Oriol Junqueras ha vivido su primer día como diputado electo como los últimos dos meses y medio, y lo cerrará manteniendo su condición de preso preventivo, privado de libertad desde el 2 de noviembre de 2017. En las elecciones generales del domingo, el líder de ERC y exvicepresident de la Generalitat se hizo con la victoria en Catalunya, pero aún no está claro en qué se traducirá esta designación, dada su condición de acusado en el juicio a la cúpula del procés, que debe enjuiciar el Tribunal Supremo.

Además del número uno de la lista más votada en Catalunya el domingo, otros tres acusados son diputados electos (Jordi Sànchez, Jordi Turull y Josep Rull, de JxCat), y uno más es senador electo (Raül Romeva, de ERC); todos ellos están en prisión provisional, lo que supone un escenario inédito.

Y, si bien las defensas plantean que esta situación podría incluso conllevar a la suspensión temporal del juicio, la tesis con más apoyos hoy por hoy es que los cinco serán suspendidos como parlamentarios.

Fuentes del Supremo consultadas por Público sólo aclaran que, hasta la fecha, el tribunal que enjuicia el procés aún no ha tomado ninguna decisión. Deberán estudiarlo, sostienen, añadiendo que tampoco han recibido ninguna petición a este respecto por parte de las defensas. Los 7 magistrados de la Sala de lo Penal tendrán que resolver esta cuestión antes del 21 de mayo, día de la constitución de las nuevas Cortes Generales, y con la vista puesta en el día 6 de ese mismo mes, cuando se abre el plazo para que los electos presenten los documentos que acrediten su condición. Para esto no es necesaria su presencia -salvo la de Romeva-, que sí lo es el día de constitución del nuevo Congreso, para tomar posesión de sus actas -aunque en el Senado sucede lo contrario-.

La Ley de Enjuiciamiento Criminal (Lecrim) establece, en su artículo 384, que los presos preventivos acusados de rebelión quedarán suspendidos de sus funciones como cargos públicos, y éste fue el mismo artículo esgrimido por el Supremo cuando los dirigentes políticos catalanes fueron elegidos diputados autonómicos en el Parlament, el 21 de diciembre de 2017.

En segunda instancia, como informa EFE, parte de los abogados defensores sostienen que la misma Lecrim podría sustentar la suspensión del juicio (en los artículos 750 y consecutivos). Según su razonamiento, al ser procesado un parlamentario, el tribunal -el Supremo, en este caso-, deberá ponerlo en conocimiento de Congreso y Senado, para solicitar su autorización para seguir adelante con la causa, lo que se conoce como suplicatorio. No obstante, los acusados ya están procesados, ya hay auto en firme y está en marcha el juicio.

Por su parte, fuentes de las defensas sólo afirman que el escenario está abierto. En el caso de Junqueras, precisan, “no es preciso que vaya a recoger el acta”, ya que así lo permite el Reglamento del Congreso, pero sí “tendría que ir el 21 al pleno constituyente, a jurar o prometer”. “En el caso de Romeva”, apuntan, “el Senado sí especifica que tenga que ir a recoger acta”.

No obstante, pese a las incógnitas en todos los frentes, el juicio al procés ha seguido su avance este lunes. La 37 sesión de la causa venía a abrir la 12 semana de juicio, cerca de cumplirse los tres meses que en su día el propio presidente del Supremo y del Consejo General del Poder Judicial, Carlos Lesmes, estimó que podría durar. Las defensas dan por hecho que no acabará antes de mediados o finales de junio, y tampoco descartan que incluso se prolongue hasta julio.

Declaraciones en cuatro idiomas

En otro orden de cosas, la 37 jornada de la causa ha seguido la tónica de la semana pasada, para acoger las declaraciones de media docena de testigos llamados por las defensas de Junqueras (y Romeva) y de Jordi Cuixart, presidente de Òmnium Cultural. Entre ellos había un exministro de Exteriores esloveno, eurodiputados, un alcalde catalán e incluso una parlamentaria de Quebec.

La sala de Plenos del Alto Tribunal ha acogido respuestas pronunciadas hasta en cuatro idiomas -castellano, esloveno, portugués y francés-, con algunas dificultades con el intérprete que asistía al exministro esloveno Ivo Vajg, al que el presidente del tribunal, Manuel Marchena, ofreció incluso que respondiera en inglés, por las dificultades que afrontaba el traductor.

Y, como ha venido haciendo especialmente en las últimas sesiones, Marchena no ha dejado de acotar las respuestas de los testigos -e incluso alguna de las preguntas de la Fiscalía-. "Tiene usted que prescindir de la tentación de hacer valoraciones de lo que pueda considerarse un conflicto político”, regañaba a la eurodiputada socialista portuguesa Ana Gomes. “Cualquier ciudadano podría ser testigo si pudiera contar lo que vio por la tele”, apostillaba, después de que la parlamentaria relatara incluso cómo narró lo ocurrido aquel día a sus nietas, y cómo tuvo constancia de las cargas policiales a través de la televisión.

Vajg y Gomes se esforzaban por destacar las convicciones pacifistas y la lucha por la igualdad de género de Romeva, a quien pudieron conocer en su etapa como eurodiputado, mientras que el exparlamentario del Bundestag alemán Andrej Hunko afirmaba que viajó a Catalunya en octubre de 2017 como “visitante internacional”. Corrió con todos los gastos, salvo dos noches de hotel y una comida, el 1-O, sin poder aclarar quién afrontó estos pagos.

"A mí no me pagaron nada por venir de visitante a Barcelona, y no conozco a nadie que haya recibido remuneración por esa visita”, respondía. Su testimonio contrastaba con el de Helena Catt, también testigo en la causa, que sí admitió haber cobrado casi 9000 euros por su labor como coordinadora de un grupo de trabajo multidisciplinar que plasmó en un informe la situación en Catalunya en esas jornadas. A su vez, la parlamentaria de la Asamblea Nacional de Quebec, Manon Massé, declaraba por videoconferencia para reconocer que ella sí actuó como “observadora internacional” -era la primera testigo en asumir esta denominación-, si bien afirmó que no había cobrado nada por ello, y que costeó de su bolsillo todos sus gastos.

Lluìs Llach se planta ante Vox

Tras Massé, para cerrar la jornada, declaró el cantautor y exparlamentario de Junts pel Sí Lluìs Llach, testigo citado por la acusación popular que ejercen los ultraderechistas de Vox. Llach, ataviado con un gran lazo amarillo en el pecho, y luciendo un reloj con pulsera del mismo color, respondió a las preguntas de los ultraderechistas, no sin antes manifestar su incomodidad por deber hacerlo: "Soy independentista, y, con la venia, señor presidente, como ciudadano homosexual, independentista y aspirante a ciudadano del mundo, estoy en desacuerdo [con responder a Vox]”.

“Usted tiene el deber legal de responder a sus preguntas”, abroncaba Marchena, ante lo que el testigo seguía contestando. Rechazó haber apreciado violencia en la concentración multitudinaria del 20 de septiembre de 2017, ante la sede de la Consellería de Economía de la Generalitat, y reconoció que fue él quien tuvo la idea de que los Jordis (Cuixart y Sànchez, diputado electo de JxCat en el Congreso y expresidente de la ANC), se subieran a un coche de la Guardia Civil para dirigirse a los concentrados. "Lo lamento, pero les dije que el único sitio donde podía ser eficaz la desconvocatoria era encima de los coches, porque era el único sitio en el que les podía ver todo el mundo", sentenció.

Diputados electos ultraderechistas, al otro lado de la sala

Otra de las situaciones excepcionales de este juicio es el hecho de que otros dos diputados electos se sientan en el estrado de las acusaciones: son Javier Ortega Smith y Pedro Fernández, secretario general y vicesecretario Jurídico de Vox, respectivamente. Ambos han llevado las riendas de la acusación de los ultras hasta la fecha, si bien este lunes acudían al Supremo tras haberse convertido en cargos electos en las elecciones que volaron por los aires las aspiraciones de Vox, pero que les granjearon su ansiada entrada en el Parlamento.

El programa de Vox se asienta en gran medida en la posición del partido en lo que respecta a Catalunya, un saco en el que cabe un discurso incendiario –“¡Puigdemont, a prisión!”, grito varias veces repetido por Ortega Smith- y su promesa electoral de prohibir los partidos independentistas. Hasta la fecha, el Supremo ha considerado que esto no les incapacita para ejercer como acusación popular, si bien ninguna de las defensas ha hecho hincapié en que, además de todo lo anterior, ahora son también cargos electos.