El titular del Juzgado de Instrucción número 29 de Barcelona ha admitido a trámite la querella del presidente de la Generalitat, Pere Aragonès, por el supuesto espionaje del que fue víctima con el programa Pegasus y ha acordado citar como investigada a la exdirectora del Centro Nacional de Inteligencia (CNI) Paz Esteban.

El magistrado sostiene en el auto que los hechos denunciados por Aragonès en su querella, por delitos de intromisión no autorizada en equipos informáticos, interceptación ilegal de comunicaciones, espionaje informático y contra los derechos fundamentales, presentan características que "hacen presumir la posible existencia de infracciones penales".

Aragonès se querelló contra la exdirectora del CNI Paz Esteban y contra NSO, la empresa israelí propietaria del sistema de ciberespionaje Pegasus, en junio de 2022, si bien el titular del Juzgado número 29 de Barcelona, sobre el que recayó el caso, se inhibió ante la Audiencia Nacional, a instancias de la Fiscalía, al considerar a este tribunal el competente por ser el presidente catalán una alta institución del Estado.

Sin embargo, esta decisión fue revocada en junio pasado por la Audiencia de Barcelona, por lo que finalmente el titular del Juzgado 29 ha asumido el caso, ha acordado admitir a trámite la querella y ha citado como investigada a Paz Esteban -en la que es su primera imputación por los espionajes con Pegasus- el próximo 13 de diciembre, el mismo día en el que también tendrá que comparecer Aragonès, en su caso como perjudicado.

El Gobierno destituyó a Paz Esteban al frente del CNI en mayo de 2022 a raíz de la polémica por el espionaje con Pegasus, que además de Aragonès y más de medio centenar de dirigentes independentistas también alcanzó al propio presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y a la ministra de Defensa, Margarita Robles.

El juez de Barcelona remarca en su auto que el colectivo Citizen Lab, vinculado a la Universidad de Toronto y experto internacional en el programa Pegasus, publicó en abril de 2021 un informe sobre personas del movimiento independentista catalán y de ERC cuyos teléfonos móviles podían haber sido infectados para "espionaje político", entre ellos el de Aragonès.

En este sentido, subraya que el informe de Citizen Lab detallaba que el móvil de Aragonès fue infectado a través de SMS enviados los días 4, 5 y 13 de enero de 2020, cuando era vicepresidente de la Generalitat, y que el informe pericial que se ha presentado en el juzgado "avala" este hecho.

Por este motivo, además de citar a Paz Esteban como investigada, el juez ha acordado una batería de diligencias, entre ellas librar un exhorto al magistrado del Tribunal Supremo responsable del control judicial del CNI para que certifique si ha autorizado el uso de software de control remoto, monitorización, balizamiento o cualquier fórmula de intervención de las comunicaciones de Aragonès.

En caso afirmativo, el juez de Barcelona solicita al del Supremo que le remita las resoluciones judiciales por las cuales se ha autorizado esta "injerencia".

Además, y de forma previa a la solicitud de la "pertinente desclasificación" de documentación secreta, el juez reclama al CNI información relativa a la compra y posible uso de Pegasus y sobre las "concretas personas" que actuaron en nombre de este organismo en los procesos de encargo, compra y recepción del programa y si se utilizó para espiar a Aragonès.

También pide al CNI y a la Comisión Delegada de Asuntos de Inteligencia del Gobierno que concrete si el CNI o cualquier otro organismo gubernamental español ha adquirido o utilizado Pegasus.

El juez se ha dirigido asimismo al Tribunal de Cuentas y a la Intervención General del Estado para que le remitan una certificación sobre si el CNI adquirió productos o licencias o pagó servicios de cualquier tipo a NSO Group desde 2014 hasta la actualidad y que proporcionen todos los datos de los que dispongan sobre estos productos.

Paralelamente, el juez ha emitido una Orden Europea de Investigación para que la empresa matriz de NSO, OSY Technologies, con sede en Luxemburgo, aclare si han comercializado Pegasus con organismos gubernamentales del Estado español y, si es así, que detallen con cuáles y con qué personas.

También requiere a estas empresas que aporten los documentos relativos al "encargo, compra, instalación, pago, formación y soporte" al cliente o técnico del programa Pegasus y que identifiquen a los clientes de este software de espionaje en España.

Asimismo, les solicita que entreguen informaciones y datos sobre los dispositivos y sistemas informáticos sobre los que los organismos españoles "dirigieron y utilizaron el programa Pegasus".

La causa judicial por la querella de Aragonès se suma así a las que ya se instruyen en otros juzgados de Barcelona por este supuesto caso de espionaje político, entre ellas la del Juzgado número 20, que indaga el supuesto uso de Pegasus para infectar los móviles de los diputados de ERC Josep Maria Jové y Diana Riba.

En este caso, la jueza remitió un suplicatorio al Consejo de Ministros para que desclasificara los documentos oficiales secretos relacionados con la compra o uso de Pegasus, antes de citar como testigo a la actual directora del CNI, Esperanza Castelerio, que sustituyó a Paz Esteban.