de la presidencia de la Comunidad de Madrid, hizo imprescindible la difusión de una nota de prensa de carácter institucional que proporcionase a la ciudadanía información veraz, una información que no revelaba ningún dato que no fuere ya conocido por la opinión pública".

"En definitiva", resume la teniente fiscal, "ante el interés general suscitado por la opinión pública en relación con las informaciones publicadas, la nota de prensa emitida por la Fiscalía se limitaba a desmentir, con hechos cronológicamente sistematizados, los infundios publicados" por la prensa, "así como por el jefe del Gabinete de la presidenta de la Comunidad de Madrid", Miguel Ángel Rodríguez.

Sánchez-Conde reivindica que, "en este contexto de desinformación y falta de veracidad, se encontraba la necesidad, además de defender la imparcialidad de un órgano de naturaleza constitucional como es el Ministerio Fiscal y a sus propios integrantes que desarrollan sus funciones con absoluta profesionalidad, de dar información auténtica y fidedigna que corrobore la realidad de los hechos".

Al hilo, recalca que "el Ministerio Fiscal tiene encomendada la función de informar a la opinión pública de los hechos que se produzcan en su ámbito competencial, obligación que aparece cuando, como es el caso, se difundieron noticias claramente falsas, que estaban causando un importante revuelo mediático y confusión interesada y que comprometían la imagen de varios fiscales en particular y de la institución en general". "Por tanto, era imprescindible para el Ministerio Fiscal aclarar un bulo mediante una nota oficial al objeto de que la ciudadanía pudiese recibir información veraz", zanja.

Es importante recordar que, tras la intervención de la Fiscalía, le corresponde al Tribunal Supremo decidir sobre la posible imputación del fiscal general. La magistrada Susana Polo es la ponente del caso, acompañada en esta sala por los magistrados Manuel Marchena, Juan Ramón Berdugo, Antonio del Moral y Carmen Lamela.