Desde septiembre de 2018, cuando se oficializó su candidatura al Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), la jueza Reyes Vila Pariente ha cambiado de jurisdicción, pasando del Juzgado de Primera Instancia  29 de Sevilla al número 11 de lo Contencioso-Administrativo de la capital andaluza. Cuatro años dan mucho de sí en la vida de una persona pero cuando se ha postulado para vocal del CGPJ esos cuatro años, con sus 48 meses, se pueden convertir en una angustiosa espera que puede llegar a condicionar incluso la trayectoria profesional.

"La espera se lleva con hastío y desesperanza. Es una situación interina que se ha convertido en indefinida. Yo sigo trabajando, pendiente de un futuro que no llega", cuenta Reyes Vila a Público, escasas horas después de conocerse la ruptura de negociaciones por parte del PP para la renovación del órgano de gobierno de los jueces, que lleva cuatro años con el mandato caducado.

"Ir en la lista de candidaturas al CGPJ no significa que finalmente vayas a salir elegida, pero sería un alivio saber si sí o si no para organizarte y emprender nuevos proyectos", cuenta esta jueza sevillana, que se postula a vocal judicial del CGPJ con el aval de su asociación, la Asociación Profesional de la Magistratura (APM). 

Mientras espera un pacto entre el Gobierno y el PP que ya parece que no llegará en lo que queda de legislatura, la jueza Reyes Vila repasa los últimos cuatro años y los proyectos que dejó en el camino a la espera de que se resolviera la elección de los doce vocales judiciales del Consejo. 

"No me he presentado a elecciones de la Sala de Gobierno del TSJ de Andalucía, por ejemplo, ni me he planteado actividades docentes. No puedes tampoco plantearte el estudio de una especialidad ni formar parte de la junta directiva de tu asociación, por ejemplo, porque así lo recogen los estatutos de la APM. Es un incertidumbre, me genera mucha desesperanza", se queja, aunque indica que sigue con las mismas motivaciones de hace cuatro años para querer llegar al CGPJ: "Estoy convencida de que se pueden hacer las cosas mucho mejor".  

La ruptura de las negociaciones anunciada este jueves por el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, poniendo como excusa la reforma del delito de sedición que pretende proponer el Gobierno, ha sentado como un jarro de agua frío entre los aspirantes a vocal judicial. En total son 51 juezas y jueces que lograron el aval de la carrera judicial y de las asociaciones. Sobre esa lista, el Congreso y el Senado deben designar a doce por mayoría de tres quintos, una mayoría que precisa los votos del PSOE y del PP. 

Dimisión en bloque de los vocales del CGPJ

Uno de esos candidatos, que prefiere no darse a conocer, indica que para desencallar la situación "deben dimitir en bloque los vocales del CGPJ, inmediatamente, para protestar por este golpe institucional del PP. Es intolerable. El PP debe quedarse completamente solo". 

Otro de los candidatos, José Luis Núñez Corral, juez decano de Vitoria-Gasteiz, avalado por la Asociación Profesional de la Magistratura (APM), argumenta que "es probable que si no se renueva ahora el CGPJ, lo haga dentro de más de dos años. Si hay que esperar a la celebración de las elecciones generales, en diciembre de 2023, más el tiempo en que tarda en constituirse el nuevo gobierno, hablamos de más de 24 meses".  

El magistrado Núñez Corral se resigna: "Los candidatos no podemos hacer otra cosa que esperar, es una situación difícil para todos, pero la peor parte se la lleva la ciudadanía. El derecho a la tutela judicial efectiva está en peligro. Si el juez no puede estudiar un caso porque el Supremo está colapsado, al final quien se resiente es el ciudadano". 

La magistrada Lucía Avilés Palacios se presenta como independiente con el aval de 79 compañeros de la judicatura. La suya fue la cuarta candidatura que más apoyos recabó de la carrera judicial, según el listado de los 51 candidatos del CGPJ. Asegura a este diario que sus ilusiones se mantienen intactas desde septiembre de 2018. Ya no está en el mismo juzgado, el de Primera Instancia e Instrucción 3 de Arenys de Mar (Barcelona). Tras su paso por el Juzgado de lo Penal 2 de Mataró (Barcelona), donde dio un vuelco al concepto de violencia machista con la inclusión de la violencia económica contra las mujeres, esta magistrada está destinada en la actualidad en la Audiencia Provincial de Barcelona de manera provisional. 

Lucía Avilés ha avanzado en su trayectoria profesional desde que decidió dar el paso y postular para el CGPJ. Ha afianzado sus compromisos contra la violencia machista. Es la autora de la iniciativa legislativa para tipificar la violencia económica como modalidad reconocida de violencia de género, que ahora estudia el Gobierno.  

"Yo he seguido mi vida profesional, intentando hacer bien mi trabajo. Es cierto que mis expectativas se mantienen donde estaban en septiembre de 2018. Creo que el Consejo debe reflejar la pluralidad social, por razón de edad, de sexo... Es una asignatura pendiente", dice Avilés.

"Como candidata, no me gusta esta politización, no me gusta este secuestro de la institución [CGPJ]; que se haga lo que se tiene hacer, pero se haga ya, según el mandato constitucional. Y luego abriremos un periodo de reflexión sobre cómo debe renovarse el Consejo", indica esta jueza.

Como ciudadana, Lucía Avilés asegura estar muy preocupada por las noticias sobre la falta de acuerdo para renovar el órgano de gobierno de los jueces. "El CGPJ es desconocido para buena parte de la ciudadanía, pero es una pieza clave del Estado de Derecho y su renovación lleva bloqueada durante mucho tiempo. Este secuestro institucional está dando una imagen de politización que provoca que la ciudadanía desconfíe de la Justicia". Y piensa en el trabajo que tendrá que hacer el nuevo CGPJ "de pedagogía" para "hacernos entendibles" por la sociedad.