La ONU ha reprobado en un informe las "leyes de concordia" impulsadas por PP y Vox en las comunidades donde gobiernan y ha pedido al Ejecutivo central tomar las "medidas necesarias" para corregir los vacíos legales de estas propuestas. Naciones Unidas ha enviado una carta firmada por los relatores Fabian Salvioli, Aua Baldé y Morris Tidball-Binz, que alerta de la posible "invisibilización" de las "graves violaciones de derechos humanos" durante el franquismo. Las conclusiones del organismo no han sentado del todo bien en la bancada popular y han causado malestar en la extrema derecha. 

El PP ha cargado duramente contra la ONU por el informe en el que critica las iniciativas de Aragón, Castilla y León y País Valencià para derogar las leyes autonómicas de Memoria Histórica. "Lo mejor que se puede hacer es leer los textos, segundo, no dar por aprobadas leyes que todavía no se han aprobado. Y tercero, decir muy claramente que para el PP los 40 años de Franco han sido una dictadura y ETA una banda terrorista", ha respondido Alberto Núñez Feijóo. La secretaria general del partido, Cuca Gamarra, se ha pronunciado en los mismos términos: "Los autores del informe posiblemente las desconozcan [las leyes de concordia]". 

El presidente de Aragón, Jorge Azcón, del PP, ha criticado el informe de la ONU por sus "errores de bulto" y "bulos". Según Azcón, la falta de comunicación con el Gobierno de Aragón "es la que ha hecho que cometa errores de bulto", influidos "exclusivamente" por la información que les ha trasladado el Gobierno de España, porque lo que dice ese escrito es "lisa y llanamente mentira". "El informe de la ONU, ahora que está de moda, tiene bulos", ha insistido el presidente aragonés al argumentar que en su ciomunidad no se está tramitando ninguna ley, sino que se ha derogado la ley de memoria democrática y se ha anunciado un plan de concordia.

Los representantes de Naciones Unidas que firman el documento son Fabian Salvioli, relator especial sobre la promoción de la verdad, la justicia, la reparación y las garantías de no repetición; Aua Baldé, relatora del Grupo de Trabajo sobre las Desapariciones Forzadas, y Morris Tidball-Binz, relator especial sobre ejecuciones extrajudiciales, sumarias o arbitrarias. El texto señala que las propuestas de PP y Vox "ordenan la supresión de múltiples entidades, proyectos, sitios webs y actividades" relacionadas con la difusión y la preservación de la Memoria y hace especial hincapié en el caso del País Valencià, donde la derecha y la extrema derecha pretenden equiparar las víctimas de la dictadura con las del terrorismo etarra o islámico, que gozan de sus propios estatutos.

"Por último, decir muy claramente que para el PP los 40 años de Franco han sido una dictadura y ETA una banda terrorista", ha insistido Feijóo. La ONU recuerda en su informe que las llamadas "leyes de concordia" ni siquiera identifican el franquismo como una dictadura y tampoco mencionan la responsabilidad de sus líderes por los crímenes cometidos. Los relatores consideran además que las iniciativas pueden obstaculizar "el acceso a la verdad sobre el destino o paradero de las víctimas" del régimen.

El vicepresidente de la Junta de Castilla y León y líder de Vox en la comunidad, Juan García-Gallardo, ha restado valor al informe de Naciones Unidas y ha cuestionado su procedencia. "¿Quiénes son estos señores? ¿Con quién guardan afinidad? ¿Quién los ha nombrado?", ha preguntado el dirigente. García-Gallardo ha asegurado que las normas "se han hecho con pausa, serenidad y mucho diálogo", por lo que "no sería razonable" que su socio de Gobierno, es decir, el PP, se abriera a realizar posibles cambios.

El Gobierno celebra la respuesta de la ONU

El Gobierno ha anunciado que iniciará los trámites para negociar con Aragón la posible corrección de su propuesta y no descarta presentar un recurso ante el Tribunal Constitucional, con el fin de que el Ejecutivo de Jorge Azcón revierta, como ha pedido la ONU, la derogación de la ley de Memoria Democrática en la comunidad. 

El ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres, ha asegurado que el Gobierno actuará de la misma manera con País Valencià y Castilla y León si terminan aprobando sus proposiciones de ley. El PP y Vox tienen una propuesta similar sobre la mesa también en Illes Balears. El titular de la cartera ha subrayado la "unanimidad y contundencia" de la "demoledora" comunicación de Naciones Unidas y también su rápida respuesta al requerimiento formulado por el Ejecutivo central, que entiende que las "leyes de concordia" pretenden "blanquear la dictadura". 

El PSOE ha acusado a PP y Vox de "arrastrar la imagen internacional de España por el fango" y ha instado a las tres comunidades mencionadas por la ONU a retirar de manera "inmediata" sus iniciativas. "No hay lugar para el blanqueamiento del franquismo. No hay sitio para los nostálgicos de la dictadura", advierten desde Ferraz. 

Las asociaciones memorialistas, satisfechas

Las organizaciones memorialistas han celebrado el pronunciamiento de la ONU y han pedido al Gobierno apoyo para seguir recuperando los restos de sus seres queridos. La Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica (ARMH) ha insistido en que las "leyes de falsa concordia" suponen "una agresión para las víctimas" y ha recordado que "la Justicia es la mejor política de memoria", según palabras de su presidente, Emilio Silva. La presidenta de la Asociación de Familiares Pro Exhumación de los Republicanos del Valle de los Caídos, Silvia Navarro, ha agradecido que "una autoridad moral en materia de derechos humanos" como Naciones Unidas "contrarreste la tendencia revisionista" marcada por PP y Vox en las comunidades. 

El abogado Eduardo Ranz, que representa a nueve de las 166 familias que han reclamado exhumaciones en el Valle de Cuelgamuros, ha censurado las propuestas legislativas de Aragón, País Valencià y Castilla y León por considerar que "restan derechos". El informe de la ONU recuerda los compromisos que adquirió España al ratificar el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (1977) y la Convención Internacional para la protección de todas las personas contra las desapariciones forzadas (2009), entre otros tratados. "El incumplimiento de estas obligaciones está en condiciones de comprometer la responsabilidad del Estado español", señalan los relatores.