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La jueza cita a la pareja de Ayuso para declarar el 29 de noviembre por presunto fraude fiscal

Las comparecencias estaban previstas el pasado 24 de junio pero se aplazaron a instancias de la acusación popular.

La pareja de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Alberto González Amador, a su llegada al Tribunal Superior de Justicia, a 22 de mayo de 2024.
La pareja de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Alberto González Amador, a su llegada al Tribunal Superior de Justicia, a 22 de mayo de 2024. Diego Radamés / Europa Press

La jueza Inmaculada Iglesias ha citado a declarar a Alberto González Amador, pareja de Isabel Díaz Ayuso, en calidad de investigado el próximo 29 de noviembre. El acusado volverá a sentarse en los juzgados de Plaza de Castilla para comparecer por la presunta comisión de los delitos de defraudación tributaria y falsedad documental. 

La magistrada llama a declarar el mismo día a los otro cuatro investigados. Las comparecencias estaban previstas para el pasado 24 de junio, aunque se aplazaron a instancias de la acusación popular, que representa al PSOE y a Más Madrid. Las dos formaciones solicitaron en un escrito que se investigaran cinco nuevos supuestos delitos tras analizar un informe de la Agencia Tributaria que consta en el procedimiento.

La semana pasada, la jueza abrió una pieza separada para investigar si González Amador pudo cometer los delitos de administración desleal y de corrupción en los negocios. Hace cinco meses, la pareja de Ayuso vio frustradas sus expectativas de cerrar un pacto con la Justicia para evitar la cárcel a cambio de reconocer su culpa.

Esta pieza se abre para esclarecer si pudo incurrir en "otros delitos distintos" mediante el uso de una sociedad pantalla en el marco de sus negocios con la empresa Quirón Prevención SL. Las declaraciones del día 29, no obstante, se enmarcan dentro de la causa principal.

La Fiscalía denunció a González Amador por defraudar más de 350.000 euros entre 2020 y 2021, usando un entramado de facturas falsas. El empresario ofreció un pacto al Ministerio Público en el que se mostraba dispuesto a aceptar ocho meses de prisión y pagar más de medio millón de euros –entre deudas, multas e intereses– a cambio de no entrar en la cárcel. 

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