Las políticas de memoria histórica han adquirido en Andalucía una dimensión política que va más allá de la mera aplicación de una ley en vigor. Se han convertido en un asunto de calado, que está en el primer plano de la dialéctica política en la Comunidad, debido a la influencia en la política andaluza -para desgracia de las víctimas de la dictadura- del partido de ultraderecha Vox, que se ha declarado “la voz de aquellos que tuvieron padres en el bando nacional y se resisten tener que hacer una condena de lo que hicieron sus familias”. De Vox depende, en última instancia, la estabilidad del Ejecutivo de coalición que han formado PP y Ciudadanos.

La semana pasada, el jueves, el vicepresidente de la Junta, Juan Marín (Ciudadanos), defendió la Ley de Memoria histórica, y recordó que Vox y PP, que han firmado “promover una Ley de Concordia que sustituya a la ley de memoria histórica”, por sí mismos no tienen la mayoría suficiente para derogar la norma.

Dos días después, Vox quiso demostrar quién tiene la sartén por el mango. Así, sus portavoces Alejandro Hernández y Francisco Serrano amenazaron sin tapujos y sin medias tintas, a las claras, con cargarse, por este asunto, el primer presupuesto del Gobierno que dirige el presidente Juanma Moreno (PP). El Ejecutivo tiene previsto someter las cuentas a votación en mayo-junio, una vez que haya pasado la tensión electoral.  Todo este debate está también más caliente por la cercanía de los comicios. Probablemente, de presentarse hoy las cuentas sería imposible aprobarlas, al necesitarse al menos tres partidos -PP, Ciudadanos y Vox- para sacarlas adelante.

Este martes se reunió el consejo de Gobierno -aquí se pueden consultar todas las medidas aprobadas- y en la tradicional rueda de prensa posterior a la reunión, el consejero de la presidencia, Elías Bendodo (PP), mano derecha de Moreno, eludió a preguntas de los periodistas comprometerse a decir si habrá una partida dedicada a estas políticas en el próximo presupuesto andaluz. Dijo Bendodo: “No está decidido. Dependerá del planteamiento que haga la Consejería de Cultura”.

Fuentes consultadas por Público indicaron que la consejera, Patricia del Pozo (PP), quien ha mostrado en varias ocasiones, en público y en privado -al igual que el propio Bendodo- su compromiso personal con el derecho de las familias de las víctimas de la dictadura a recuperar los cuerpos de sus allegados, ha reclamado a la consejería de Hacienda -coordinada por el consejero Juan Bravo (PP)- que el presupuesto incluya una partida para ejecutar las exhumaciones y las pruebas de ADN, que se consideran prioritarias, y que Hacienda aún no había tomado una decisión al respecto.

En realidad, la decisión de incluir o no esa partida, que en este momento, con el presupuesto prorrogado, asciende a algo más de un millón de euros, no la va a tomar el consejero de Hacienda, salvo que cambien mucho las cosas. La van a tomar el propio presidente y el propio vicepresidente en función de la presión que ejerza Vox. ¿Votará Vox un presupuesto que incluya partidas para “buscadores de huesos”? ¿Cederán PP y Ciudadanos y sacrificarán de nuevo a las familias de las víctimas de la dictadura a cambio de que su Gobierno perdure? Son preguntas pertinentes en este contexto. Hay quien confía en que Vox rebaje sus pretensiones y hay quien no confía en ello.

Bendodo aportó algo de luz a este camino con dos razonamientos que hizo en la rueda de prensa. Por un lado, el consejero de la Presidencia invitó a leer con detenimiento el acuerdo entre PP y Vox, que recoge, tal cual, en su punto 33 lo siguiente: “Promover una Ley de Concordia que sustituya a la ley de memoria histórica”. Bendodo hizo un gesto con su mano derecha, con la palma de la mano extendida, que venía a indicar que eso era todo. Al gesto le acompañó las siguientes palabras: “Hay un punto que dice que impulsaremos una Ley de Concordia. Simple y llanamente dice esto, y eso es lo que estamos haciendo”.

El consejero, eso sí, reiteró el compromiso del Ejecutivo con las familias que buscan a sus ascendientes. “Este Gobierno quiere hacer suyas las palabras del Papa sobre este tema. Una sociedad no puede sonreír al futuro teniendo a sus muertos escondidos. Estas palabras son acertadas. Todo el mundo tiene derecho a saber dónde están enterrados sus seres queridos”.

Sin embargo, a continuación, Bendodo defendió la Ley de Concordia que su partido promueve. "Una cosa es eso y otra es que una parte de la sociedad quiera politizar este tema, hacer bandera de él para lanzarla contra otros. No estamos de acuerdo. Por eso, impulsamos una Ley de Concordia inclusiva para que todo el mundo se sienta representado, para no lanzarle nada a nadie”. Y luego remachó con el argumento de que la actual Ley de Memoria, aprobada la pasada legislatura sin votos en contra -PSOE y Adelante Andalucía votaron a favor; PP y Ciudadanos se abstuvieron- “está planteada para reprocharle a otros otras cuestiones”.

Junto a Bendodo compareció el consejero de Educación y Deporte, Javier Imbroda (elegido por Ciudadanos), quien a punto estuvo de meterse en un jardín. Preguntado si Educación iba a redactar una instrucción, como hacía el Ejecutivo socialista de Susana Díaz, para que el próximo 14 de junio se celebre el Día de la Memoria Histórica en los colegios andaluces, el consejero respondió con cierta suficiencia. ”De momento, no tenemos nada planificado para ese día. Me encantaría que nuestros escolares leyeran a (Manuel) Chaves Nogales en vez de verse en esas tesituras”, dijo Imbroda.

Cuando el periodista Daniel Cela le recordó que es la propia Ley de Memoria Histórica la que establece el 14 de junio como día de homenaje a las víctimas del golpe militar y la dictadura, Imbroda reculó un poco. Entonces, manifestó que la Consejería de Cultura y Patrimonio Histórico “tiene la potestad de pilotar estas cuestiones", y que la Junta "va a cumplir con la Ley de Memoria" andaluza, "como no puede ser menos". Imbroda remachó que si la ley obliga a celebrar dicha jornada en junio, "nosotros nos vamos a remitir a la ley".

La ley no obliga específicamente a redactar esa instrucción, pero sí a impulsar ese día “actos de homenaje […] con el objeto de reivindicar los valores democráticos”. Lo que dice en su artículo 17 es lo siguiente: “Día de recuerdo y homenaje a las víctimas del golpe militar y la Dictadura. 1. Se declara el 14 de junio de cada año Día de recuerdo y homenaje a las víctimas del golpe militar y la Dictadura. 2. Las instituciones públicas andaluzas impulsarán en esa fecha actos de reconocimiento y homenaje, con el objeto de mantener su memoria y reivindicar los valores democráticos y la lucha del pueblo andaluz por sus libertades.

En su artículo 47, la ley recoge las actuaciones en materia de enseñanza, que son estas. Por un lado, “para fortalecer los valores democráticos, la Consejería competente en materia de educación incluirá la Memoria Democrática en el currículo de la educación primaria, de la educación secundaria obligatoria, del bachillerato y de la educación permanente de personas adultas. Los contenidos deberán basarse en las prácticas científicas propias de la investigación historiográfica”.

Por otro lado, “con el objetivo de dotar al profesorado de herramientas conceptuales y metodológicas adecuadas, la Consejería competente en materia de educación incorporará a los planes de formación del profesorado la actualización científica, didáctica y pedagógica en relación con el tratamiento escolar de la Memoria Democrática de Andalucía”.  Y, por último, “Asimismo, se impulsará en colaboración con las universidades andaluzas la incorporación de la Memoria Democrática en los estudios universitarios que proceda”.