El rector de la URJC, Javier Ramos, declara este jueves como imputado tras la denuncia del Instituto de Danza Alicia Alonso por haber roto unilateralmente el convenio que tenían firmado. Acude a la cita bajo sospecha de haber cometido varias irregularidades en el proceso de ruptura: prevaricación, malversación de caudales públicos, coacciones y actuar contra la propiedad intelectual.

Además, la citación se produce una semana después de que el Tribunal Superior de Justicia de Madrid volviera a dar la razón al Instituto y desestimase el recurso de la Universidad ante la cautelar que paralizó la suspensión del convenio. Esto forma parte de la vía administrativa que inició el Instituto. 

Ahora llega la parte penal, ya que las denuncias al rector y a la Universidad se interpusieron por las dos vías, como avanzó Público. Ramos declara a las 10.00 h en el Juzgado de Instrucción nº 4 de Fuenlabrada. El representante de la Universidad, uno de los abogados del Servicio Jurídico, declara media hora después. 

La historia entre la Universidad y el Instituto es larga y compleja. En 18 años de colaboración se han firmado en torno a unos diez convenios de desarrollo, acuerdos de modificaciones y documentos, y cada parte ofrece una versión distinta sobre los hechos. 

El Instituto también tiene determinadas particularidades porque es un centro privado gestionado por la Fundación de Danza Alicia Alonso, inscrita en la Comunidad de Madrid desde 1997. Por la ley de la Comunidad las fundaciones tienen que "destinar el patrimonio y sus rentas a los fines fundacionales establecidos". Fines que están declarados de interés público y, en este caso, relacionados con la investigación y la enseñanza. El Instituto, además, se rige según las normativas públicas.

El motivo de la ruptura entre las dos instituciones también es difícil de aclarar. Fuentes de la URJC alegan que se hizo en aras de la transparencia, ya que el Instituto controla sus propias cuentas. Desde el Alicia Alonso explican que esto se debe a que, a diferencia del resto de centros, en este caso se trata de un centro preexistente a la adscripción y que tiene autonomía respecto a la Universidad.

Pero, pese a que es una situación administrativa complicada y particular, lo cierto es que todos los documentos a los que ha tenido acceso Público apuntan a que el rector no cumplió con los plazos a la hora de romper con el convenio. Porque, según el último documento firmado de colaboración —de marzo de 2015— y la ley de Régimen Jurídico del Sector Público, la suspensión del contrato debería haberse avisado con una antelación mínima de tres meses al existir titulaciones en curso. Y las comunicaciones de la Universidad no entrarían dentro de este plazo.

De hecho, el anuncio oficial del rector fue el 7 de octubre, con el curso iniciado. En este mes fue cuando se avisó que la Universidad asumiría "totalmente" la gestión de los grados oficiales impartidos por el Instituto. 

La vía administrativa, por la que el Instituto también denunció a la Universidad y al rector, apunta a lo mismo. El Tribunal Superior de Justicia de Madrid dejó sin efecto la suspensión el pasado 30 de octubre y mandó volver al convenio de adscripción de carácter indefinido, el primero firmado en 2001. El rector presentó un recurso de reposición, pero el Tribunal lo desestimó el pasado viernes, 10 de enero.

Por esta cautelar, el principal problema de la suspensión unilateral, los 32 profesores que estuvieron trabajando sin sueldo, ya se ha solucionado. Según confirmaron fuentes del Instituto a Público, la Universidad hizo la transferencia al Alicia Alonso el pasado 11 de diciembre y ya se pagó a los profesores.

Ahora toca ver cómo se resuelve el conflicto y, lo más importante, cómo termina el proceso sin que siga impidiendo que los centenares de alumnos del Instituto realicen su curso con normalidad. Varios de ellos, como los estudiantes de circo, ya han perdido varias horas de prácticas por no poder acceder a sus aulas. Pero con el segundo semestre que empieza podría solucionarse la situación. 

Además, mientras no se resuelva la vía penal, continúa la paralización de la ruptura. En los próximos meses la vía administrativa también seguirá detenida a la espera de si la Universidad recurre al Tribunal Supremo la desestimación del recurso en los próximos 30 días.