Una semana después de conocerse la información, las explicaciones dadas por el Gobierno de Pedro Sánchez sobre el 'caso Pegasus' siguen sin gustar a los principales afectados. La reunión celebrada este domingo entre el ministro de Presidencia, Félix Bolaños, y la consellera Laura Villagrà en Barcelona no calmó los ánimos del Govern a pesar de los anuncios concretos realizados por el Ejecutivo para investigar el espionaje. En este contexto, desde Moncloa defienden que están haciendo, y van a hacer, todo lo que esté en su mano para esclarecer los hechos. Y ponen como ejemplo la voluntad clara de desbloquear de la comisión de secretos en el Congreso, algo que pretenden hacer de forma rápida. 

Para el Gobierno, esta acción concreta es la única vía que se puede abrir de forma rápida. También, en paralelo la investigación interna anunciada para dirimir posibles responsabilidades en el Centro Nacional de Inteligencia (CNI). Moncloa defiende, según las fuentes consultadas por Público, que se desclasificarán los documentos que hagan falta tanto a nivel judicial como a través de la investigación que también impulsará el Defensor del Pueblo. 

Estos mecanismos son los "pasos claros" que defienden en el Gobierno ya que "permite investigar a fondo con la ley de secretos oficiales". Moncloa defiende que tienen hacer un "equilibrio" entre esa normativa, una ley de 1968, y "la voluntad firme de transparencia". La pasada semana el mensaje dialogante y de voluntad era el mismo pero Moncloa reconocía que no había trazado aún un plan concreto para restaurar la pérdida de confianza especialmente con el Govern que encabeza Pere Aragonès. 

De este modo, consideran que una comisión de investigación parlamentaria en la forma que la han solicitado hasta 10 fuerzas políticas de forma conjunta (Unidas Podemos, ERC, EH Bildu, Junts, CUP, BNG, PNV, PDeCAT, Más País y Compromís) no serviría de nada. "No se puede hablar de nada en una comisión así", apuntan fuentes del Ejecutivo. 

El asunto es que para poner en marcha la mencionada comisión parlamentaria, que se celebra a puerta cerrada, es necesario un acuerdo de 210 diputados. Una mayoría de tres quintos de la cámara que se antoja complicada vista la determinación del PP de vetar a EH Bildu y quizás también a ERC.

La posición del PSOE es que todas las fuerzas políticas estén representadas, más si cabe cuando los independentistas vascos son parte afectada. Lo expresó de esa manera el portavoz de la dirección socialista, Felipe Sicilia, durante una rueda de prensa en Ferraz. La intención del PSOE y de Moncloa es convencer a los populares de que cambien de opinión. 

Pero si no fuera posible, el Gobierno se guarda un as en la manga fácil de ejecutar. Consiste en cambiar la instrucción vigente, que corresponde a la Presidencia del Congreso, para que la comisión no tenga por qué contar con una mayoría cualificada sino con una mayoría simple. "Cualquier fórmula que garantice que los grupos estén presentes nos sirve", explicitó Bolaños este lunes en una entrevista en RAC-1. 

Precisamente a la presidenta del Congreso, Meritxell Batet, han acudido a pedir amparo los cuatro diputados en activo afectados por el espionaje: Jon Iñarritu (EH Bildu), Albert Botran (CUP), Miriam Nogueras (Junts) y Ferran Bel (Pdecat). La petición realizada a Batet pide "investigar quién está detrás de la intrusión en sus dispositivos telefónicos y a tomar las medidas oportunas para que un hecho similar no se pueda volver a producir". 

La tensión con ERC es patente, y fuentes de los republicanos consultadas por este medio ponen a la ministra de Defensa, Margarita Robles, en el centro de la diana. Fuentes del Govern reducen el anuncio del control interno al CNI a "simple auditoría técnica poco fiable". Además consideran que supone una admisión de que los servicios secretos españoles están presuntamente detrás del caso. En este sentido, la máxima responsable sería Robles. 

La titular de Defensa salió a la palestra la semana pasada. Tras el Consejo de Ministros celebrado el martes, la ministra portavoz del Gobierno, Isabel Rodríguez, emplazaba a su comparecencia en el Congreso para dar explicaciones sobre el asunto. Pero Robles concedió el miércoles una entrevista al Canal 24 Horas en la que se escudaba en la ley para no comentar si el CNI cuenta o no con el sistema Pegasus. 

El ala socialista del Gobierno rechaza de plano dar por hecho que el CNI está detrás sino que precisamente lo que se quiere es "investigarlo". Por su parte, desde Unidas Podemos, socios del Gobierno de coalición, también han pedido responsabilidades y dimisiones, según reiteró este lunes el portavoz de Podemos, Pablo Fernández, en rueda de prensa. 

Preguntas en Senado y Congreso

La semana política seguirá marcada sin duda por este asunto. Por un lado, por la votación que se debe producir este jueves del Real Decreto que incluye el Plan de Respuesta Nacional a los impactos de la guerra en Ucrania. En el PSOE están convencidos de que saldrá adelante sin problemas y ERC o EH Bildu no se echarán atrás pese al 'caso Pegasus'.

Además, este martes los senadores de Junts y EH Bildu preguntarán al Gobierno por el asunto durante la sesión de control. También habrá varias preguntas al respecto el miércoles en el Congreso, incluida una directa de Gabriel Rufián, portavoz de ERC, a Sánchez: "¿Piensa el Gobierno español investigar el caso de espionaje a políticos independentistas?". La respuesta de Moncloa es que ya lo están haciendo.