El poder judicial archiva la denuncia de la Fiscalía contra Victoria Rosell

MADRID.- Se rompe el cerco de la Fiscalía a la juez Victoria Rosell, iniciado en octubre cuando anunció que sería cabeza de lista en Las Palmas por Podemos. El Consejo General del Poder Judicial ha archivado las diligencias remitidas por el ministerio público contra la magistrada en excedencia al entender que no hay motivo para sancionarla por una falta muy grave.

La Fiscalía Provincial de Las Palmas consideraba que Rosell pudo incurrir en una falta disciplinaria muy grave ya que su pareja vendió una emisora por 300.000 euros a un empresario que es investigado en una de las causas abiertas en el juzgado del que es titular, el de instrucción número 8 de Las Palmas de Gran Canaria.

Sin embargo, el Promotor de la Acción Disciplinaria del CGPJ, Antonio Fonseca-Herrero, rechaza que exista tal infracción y archiva las diligencias informativas incoadas el pasado 8 de enero.

Fonseca-Herrero entiende que el ministerio público “no ha aportado datos que permitan sostener la existencia de interés directo en la causa penal por parte de Victoria Rosell”.

El Promotor de la Acción Disciplinaria explica que el contrato se firmó el 26 de octubre de 2015, cuando la magistrada ya había solicitado (16 de octubre) y le había sido concedida (22 de octubre) la excedencia voluntaria de la carrera judicial.

Los testigos a los que tomó declaración la propia Fiscalía han confesado que las negociaciones para la firma no se iniciaron hasta primeros de ese mes de octubre, sin que conste que la pareja de Rosell interviniera en ellas hasta los días 8 ó 9 de octubre, según el acuerdo de archivo.

También señala que en el breve tiempo transcurrido entre el inicio de esas negociaciones y la fecha de la excedencia voluntaria, no consta que la magistrada interviniera en la instrucción de la causa.

La Fiscalía, dice el Promotor, no ha alegado nada sobre ello, “como tampoco ha aportado indicio alguno, más allá del hecho de la convivencia, que permita sospechar que la magistrada era conocedora de la actuación de su pareja”.

La pareja de Rosell, Carlos Sosa, cedió al presidente de la Unión Deportiva Las Palmas, Miguel Ángel Ramírez, los derechos de una emisora por 300.000 euros cuando la magistrada ya había dejado el juzgado para concurrir a las elecciones.

El cerco a Rosell desde la Fiscalía se inició en plena campaña electoral contra la candidata de Podemos por Las Palmas, circunscripción de la que ha salido elegida diputada.

La Fiscalía Anticorrupción abrió el expediente en plena campaña electoral para determinar si Rosell retrasó una causa abierta en su juzgado contra Ramírez por delitos fiscales y fraude a la Seguridad Social, entre ellas la petición de una fianza millonaria que se habían solicitado en abril de 2014 y que no había resuelto dentro de las Diligencias Previas 644/2014.

La apertura del procedimiento de la Fiscalía se produjo el pasado 3 de diciembre, cuando las elecciones fueron convocadas el 27 de octubre y días antes Rosell había anunciado su su paso a la situación de servicios especiales en la Carrera Judicial y que había aceptado encabezar la lista de Podemos por las Palmas.

La Fiscalía tomó declaración a varios testigos, incluidos periodistas, mientras sus indagaciones se filtraban a los medios de comunicación en plena campaña electoral.

La situación llegó a tal extremo que el Tribunal Superior de Justicia de Canarias adoptó una medida cautelarísima de protección sobre Rosell y prohibió al ministerio público que siguiera investigando a la candidata porque se estaban vulnerando sus derechos fundamentales.

El mismo día que la Sala de lo Contencioso-Administrativo del TSJ de Canarias amparaba a Rosell por la vía de urgencia, y poco antes de conocerse el acuerdo, la Fiscalía dio una nueva vuelta de tuerca y remitió sus actuaciones al Consejo General del Poder Judicial, que es el que ha archivado ahora esta denuncia.

Además, la Fiscalía inició sus diligencias por una posible falta administrativa, cuando la competencia sancionadora está atribuida por la Constitución y de forma exclusiva al CGPJ, para garantizar la independencia de los jueces.