La ley de amnistía entra en una nueva fase. Este martes, 23 de enero, aterrizará en la comisión de Justicia del Congreso para someterse al debate de los distintos grupos parlamentarios. Sobre la mesa, varios bloques de enmiendas, y en el horizonte, el día 30 de enero. Será entonces cuando, a todas luces, el Congreso votará en Pleno la aprobación de la proposición de ley (PL) y la mandará al Senado, donde el Partido Popular (PP) la obstaculizará por tierra, mar y aire.

Pero para eso tiene que llover, todavía, mucho. El camino es largo y con toda seguridad tortuoso. Junts per Catalunya y Esquerra Republicana (ERC) no renuncian a las enmiendas que presentaron en solitario hace una semana. La carretera tiene curvas.

La ponencia de la comisión de Justicia del pasado jueves es un buen punto de partida para entender qué implican las actuales negociaciones para la ley de amnistía y cómo pueden modificar la proposición de ley. La ponencia, que compone un miembro de cada uno de los grupos con presencia en la comisión en cuestión, es como una especie de paso previo a lo que deparará, más tarde, la entrada de la iniciativa en la propia comisión parlamentaria. Como tal funcionó la del pasado jueves.

Así, el día 18 se concluyó que las ocho enmiendas que registraron hace una semana PSOE, Sumar, ERC, EH Bildu y BNG quedarían incluidas en el texto de la proposición de ley de amnistía. Todas ellas, menos una, con el voto favorable del conjunto las fuerzas del hemiciclo, excepto PP y Vox. También de Junts, a pesar de que no firmó el registro con el resto. ERC y EH Bildu, por su parte, se abstuvieron en una de ellas por "motivos técnicos", aunque comparten al 100% el fondo de la cuestión.

Las ocho enmiendas conjuntas obtuvieron los votos necesarios y se incluirán en el texto. La mayoría son más bien técnicas y cambian poco la ley, aunque tienen su importancia. 

Entre esas modificaciones, se añade al texto la exclusión de la amnistía por delitos contra la comunidad internacional o la plena delimitación de todos los actos amnistiados a hechos producidos durante el procés. También el refuerzo de la función jurisdiccional de jueces y magistrados o la eliminación de la parte del texto en la que se aseguraba que en la Constitución de Austria no se mencionaba el concepto de la amnistía. Sí se habla de él.

También se acordó concretar en la ley que "los órganos judiciales" que "estén conociendo", en cada momento, una causa judicial que tenga que ver con el procés serán los que decidirán el levantamiento de medidas cautelares. En la redacción primigenia, eran "los órganos competentes" los que decidían. Es un matiz que puede servir para esquivar los efectos de una eventual cuestión prejudicial al Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE). Se trata de una enmienda que introdujeron conjuntamente PSOE, Sumar, ERC, EH Bildu y BNG, pero muy parecida a otra que había introducido Junts en solitario. 

Todo eso ya se ha acordado que completará el actual texto de la amnistía. Es una carpeta que ha quedado cerrada.

En cambio, tanto el bloque de enmiendas que presentó Junts en solitario como el que presentó ERC no se trató en la ponencia. Se dejaron "vivos" —en la terminología que usaron varios diputados al salir de la reunión del jueves— a expensas de negociarse y votarse en comisión. 

¿Cómo funcionará el debate en comisión?

En ese punto terminaron las cosas la semana pasada. De los cuatro bloques de enmiendas que se presentaron, las ocho conjuntas (PSOE, Sumar, ERC, EH Bildu y BNG) quedaron incorporadas al texto. Las 12 de Junts y las cuatro de ERC quedaron pendientes. El PP presentó un bloque con 20, pero todas ellas son derogatorias. No introducen cambios concretos en el articulado, por lo que no han entrado en la consideración del resto de grupos.

Fuentes de ERC ya avisaban, antes del fin de semana, de que "las vías de conversación" con el PSOE estarían permanentemente abiertas hasta este martes. Lo mismo ocurre entre los socialistas y Junts. Fuentes parlamentarias del PSOE aseguran a Público que la intención es "llevar todas las negociaciones resueltas el martes". No alargar las cosas más de lo necesario.

En otras palabras, que a la reunión de comisión de este día 23 llegue todo masticado y más o menos cerrado.

Pero ¿cómo funciona ese debate en comisión? Tal y como explica el reglamento de la Cámara, la ley se debate artículo a artículo y cada uno de los miembros del órgano interviene cuando se trate el artículo que su grupo quiere enmendar. Así, si hay acuerdos, la ley sufrirá nuevas modificaciones. Además, durante el propio debate, está permitido que los grupos introduzcan nuevas enmiendas "siempre que tiendan a alcanzar un acuerdo por aproximación entre las enmiendas ya formuladas y el texto del artículo".

Una vez terminado el debate en la comisión de Justicia, salvo sorpresa con acuerdo, la proposición de ley de amnistía estará lista para someterse a la discusión, de nuevo, en el Pleno del Congreso de los Diputados, que votará su aprobación final antes de ir al Senado. La Junta de Portavoces deberá convocar un pleno, previsiblemente el 30 de enero, e introducir la votación de la ley de amnistía en el orden del día.

¿Qué está en el aire?

Junts y ERC han insistido en que no renuncian a sus pretensiones, aunque fuentes de ERC reconocían a Público, tras la ponencia del jueves 18, que "todo el mundo sabe qué límites ha puesto el PSOE". El más drástico es el que tiene que ver con los delitos de terrorismo. Tanto los republicanos como Junts introdujeron enmiendas en solitario para incluir en la amnistía los delitos de terrorismo y, así, cobijar en ese olvido penal a los CDR y a Tsunami Democràtic. El redactado actual de la ley no incluye en la amnistía los casos con condenas firmes. El PSOE pone pie en pared y no transige a ese respecto.

Otra enmienda trascendente que quiere introducir, en este caso, Junts es la que tiene que ver con la ampliación de la horquilla temporal de la amnistía. La ley que registró el PSOE en el Congreso abarcaba desde el 1 de enero de 2012 hasta el 13 de noviembre de 2023. La formación que dirige Carles Puigdemont pretende ampliarlo a los meses de noviembre y diciembre de 2011. Tal y como confirman fuentes del partido tiene que ver con los encausados por el Tribunal de Cuentas.

ERC, por su parte, persigue que se introduzca en la ley que la Generalitat de Catalunya pueda retornar las multas interpuestas en base a la denominada ley mordaza. Y, en otro orden de cosas, eliminar una parte del texto en la que se especifica que la exclusión de los actos tipificados como "delitos de tortura, de tratos inhumanos o degradantes" de la amnistía no esté supeditada al "umbral de gravedad". Los republicanos consideran que, de esa forma, se le da demasiado margen de maniobra a los jueces.

Todas las fuentes consultadas hablan de "buena predisposición de todas las partes", pero algunas posiciones están muy alejadas. La amnistía, en cualquier caso, avanza la vía parlamentaria con firmeza, aunque las letradas de la comisión de Justicia pusieron en tela de juicio su encaje constitucional en un informe jurídico, que el Gobierno se ha esmerado en recalcar que no es vinculante. Las próximas horas, en definitiva, decidirán cuál es la forma que termina tomando la ley.