Hace cuatro años y nueve meses que caducó el mandato del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), encargado de la administración interna del tercer poder del Estado. Si bien no hay que confundir el CGPJ con el Poder Judicial, lo cierto es que la parálisis del órgano de gobierno de los jueces afecta gravemente al funcionamiento del sistema judicial, puesto que el CGPJ no puede efectuar nombramientos de jueces y magistrados mientras continúe con el mandato prorrogado. 

Esta circunstancia está provocando, sobre todo, el colapso del Tribunal Supremo, mermado por casi un 30% de vacantes producidas por las jubilaciones y bajas de los magistrados que no se pueden cubrir.

¿Cómo se ha llegado a esta situación anómala? ¿En qué momento se enquistó la renovación del CGPJ, tal y como ordena hacer la Constitución cada cinco años?

El mandato del CGPJ caducó el 4 de diciembre de 2018. Un mes antes, el Gobierno de Pedro Sánchez y el Partido Popular, entonces liderado por Pablo Casado, llegaron a un acuerdo para renovarlo. 

Acuerdo de renovación con Marchena al frente

El acuerdo previo entre los dos partidos mayoritarios es fundamental, ya que se precisa de una mayoría de tres quintos del Congreso y del Senado para elegir a los nuevos componentes del CGPJ. En noviembre de 2018, el PSOE y el PP se pusieron de acuerdo para elegir a los nuevos 20 vocales, 12 de ellos de origen judicial, y ocho entre juristas de reconocida competencia.

El pacto estaba hecho, con nombres y apellidos. Los vocales judiciales fueron elegidos de entre la lista de 51 candidatos que el presidente del CGPJ saliente, Carlos Lesmes, envió a las Cortes en agosto de 2018. La lista se confeccionó con los 51 jueces y juezas que lograron el aval de la carrera judicial y de las asociaciones.

También hubo acuerdo con el nombre del nuevo presidente del CGPJ y del Tribunal Supremo: el magistrado Manuel Marchena, presidente de la Sala Segunda del Alto Tribunal, conocido por su afinidad al PP.

La balanza parecía equilibrada: 11 vocales de tendencia progresista y nueve, más el presidente, del bloque conservador. Solo quedaba un trámite para proceder a la renovación del Consejo: la ratificación por el Congreso y el Senado de los vocales elegidos. 

La lista de candidatos sigue vigente

El acuerdo entre el PSOE y el PP incluía, por ejemplo, a la magistrada Victoria Rosell como nueva vocal del CGPJ, igual que Inmaculada Montalbán, que en octubre de 2021 sería nombrada magistrada del Tribunal Constitucional.

La lista de 51 candidatos a vocal judicial del CGPJ sigue vigente y es la lista sobre la que PSOE y PP han de negociar para la futura renovación del Consejo, aunque algunos de los nombres ya no son elegibles, como es el caso de Inmaculada Montalbán. Rosell ha renunciado expresamente a seguir siendo candidata. Algunos de los aspirantes se han jubilado y uno de ellos ha fallecido.

Las intenciones del PP, al descubierto

El entonces senador del PP Ignacio Cosidó, que había sido director general de la Policía con Mariano Rajoy, envió un WhatsApp al chat de un grupo de senadores del PP, en el que explicaba a los suyos las ventajas para el partido del pacto para renovar el CGPJ. Decía así: "Con la negociación, el PP tiene nueve vocales más el presidente (10) y el PSOE tiene 11"

Respecto a la elección de Manuel Marchena como nuevo presidente, escribió Cosidó: "Obtenemos lo mismo numéricamente, pero ponemos un Presidente excepcional, (...) un gran jurista con una capacidad de liderazgo y auctoritas [autoridad] para que las votaciones no sean 11-10 sino próximas al 21-0. Y además controlando la sala segunda desde detrás y presidiendo la sala 61". 

Cosidó se refirió también a otras ventajas del pacto de renovación: "Ha sido una jugada estupenda que he vivido desde la primera línea. Nos jugábamos las renovaciones futuras de 2/3 del TS [Tribunal Supremo] y centenares de nombramientos en el Poder Judicial, vitales para el PP y para el futuro de España". 

Así se rompió el acuerdo de renovación

Aquel Whatsapp fue filtrado y provocó un mayúsculo escándalo al quedar al descubierto las oscuras y verdaderas intenciones del PP: controlar el Poder Judicial, en especial, la Sala Segunda del Supremo, encargada de enjuiciar a los aforados, estando inmerso el partido en asuntos judiciales por casos de corrupción.

El acuerdo de renovación saltó por los aires. Manuel Marchena se desvinculó del mismo y Pablo Casado, por entonces líder del partido, alegó, sin ápice de autocrítica, que tenía que cambiarse el sistema de renovación del Consejo para que el Parlamento quedara al margen y fuera la carrera judicial la que eligiera a sus pares en el CGPJ, algo que el PP había llevado en el programa electoral pero que nunca materializó al llegar al poder. 

Según establece el artículo 570 de la Ley Orgánica del Poder Judicial, si llegada la caducidad del Consejo General del Poder Judicial, el Congreso y el Senado no hubieran designado a los nuevos vocales, el Consejo saliente "continuará en funciones hasta la toma de posesión del nuevo". Y así lleva cuatro años y nueve meses. 

Durante todo este tiempo, ha sido imposible la renovación del CGPJ por la patente obstaculización del Partido Popular, que ha dado una veintena de excusas para no cumplir con el mandato constitucional. Durante estos últimos cuatro años y nueve meses, la estrategia del PP ha sido la de esgrimir continuos motivos partidistas para no negociar la renovación, con la que previsiblemente perdería la holgada mayoría con la que cuenta en el Consejo, con 10 vocales frente a seis progresistas.

El foco del PP ha sido la presencia de Podemos en el Gobierno. De esta manera, el PP ha politizado hasta el máximo un trámite constitucional que no admite condicionantes: la renovación cada cinco años del CGPJ. 

La renuncia de Carlos Lesmes

Dos de los hitos ocurridos durante este largo recorrido del gobierno de los jueces caducado son la reforma legal para imposibilitar que haga nombramientos en la cúpula judicial y la dimisión de Carlos Lesmes. 

Carlos Lesmes estuvo al frente del CGPJ y del Tribunal Supremo casi nueve años --cuatro de ellos, en funciones--, hasta su dimisión en octubre de 2022 en protesta, según alegó, por la situación de interinidad del Consejo. Su legado ha dejado un Supremo con una contundente mayoría conservadora entre sus miembros y presidentes de Sala. Estos últimos se nombran cada cinco años, pero los magistrados del Supremo continúan en el cargo hasta su jubilación.

Durante el mandato de Lesmes también se ha aupado a una terna de jueces jóvenes directamente colocados en la Audiencia Nacional, a través de polémicas comisiones de servicio. 

Tras su renuncia, Lesmes regresó a su plaza como magistrado de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Supremo. La suya fue un reincorporación muy oportuna, ya que la inminente jubilación de dos magistrados en aquel momento hubiera dejado sin quorum suficiente la sección quinta [cinco magistrados], a la que fue destinado el expresidente del CGPJ.

Esta sección es la encargada de revisar los indultos a los líderes del procés. Se espera que este mismo otoño resuelva los recursos que presentaron PP, Vox y Cs.  

Para forzar al PP a un acuerdo y, en parte, para frenar los nombramientos de jueces afines, el Gobierno de coalición logró en marzo de 2021 reformar la Ley Orgánica del Poder Judicial para impedir que el CGPJ pueda hacer nombramientos mientras actúa con el mandato prorrogado.

Esta medida, que no convenció al PP para sentarse a negociar, dejó en una situación muy delicada al Supremo, que ahora dicta mil sentencias menos al año porque los magistrados que se jubilan o fallecen no pueden ser sustituidos. 

La tercera presidencia en el CGPJ caducado

Tras las elecciones del 23J y el periodo de incertidumbre que se ha abierto, el CGPJ afronta una nueva etapa de interinidad con un nuevo presidente suplente, por la jubilación de Rafael Mozo, el sustituto de Carlos Lesmes. El conservador Vicente Guilarte será el encargado previsiblemente de conducir el Consejo hasta la próxima renovación, que, según fuentes del CGPJ consultadas por este diario, no se espera hasta entrado 2025.

Nada más asumir el cargo, en julio pasado, Guilarte realizó una profunda remodelación de las comisiones del Consejo, sacando, por ejemplo, a Álvaro Cuesta, exdiputado del PSOE, de la Comisión Permanente, tras 10 años en el núcleo ejecutivo del CGPJ. Los miembros de la Permanente son los únicos vocales que perciben un sueldo, que ronda los 6.000 euros al mes; mientras que el resto cobra únicamente por la asistencia a las comisiones y plenos.

La reforma del nuevo presidente suplente le ha costado un voto particular suscrito por cinco vocales de los dos sectores ideológicos, que advierten de que la remodelación de las comisiones Permanente y Disciplinaria es "manifiestamente contraria a Derecho", por lo que han advertido de que podría afectar a la validez de las decisiones que adopten. 

Tensión en el Tribunal Constitucional

Si tortuoso es el camino para la lograr la renovación del órgano de gobierno de los jueces, no es menos calmada la vida interna en el CGPJ, marcada hasta ahora por el enfrentamiento entre los sectores conservador --mayoritario-- y el progresista. 

Tanto es así que la renovación de un tercio del Tribunal Constitucional, en diciembre de 2022, supuso uno de los mayores momentos de tensión que se recuerdan en toda la historia del CGPJ.

Una parte del sector conservador se opuso a la designación de dos candidatos para el TC y se erigió como altavoz del PP, que había recurrido ante el propio Constitucional la reforma que planteaba el Gobierno para precisamente poder desencallar la renovación de cuatro de sus magistrados.  

Finalmente el Constitucional impidió, por primera vez en la historia de la reciente democracia española, la votación en el Senado ​de las reformas con las que la mayoría parlamentaria pretendía desbloquear la renovación del tribunal de garantías. 

Pese a este envite, el TC pudo renovarse y constituirse una nueva mayoría progresista tras nueve años de mayoría conservadora.