Asuntos Internos de la Guardia Civil investiga a un tercer mando del Instituto Armado, como parte de las pesquisas sobre las presuntas irregularidades en las adjudicaciones de obras de reforma en 13 cuarteles de la Benemérita que lleva a cabo el Juzgado de Instrucción Número 3 de Madrid, una causa donde hay otros dos uniformados y dos empresarios imputados.

Fuentes conocedoras del caso han indicado a Europa Press que se trata de un comandante que estuvo al frente de la Sección de Personal y Apoyo de la Comandancia de Alacant al que Asuntos Internos ha tomado declaración por un presunto delito de falsedad documental, si bien todavía no ha sido llamado a sede judicial. 

Por ahora, permanecen imputados el teniente general Pedro Vázquez Jarava, que fue subdirector general de apoyo del Instituto Armado; el teniente coronel Carlos Alonso Rodríguez, que fue jefe de la Comandancia de la Guardia Civil en Ávila entre 2015 y 2017; y los empresarios Salvador Gutiérrez y Ángel Ramón Tejera de León, alias Mon, que además aparece en el sumario del caso Mediador como persona vinculada al general investigado Francisco Espinosa, que está en prisión preventiva. 

Las mismas fuentes detallan que en estos momentos el foco está puesto en Vázquez Jarava, al que los investigadores atribuyen delitos de cohecho, malversación, prevaricación, tráfico de influencias y falsedad documental.

Este caso lleva al menos ocho meses paralizado en el juzgado madrileño a la espera de un informe pericial sobre las obras efectuadas en 13 comandancias de la Guardia Civil: las de Murcia, Albacete, Algeciras, Alacant, Badajoz, Castelló, Huelva, Jaén, A Coruña, Santa Cruz de Tenerife y Toledo. 

Investigación en Madrid

Fuentes jurídicas han explicado que la titular del juzgado madrileño a cargo de la investigación, la magistrada María Isabel Durantez, intenta esclarecer si el importe destinado a las reformas de las comandancias de la Benemérita se corresponde con los trabajos realizados y que, aunque encargó un informe pericial el año pasado, hasta el momento permanece a la espera de las conclusiones de los expertos. 

La investigación que se instruye ahora en Madrid procede de unas diligencias penales abiertas en 2019 por el Juzgado de Instrucción Número 2 de Ávila por un delito de malversación a raíz de un atestado de Servicios Internos de la Guardia Civil.

No fue hasta 2021 que dicho juzgado se inhibió al considerar que no era competente porque el teniente general investigado tenía la sede oficial en Madrid. Así las cosas, la causa la asumió el juzgado madrileño, en el que hasta ahora no se ha tomado declaración a ninguno de los cuatro investigados, según han señalado las fuentes consultadas.