El Gobierno ha aprobado este viernes la segregación del Administrador de Infraestructuras Ferroviarias (Adif) en dos sociedades para separar las actividades de alta velocidad de las de vía convencional.

La ministra de Fomento, Ana Pastor, ha explicado en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros que este real decreto ley desarrolla la 'nueva configuración de Adif', con el objetivo de lograr una 'mayor racionalización' del sector ferroviario y la 'máxima eficiencia' y estabilidad presupuestaria.

Adif Alta Velocidad se encargará de la construcción y administración de todas las infraestructuras de alta velocidad, así como de las 'funciones que se le transfieran', como las estaciones de AVE, las telecomunicaciones o el suministro energético, ha detallado la ministra.

Esta sociedad financiará 'mayoritariamente sus gastos con sus ingresos, con los ingresos de los operadores y con los ingresos del mercado', y concentrará 'la mayor parte de las inversiones y de la deuda', al tiempo que garantizará las condiciones laborales de todos sus empleados.

El Adif 'tradicional' gestionará tanto la red convencional como todos los negocios que no sean transferidos a la sociedad especializada en alta velocidad.

Se financiará, además de con los ingresos percibidos de los operadores, mediante transferencias de los Presupuestos Generales del Estado (PGE) y formará parte de la contabilidad nacional, aunque 'sin computar como deuda pública', ha precisado Pastor, y sin impacto 'significativo' en el déficit.

El real decreto permite a Adif Alta Velocidad encargar a Adif 'determinadas actividades' mediante la suscripción de convenios.

La ministra ha subrayado que la segregación no supondrá 'incremento de dotaciones ni retribuciones ni gastos de personal'.

Ambas sociedades estarán adscritas a Fomento, aunque con personalidad jurídica y patrimonio propios, y se mantiene una estructura organizativa única, con un mismo presidente y los mismos consejeros.

Pastor también ha señalado que el Gobierno está 'iniciando el proceso de liberalización del sector y estas son las nuevas reglas que van a operar', es decir, que la normativa permite que ambas sociedades 'puedan acudir a los mercados financieros'.

'No se puede tener (...) mezcladas las cosas, servicio público de viajeros con mercancías', ha considerado la ministra, para añadir que esta normativa 'lo que se hace es ordenar y cada uno dedicarse a lo que se tiene que dedicar', igual que se ha hecho en Renfe.

Pastor ha recordado que Adif gestiona 15.200 kilómetros de red ferroviaria, que han supuesto una inversión de 32.000 millones de euros en alta velocidad y 5.800 millones en convencional, y emplea a 14.000 profesionales.

EUROPA PRESS | Madrid

Renfe recibirá del Estado un importe total de 1.506 millones de euros entre 2013 y 2015 para costear los transportes ferroviarios que la operadora tiene obligación de prestar por estar considerados de servicio público, los que garantizan determinadas conexiones no rentables y la movilidad de los ciudadanos, según informó la ministra de Fomento, Ana Pastor.

Así figura en el nuevo contrato-programa entre el Estado y la operadora ferroviaria pública aprobado este viernes por el Consejo de Ministros.

Según este nuevo contrato, Renfe percibirá del Estado 510 millones correspondientes a este año 2013, otros 501,4 millones en 2014 y 495 millones de euros en 2015.

Estas transferencias se destinan a financiar hasta el 50% del coste de explotación de los servicios ferroviarios considerados públicos, los de Cercanías y los de Media Distancia Convencional (regionales), que anualmente transportan a más de 300 millones de viajeros, según detalló Pastor.

Cercanías y Media Distancia deben contar con financiación pública para garantizar que enlacen destinos que no son rentables económicamente, pero sí socialmente.

El Gobierno aprueba el nuevo contrato programa de Renfe y el Estado después de que diera su visto bueno al proyecto por el que la operadora se segregará en cuatro sociedades anónimas al comienzo de año.