El Tribunal Supremo inicia este jueves la deliberación de los recursos presentados por el PP, Vox y Ciudadanos contra los indultos parciales que el Gobierno concedió a los líderes del 'procés', en junio de 2021. Comenzará la Sala Tercera con los casos del expresidente de Òmnium Cultural, Jordi Cuixart, y del exsecretario general de Junts y expresidente de la Asamblea Nacional Catalana (ANC), Jordi Sànchez. 

En el caso de Cuixart y Sànchez, conocidos como los 'Jordis', su condena fue a nueve años de prisión por el delito de sedición, pero en el marco de la revisión de sus penas tras la reforma de los delitos de sedición y malversación, la Sala Segunda del Supremo englobó sus actos en el nuevo delito de desórdenes públicos agravados, igualmente penado con cárcel e inhabilitación.

Indultados, como el resto de los nueve condenados del 'procés', de las penas de cárcel pero no de las de inhabilitación, el Supremo concluyó que en el caso de los 'Jordis' ya se había extinguido dicha inhabilitación.

Tras esa reforma del delito de sedición y del de malversación, el Supremo archivó los recursos presentados por Vox, PP y Ciudadanos contra los indultos otorgados a la expresidenta del Parlamento de Catalunya Carme Forcadell y los exconsejeros Joaquim Forn y Josep Rull al haber "perdido objeto", pues los tres fueron condenados únicamente por el delito de sedición, derogado en diciembre de 2022. 

La Sección Quinta de la Sala Tercera podría determinar que los indultos no fueron correctamente concedidos, que es lo que plantean en los recursos el PP, Vox y Cs. Es decir, podría revocar el perdón al considerar fraudulento el argumento empleado por el Gobierno sobre la "utilidad pública" de esas medidas de gracia. Se abriría entonces una situación inédita y complicadísima, con el regreso a prisión de algunos de los líderes condenados, según explican a este diario fuentes jurídicas.

Cambio de postura del Supremo

El Tribunal Supremo había inadmitido en febrero de 2022 los recursos de la derecha contra esos indultos alegando que los partidos políticos no estaban legitimados para recurrir las medidas de gracia, pero sorprendentemente meses después, en mayo, cambió de opinión y ordenó estudiar el asunto e incluir en su sentencia la deliberación sobre la legitimación de los partidos. 

La resolución de los recursos por los indultos del 'procés' llega en un momento de máxima tensión por el debate de la amnistía que exige Junts para dar su apoyo a la previsible investidura de Pedro Sánchez. 

Tensión por la amnistía

Fue tras el acto de inauguración del año judicial, el pasado 7 de septiembre, cuando algunos miembros del Supremo manifestaron en privado su "malestar" por un debate que, según creen, tensa la cuerda aún más entre el Gobierno de Pedro Sánchez, ahora en funciones, y el Alto Tribunal en la cuestión derivada del 'procés'. 

Hay que recordar que el Supremo se opuso, informando negativamente, a los indultos a los nueve líderes independentistas condenados por la consulta del 1-O. Con su duro informe, la Sala de lo Penal, encabezada por Manuel Marchena, abroncó al Ejecutivo de Sánchez por conceder unos indultos que dejaban casi sin efecto la sentencia judicial. Aunque, en todo caso, fueron indultos parciales que perdonaron las penas de cárcel, pero no las de inhabilitación.

Sostenía el Supremo en aquel informe que "la flexibilidad con la que nuestro sistema jurídico permite suscribir la solicitud de indulto a favor de cualquier condenado ha sido interpretada por algunos de los peticionarios como la apertura pública de un trámite para hacer llegar al Gobierno de la Nación sus quejas por la respuesta judicial a los hechos que fueron objeto de enjuiciamiento".

Si el Supremo consideraba el indulto en el caso del 'procés' como "una solución inaceptable para la anticipada extinción de la responsabilidad penal", una hipotética amnistía para todos los acusados que aún no han sido sentenciados, como el expresidente Carles Puigdemont, "sería aún más grave", mencionaron fuentes del Alto Tribunal tras la inauguración del año judicial.

Uno de los autos más duros del Supremo

La oposición del Supremo a cada una de las iniciativas del Gobierno de Pedro Sánchez y de sus socios en la pasada legislatura para pacificar la cuestión catalana quedó meridianamente clara en el auto en el que adaptó la reforma del Código Penal impulsada por el Ejecutivo a la sentencia del 'procés'. 

El Supremo hizo una interpretación que dejó prácticamente sin efecto la reforma del delito de malversación y la derogación de la sedición en el caso de Oriol Junqueras, líder de Esquerra Republicana de Catalunya (ERC). La Sala de lo Penal le mantuvo la pena íntegra de inhabilitación de 13 años, hasta 2031, pese a que ya no podía aplicarle la sedición. Pero el Alto Tribunal le condenó por un delito de desobediencia en concurso real con malversación, aplicando la pena máxima por ello.

El Supremo criticó en su auto la reforma del Gobierno que, a su entender, "desenfoca el problema" y que puede "dejar impunes" futuros ataques a la Constitución.

Aún no hay fecha para la deliberación sobre los recursos contra los indultos concedidos a Oriol Junqueras, ex vicepresidente de la Generalitat y líder de ERC, y a los exconsellers Raül Romeva, Jordi Turull y Dolors Bassa; todos ellos condenados por sedición y malversación en su día.