El Ejecutivo encara el inicio del curso político con el reto de aprobar los Presupuestos Generales del Estado (PGE) para 2023 y, en el camino a las que serían las terceras cuentas públicas de la coalición, habrá que negociar mucho. Son los últimos presupuestos de la legislatura y "son difíciles", reconocen fuentes de la parte socialista del Gobierno, pero al mismo tiempo se muestran convencidos de que el haber recuperado el apoyo de la mayoría del bloque de la investidura en la votación del decreto de ahorro energético esta semana allana el terreno para las negociaciones.

"Creemos que hay disposición por parte del resto de formaciones políticas para aprobar los presupuestos en tiempo y en forma", afirman fuentes del Gobierno. El ministerio de Hacienda inició las primeras reuniones con las demás áreas del Ejecutivo hace un mes y ya habido intercambio de documentación entre los diferentes equipos de trabajo para tener cuanto antes unas nuevas cuentas públicas. 

La ministra de Hacienda, María Jesús Montero, y los secretarios de Estado de Derechos Sociales y Trabajo, Nacho Álvarez y Joaquín Pérez Rey, capitanean esas conversaciones. 

En el marco de esta primera negociación de los PGE en el seno del Gobierno, Unidas Podemos pedirá desbloquear e impulsar normas como la ley de vivienda o la derogación de la ley mordaza, paralizadas ambas en el Congreso de los Diputados. Tratarán también de confirmar la reforma fiscal con modificaciones en el Impuesto de Sociedades, con un impuesto que grave la riqueza, que se añadirán a los anunciados impuestos a las grandes eléctricas y a las entidades financieras.

Elevar el gasto en Defensa

Lo más difícil, sin duda, será llegar a un acuerdo en el aumento del presupuesto de Defensa. Tras el estallido de la guerra de Ucrania, el presidente del Gobierno se comprometió de manera pública a elevar la inversión en Defensa hasta el 2% del PIB, una exigencia de la OTAN a los Estados miembro. Este aumento del gasto debe aprobarse a través de los Presupuestos Generales del Estado. Tanto Unidas Podemos como los socios del Ejecutivo se oponen a elevar la inversión en Defensa.

Tras esta primera negociación de los socios de gobierno habrá que negociar los apoyos con los grupos políticos. "¿Que va a ser fácil? Nunca", reconocen fuentes del Gobierno, acostumbrados a sudar cada votación. En el caso de estos PGE, el Ejecutivo confía en que sus aliados habituales "son conscientes de la necesidad" de tener unas nuevas cuentas públicas para hacer frente a la situación económica y la incertidumbre provocada por la guerra en Ucrania. "Tanto el PNV, como ERC, como Compromís, como todos, son conscientes de esto", aseguran fuentes socialistas.

El Gobierno asume a las claras que tendrá que apoyarse en el bloque de la investidura para sacar adelante los presupuestos. "Tenemos que reconocer el sentido de Estado en otros partidos de la oposición. Partidos nacionalistas que están más por el avance de España que el PP", critican desde el PSOE.

En este sentido, al menos para la parte mayoritaria del Ejecutivo, el inicio del curso político ha sabido victoria. Este jueves el Congreso retomó la actividad parlamentaria con un pleno extraordinario en el que el Gobierno convalidó tres decretos- el de ahorro energético, el de incendios forestales y el del nuevo sistema de cotización de autónomos- y aprobó de forma definitiva otras tres leyes: la de Ciencia, la reforma de la Ley Concursal y la del 'solo sí es sí'.

La votación del decreto con las medidas de ahorro energético reafirmó la mayoría parlamentaria de la coalición, que salvó un plan de medidas exigido, y avalado, por la Unión Europea. Eso sí, los grupos le reprocharon una vez más al Gobierno su 'modus operandi' de llevar las negociaciones hasta el último momento. "Hay contactos desde el primer día, otra cosas es que los acuerdos no se consigan antes", responden fuentes socialistas.