MADRID.- El juez central de instrucción del caso Bankia, Fernando Andreu, ha fijado una fianza de 800 millones de euros en concepto de responsabilidad civil ante el "grave perjuicio" que pudo causar a los accionistas minoristas la salida a bolsa de la entidad con unos folletos informativos que no recogían la imagen fiel de la entidad; es más, la operación fue "un relato incompatible con la verdad"

El juez otorga un mes de plazo para depositar la fianza de forma solidaria a Bankia S.A y al Banco Financiero de Ahorros S. A., así como a Rodrigo Rato, Francisco Verdu, y Jose Manuel Fernández Norniella y José Luis Olivas, todos ellos miembros del consejo de administración de la entidad cuando se produjo la salida a bolsa, el 20 de julio de 2011.

Andreu considera que se ha podido cometer un delito tipificado en el Código Penal en el artículo 282 bis, que castiga a quienes como administradores de hecho o de derecho de una sociedad emisora de valores, falsearan la información económica financiera contenida en los folletos de emisión de cualesquiera instrumentos financieros, con el propósito de captar inversores o depositantes.

Andreu concluye del informe pericial "con toda rotundidad que los estados financieros contenidos en el folleto de la OPS de Bankia no expresaban la imagen fiel de la entidad".

Para Andreu hay indicios de la comisión de este delito. El juez instructor entiende que se produjo una falsedad puesto que los estados financieros de Bankia y Bfa desde su constitución no expresaban la imagen fiel de dichas entidades. Se trata de una falsedad, "al tratarse de un relato incompatible con la verdad", sostiene el auto.

El juez fija la fianza solidaria de 800 millones de euros para asegurar los intereses de los accionistas minoristas que concurrieron a la salida a bolsa de Bankia, más aún cuando la apertura de juicio oral "no se encuentra cercana" y existe el "temor a la inoperancia final" de la investigación judicial.

Información falsa con resultado lesivo

El auto sostiene que el folleto informativo que contenía información que no era veraz con la realidad de Bankia estaba dirigido a los inversores minoristas, "pues las negociaciones con los inversores del tramo institucional tienen otro recorrido, dado que los mismos conocen otros aspectos complementarios tanto de su inversión como de los riesgos, teniendo conocimientos más amplios de los que tienen los minoristas" motivo por el que, sin perjuicio de salvaguardar los intereses de los inversores institucionales, la estimación de la fianza se realiza para asegurar las legítimas expectativas de los citados accionistas minoristas.

La falsa información al inversor" tuvo un "resultado lesivo" para el inversor minorista y acarreó un perjuicio a estos nuevos accionistas que "es de muy difícil y laboriosa cuantificación", pues algunos vendieron sus títulos a un precio mayor del que compraron, otros a uno inferior y hay otros que incluso los conservan.

Andreu estima como proporcionada el fijar la cantidad de 800 millones, que supone una tercera parte de la suma invertida por los accionistas minoritarios y que ascendió a  1.800 millones de euros. Es decir, la fianza abarca 600 mas un tercio de dicha cantidad, que la legislación civil siempre se fija, por lo que el saldo final es de 800 millones. El juez recuerda que la ley permitirá ampliar o reducir esa cifra, según la evolución del proceso judicial.

A los cuatro ex miembros del Consejo de Administración se les requiere que depositen la fianza puesto que fueron responsables del acuerdo adoptado en la reunión del consejo de administración de Bankia de 15 de junio de 2011 que supuso la aprobación de los Estados financieros que fueron incorporados al folleto informativo de la salida a bolsa, "cuya veracidad esta cuestionada con sólidos y fundados indicios".

No obstante, Andreu recuerda que la ley permitirá ampliar o reducir esta fianza, según la evolución del proceso judicial.

La acusación 15MpaRato impulsó ante el juzgado la reclamación de que se fijaran fianzas civiles para hacer frente a las responsabilidades civiles en el tramo de los accionistas minoristas. 

Tanto Bankia, como BFA, Rato y su equipo deben depositar en el plazo de un mes una fianza de 800 millones de naturaleza solidaria para hacer frente a sus responsabilidades civiles por esta inveraz salida a bolsa.

En otras palabras, todos son responsables de hacer frente a esta fianza, y si uno de ellos paga los demás quedan liberados de depositar dinero, sin perjuicio de las relaciones internas que tenga.

Es posible que tanto las entidades financieras como la excúpula de Bankia en la época de Rodrigo Rato traten de que sea la aseguradora la que deposite la fianza exigida por la Audiencia Nacional. No en vano la cúpula directiva tenía un seguro de responsabilidad civil.