Las asociaciones de jueces y fiscales más importantes han comunicado este lunes su intención de convocar una huelga indefinida de las Carreras Judicial y Fiscal a partir del día 16 de mayo.

A través de un comunicado conjunto –rubricado por la Asociación Profesional de la Magistratura, la Asociación Judicial Francisco de Vitoria, Foro Judicial Independiente, la Asociación de Fiscales y la Asociación Profesional e Independiente de Fiscales–, han expuesto su preocupación por la falta de dotación suficiente de la administración de Justicia.

Una falta de medios que, aseguran, "afectan tanto a la calidad y rapidez de la respuesta judicial como a la salud de la judicatura y los miembros de la fiscalía".

Por el momento, la asociación Juezas y Jueces para la Democracia y la Unión Progresista de Fiscales no se han sumado a la convocatoria, pese a que comparten el diagnóstico y las reclamaciones, porque quieren esperar a conocer el planteamiento del Ministerio de Hacienda en la reunión de la Mesa prevista para el día 3 de mayo.

El comunicado lamenta, además, que todo se fía a planes de refuerzo y a la dedicación de profesionales, lo que consideran que no puede ser el único remedio a la sobrecarga y la elevada litigiosidad.

Explican que tras las reuniones "decepcionantes" con Justicia el 31 de marzo y 4 de abril, coincidiendo con la huelga de letrados, anunciaron su intención de elaborar un calendario de "medidas de presión", ya que concluyeron sin avances y solo con el compromiso de convocar la Mesa de Retribuciones antes del 10 de mayo.

Según las organizaciones que justifican la huelga, no es suficiente con la convocatoria el 3 de mayo de la mesa, que podría desconvocarse en cualquier momento o concluir sin acuerdos, lo que consideran que sería "dilatar el acuerdo y servir de instrumento de propaganda gubernamental".

Se trata de una convocatoria que, tal y como apuntan jueces y fiscales, se produce en "un contexto de sistemático y persistente abandono de la Administración de Justicia, que degrada la calidad de la respuesta institucional que, desde el sistema judicial, obtienen los ciudadanos que acuden a los Tribunales en busca de la tutela efectiva de sus derechos".

Las asociaciones expresan su firme propósito de trabajar para alcanzar un acuerdo que evite tener que poner en marcha las medidas de presión anunciadas, "desde la misma buena fe que nos ha animado hasta ahora".

"No permitiremos, sin embargo, que esa actitud responsable que sirva una vez más de coartada para la inacción negligente de los Ministerios de Justicia y Hacienda, a los que, dentro del Gobierno, les corresponde velar porque nuestro país disponga de un sistema judicial eficaz que no es posible alcanzar si la labor de jueces, juezas y fiscales no se desarrolla en condiciones –también retributivas– adecuadas", concluye.

Por su parte, la ministra de Política Territorial y portavoz del Gobierno, Isabel Rodríguez, ha afirmado este lunes que la exhumación se está produciendo con "absoluta normalidad" y ha destacado la importancia de haber hecho este trabajo con "todo el rigor científico y técnico y con todo respeto y acompañamiento a su familia".

La ministra ha recordado que el proceso se produce en el marco de lo que mandata la Ley de Memoria Democrática. Preguntada por si la fecha elegida la ha determinado el Gobierno o la familia, ha respondido que se ha trabajado con "absoluto respeto a las decisiones de la familia en el modo en que tenía que realizarse".