Reducir la conflictividad entre las diferentes administraciones ha sido uno de los objetivos principales del Gobierno de Pedro Sánchez. El caso más simbólico es el de Catalunya, donde se ha apostado por desinflamar y desjudicializar el conflicto. El número global de impugnaciones ante el Tribunal Constitucional de las comunidades autónomas se ha reducido considerablemente. Y en paralelo el Ejecutivo ha logrado hasta el momento un total de 151 acuerdos que resuelven conflictos de competencias para evitar precisamente esa judicialización normativa. 

De esos 151 acuerdos, 140 son totales y 11 acuerdos parciales. Solo en 2022, los acuerdos firmados fueron 54. Se han alcanzado con un proceso de negociación impulsado por el Ministerio de Política Territorial que dirige Isabel Rodríguez en las comisiones bilaterales de cooperación a través del artículo 33.2 de la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional, instrumento jurídicamente habilitado para la colaboración con las comunidades autónomas.

"Es un balance positivo de la política de diálogo y cooperación permanente abierta con las comunidades autónomas, que reduce la conflictividad y logra acuerdos para resolver las discrepancias evitando 151 recursos ante el Tribunal Constitucional", señalan desde el Ministerio. 

El último acuerdo alcanzado en el mes de febrero ha sido con Extremadura respecto a las discrepancias existentes en torno a la Ley 4/2022, de 27 de julio, de racionalización y simplificación administrativa de Extremadura. La mayoría de estos acuerdos suelen pasar desapercibidos mediáticamente porque se tratan de asuntos técnicos y competenciales. El Ministerio, no obstante, suele informar periódicamente con detalle de ellos. 

En este sentido, en diciembre se alcanzaron los anteriores seis acuerdos sobre diferentes asuntos en Illes Balears (dos), Comunidad Foral de Navarra, Región de Murcia, Catalunya y Andalucía Por ejemplo, con Navarra respecto a discrepancias sobre la Ley Foral 4/2022, de 22 de marzo, de Cambio Climático y Transición Energética. 

También se llegó a una acuerdo con las Illes Balears sobre el Decreto Ley 5/2022 de 16 de mayo, de modificación de la Ley 7/2013, de 26 de noviembre, de régimen jurídico de instalación, acceso y ejercicio de actividades en las Illes Balears, y por el que se establece el régimen de prestación del servicio de taxi en el ámbito territorial de la isla de Ibiza.

La discrepancias en la Región de Murcia era sobre "la Ley 4/2022, de 16 de junio, de mecenazgo de la Región de Murcia y de modificación del Decreto Legislativo 1/2010, de 5 de noviembre, por el que se aprueba el texto refundido de las disposiciones legales vigentes en la Región de Murcia en materia de tributos cedidos". En Catalunya, por ejemplo, se abordaron una discrepancias por la modificación de varias leyes referidas a la vivienda. 

No siempre se evita que los conflictos de competencias los tenga que resolver la justicia. Por ejemplo, durante la última semana, el Gobierno Vasco ha anunciado que interpondrá un recurso ante el TC contra una disposición adicional de la Ley de Presupuestos Generales del Estado para 2023 "que se inmiscuye en labores ejecutivas del Gobierno Vasco y vulnera el autogobierno vasco". 

En el Ejecutivo vasco, formado por el PNV, consideran que se vulneran las competencias vascas, "ya que se produce una imposición por parte del Estado de herramientas informáticas para la realización de tareas ejecutivas del Gobierno Vasco en procedimientos de subvenciones y contratos". Está por ver si el recurso prospera o hay margen para un acuerdo similar a los 151 alcanzados durante esta legislatura.