La Justicia ha vuelto a archivar este lunes otra de las múltiples querellas que se han interpuesto contra la exalcaldesa de Barcelona, ​​Ada Colau, en ambos mandatos al frente de la capital catalana entre el 2015 y el 2023. Y el mismo día el Tribunal Supremo ha rechazado el recurso contra la 'superilla'. Una jornada que vuelve a evidenciar la escasa consistencia de la ofensiva judicial contra los gobiernos municipales de Barcelona en Comú. Son denuncias relacionadas con temas inmobiliarios, de servicios públicos o decisiones urbanísticas y ninguna de ellas ha tenido recorrido judicial pese a condicionar la vida política barcelonesa. Con estas dos, en total son ya una veintena las querellas ya archivadas contra el Gobierno municipal de Ada Colau.

En concreto, la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo ha desestimado el recurso que el arquitecto Josep Acebillo planteó contra la exalcaldesa Ada Colau y la entonces Teniente de Urbanismo, Janet Sanz, por supuesta prevaricación y malversación en la ejecución del eje verde de Consell de Cent conocido como 'superilla'. El texto, que aclara que no cabe recurso contra la resolución, da así por cerrada la vía penal contra Colau y Sanz que ya había sido archivada en la Audiencia Provincial, desestima los delitos que denunciaba la acusación y, además, condena a Acebillo a asumir las costas.

Según explica la propia Janet Sanz, hoy es un "día de celebración" ya que "el Tribunal Supremo confirma que todo el proyecto de transformación verde 'Superilla Barcelona' se desarrolló acuerdo a la ley y no existe ningún delito penal", y añadie que "Barcelona es hoy más verde y más saludable gracias a la 'Superilla Barcelona', ​​y por tanto lo que debemos hacer son muchos más ejes verdes en todos los barrios: un proyecto que la ciudadanía valora positivamente y que ahora confirmamos que es completamente legal". "La 'Superilla Barcelona' hoy queda avalada por el Tribunal Supremo" ha concluido Sanz.

La inmobiliaria que quería desahuciar

En esta ocasión se trata de la querella que interpuso la inmobiliaria Juninmo durante los últimos meses del pasado mandato, cuya motivación era evitar la mediación del Ayuntamiento de Barcelona en un proceso de desahucio de un inquilino vulnerable. Según la abogada de la acusación, que ya ha participado en otras causas archivadas contra Colau, el Ayuntamiento habría coaccionado a la inmobiliaria y pedía 100.000 euros de compensación por los perjuicios, acusando a la alcaldesa y a la concejala de Vivienda, Lucía Martín, y tres funcionarias de un delito sin aportar pruebas.

La jueza, sin embargo, ha considerado que la intervención del Ayuntamiento en este caso de desahucio cumple con las obligaciones que la Ley anti-desahucios catalana pide a las instituciones municipales cuando se trata de conflictos entre inquilinos vulnerables y grandes tenedores, y ha archivado la causa.

Las 19 causas archivadas contra Colau y su equipo de gobierno lleva a Barcelona en Comú a denunciar "una guerra judicial sin precedentes contra un gobierno municipal". "El lawfare que ha sufrido nuestro gobierno por parte de lobbies que no quieren acatar políticas legítimas en defensa de la mayoría social ha servido para generar ruido, atacar la imagen y la honorabilidad de representantes democráticos e influir en la opinión pública de cara a los procesos electorales", aseguran desde el partido de Colau.

Desde Barcelona en Comú consideran que esta persecución judicial afectó en la derrota electoral de las municipales del 2023 de los Comuns: "A solo una distancia de 340 votos del PSC, no es difícil pensar que si no hubiera existido el desgaste mediático generado por estas campañas de difamación, el resultado de las elecciones hubiera sido distinto", aseguran. Y llaman a "una reflexión general sobre cómo evitar estos ataques políticos por parte de intereses particulares a través de la justicia".