El juicio contra el juez Manuel Penalva y el fiscal Miguel Ángel Subirán, ambos jubilados anticipadamente, y cuatro agentes de la Unidad de Blanqueo de la Policía Nacional comienza este lunes en el Tribunal Superior de Justicia de las Illes Balears (TSJIB), diez años después de que se iniciara una de las más importantes investigaciones de corrupción policial, empresarial y política en Mallorca y en España, el caso Cursach. 

Son más de 500 años de cárcel los que la Fiscalía Anticorrupción pide para el juez, el fiscal y los policías; en concreto, 118 años para Penalva y 122 para Subirán. El Ministerio Fiscal les acusa de presuntas ilegalidades en la instrucción del caso Cursach [sobre una trama mafiosa en torno al magnate de la noche mallorquina Bartolomé Cursach, de la que fueron absueltos todos los acusados] y en una de sus derivadas, el caso ORA [sobre la adjudicación de las máquinas de control de aparcamiento en Palma, que resultó archivada]. 

Según el escrito de Anticorrupción, los seis acusados filtraron información secreta o reservada de la investigación a periodistas, ordenaron detenciones arbitrarias y presionaron a acusados y testigos en la instrucción de la causa Cursach. 

Sin embargo, todos ellos niegan los cargos y tienen pruebas para desarmarlos, según ha podido saber Público de fuentes jurídicas. Por ejemplo, no solo niegan cualquier tipo de filtración sino que alegan una confusión intencionada en el escrito de la Fiscalía, a cargo de Tomás Herranz y Fernando Bermejo, respecto a las fechas en las que se levantó el secreto de las actuaciones de las diversas piezas que engloba el caso Cursach. 

Polémica actuación de los fiscales

La defensa del juez y el fiscal procesados arremete contra la actuación del fiscal Herranz, el mismo que no pudo contener las lágrimas al final del juicio de Cursach mientras clamaba por la inocencia de los acusados. Sostiene que la Fiscalía ha permitido precisamente lo que les imputa a ellos: filtraciones "en tiempo real" de las actuaciones en la causa contra Subirán y Penalva. 

Respecto a las 15 órdenes de detención y de prisión provisional cuestionadas, entre ellas las del entones diputado del PP Álvaro Gijón, sus padres y un hermano por el caso ORA, los acusados mantienen que estuvieron justificadas en base a la gravedad de los delitos investigados.  

Hay que recordar que fue el fiscal jefe de Anticorrupción en Mallorca, Juan Carrau, el que pidió prisión provisional para varios de los acusados, entre ellos Bartolomé Cursach. Sorpresivamente Carrau cambió de tesis después, apoyando la inocencia de todos los procesados. Este fiscal testificará a petición de Anticorrupción en el juicio contra Subirán y Penalva.

Una magistrada recusada

El tribunal del TSJIB que juzgará a partir del lunes al juez y al fiscal instructores del caso Cursach está formado por el magistrado Diego Gómez-Reino, expresidente de la Audiencia Provincial de Palma, que será el ponente de la sentencia; el magistrado Antoni Capó, que es el presidente del tribunal; y la magistrada Felisa Vidal. 

Precisamente esta jueza fue recusada por el fiscal Juan Carrau en el procedimiento abierto por la querella del Diario de Mallorca y Europa Press contra él mismo y el juez Miguel Florit. Los medios denunciaron el espionaje que sufrieron dos de sus periodistas a raíz de la autorización de Florit, con el apoyo de Carrau, para intervenir los móviles de los informadores en el marco de la investigación del caso Cursach, después de que fuera apartado el juez Penalva. 

Carrau cuestionó la neutralidad de la magistrada Felisa Vidal porque esta había sido la jefa de los servicios jurídicos del Govern del 'popular' Jaume Matas. El fiscal esgrimía que él, como fiscal Anticorrupción, había acusado al expresident Matas en varias ocasiones. Finalmente el incidente de recusación no prosperó. 

Una débil prueba de cargo

Una de las principales pruebas que presentarán los fiscales Herranz y Bermejo es el chat 'Sancus'. Se trata de un grupo de 'whatsapp' en el que los procesados compartían impresiones sobre la investigación y los investigados; un grupo privado, entre amigos, con expresiones espontáneas, incluso soeces, que fue descubierto gracias al espionaje a los periodistas de Diario de Mallorca y Europa Press. 

Entre septiembre y diciembre de 2018 el juez Florit autorizó que se interceptaran las conversaciones telefónicas de los dos periodistas y posteriormente la incautación de sus móviles y ordenadores. La excusa era descubrir la presunta filtración de un informe de Hacienda sobre el Grupo Cursach. 

Espiar a los periodistas

Los policías terminaron por identificar alguna llamada entre los periodistas y los policías de Blanqueo y el fiscal. Nada ilícito ni fuera de lo normal en el periodismo de tribunales, pero el hallazgo sirvió para detener a uno de los agentes de Blanqueo, al que se le incautó su propio móvil y ahí se descubrió el chat 'Sancus'. 

Una vez desvelado el contenido de dicho chat, los abogados de los acusados de Cursach y la Fiscalía aprovecharon para dar un vuelco al caso, acusando al juez Penalva y al fiscal Subirán de coaccionar a los testigos, muchos de ellos protegidos, para impedir represalias que finalmente ocurrieron. Por ejemplo, el testigo protegido 29 tuvo que irse del país después de ser agredido varias veces por sicarios. 

Pero el chat podría ser declarado como prueba inválida. El pasado mes de febrero el TSJIB anuló los cuatro autos dictados por el juez Florit ordenando el espionaje de los dos periodistas. El Tribunal Constitucional ya les había amparado en marzo de 2022, dictaminando que se había vulnerado el derecho a la libertad de información, al secreto profesional, así como a la tutela judicial efectiva de ambos informadores. 

Doctrina de los frutos del árbol envenenado

El TSJIB ha determinado que debe quedar sin efecto la información obtenida a través del registro de llamadas y la incautación posterior de los móviles de los dos periodistas. Esto implicaría que todo lo que se hubiera avanzado en la investigación del caso Cursach gracias al ilegal espionaje de los informadores debería quedar anulado también, según informan fuentes jurídicas a este medio. Es lo que en Derecho se conoce como la doctrina de los frutos del árbol envenenado. No se hubiera llegado al citado chat sin la injerencia en la actividad periodística. 

Esta será una de las cuestiones que plantearán las defensas de los acusados. El tribunal se reserva casi dos semanas, tras las dos primeras jornadas del juicio, para deliberar sobre las cuestiones previas. El juicio podría quedar anulado o podría celebrarse íntegramente. 

Según ha podido saber Público de fuentes jurídicas, los acusados desean declarar y explicar la presunta campaña policial, apoyada por la Fiscalía, para tumbar la investigación del caso Cursach y exonerar al magnate del ocio mallorquín; una campaña que ha acabado con sus carreras profesionales.