Que la aritmética parlamentaria de esta legislatura es compleja y endiablada ya lo sabían en el PSOE. Los resultados de las elecciones del 23J dejaron un panorama en el Congreso en el que los socialistas no podrían recurrir a la llamada "geometría variable" usada en algunas ocasiones por Pedro Sánchez la pasada legislatura. Los bloques están muy claros. Y al Gobierno no le queda otra que amarrar a todos sus socios sin excepción o pactar con el PP de Alberto Núñez Feijóo. 

Esta semana el PSOE ha sumado dos fracasos parlamentarios seguidos en una legislatura ya de por sí lenta a nivel legislativo y marcada por el ciclo electoral. La particularidad de esta situación es la diferencia de voto en la coalición de Gobierno. Sumar ha rechazado dos iniciativas de sus socios. Primero, votaron contra la admisión a trámite de la ley contra el proxenetismo el pasado martes. Y este jueves, aunque no se ha llegado a votar, se disponían a rechazar la Ley del suelo. Ante la previsible falta de apoyos, el PSOE retiró del orden del día la votación. 

Hay diferencias entre ambos asuntos aunque el resultado es el mismo. En el primero de ellos, el pasado martes, los socialistas habían asumido la negativa de Sumar. La líder del espacio, Yolanda Díaz,  reveló ese mismo día que su posicionamiento en contra estaba pactado con Sánchez y por ello no estaba incluido en el acuerdo de coalición. Aún así, el PSOE se decidió a presentarla "por principios" para "prohibir el proxenetismo en todas sus formas". 

Quedaba entonces la opción del PP. Un partido con el que prácticamente no se ha llegado a ningún acuerdo. En 2022 los populares votaron a favor de una propuesta parecida. Pero a las puertas de las elecciones europeas, el partido de Feijóo prefirió evidenciar la "soledad" del PSOE y Sánchez. Su posicionamiento fue criticado por los socialistas públicamente. 

Este jueves, en cambio, la votación de la Ley del suelo no ha llegado ni a producirse. Los socialistas la han retirado del orden del día tras constatar que no tenían apoyos parlamentarios. La ministra de Vivienda, Isabel Rodríguez, ha señalado que 

Desde Sumar destacan que ya presentaron en su momento una observación formal al Consejo de Ministros oponiéndose a esta ley. Señalan al respecto que el PSOE sabía que su socio votaría en contra en el Congreso. Fuentes socialistas niegan ese punto y aseguran que se enteraron de sus posiciones en el momento en el que el espacio de Díaz lo comunicó ante los medios. 

"Esta ley es una barra libre para saltarse controles climáticos y una pérdida de derechos para la ciudadanía al dificultar que se puedan denunciar posibles irregularidades en los planes urbanísticos", apuntan en Sumar. La ley también provoca rechazo, como informó este medio, en los colectivos ecologistas. 

Los socios del PSOE critican que esa ley no se negociara de forma previa. Ahora la situación cambia y la ley se traslada al ámbito parlamentario para que puedan negociarse algunos asuntos de una ley que en esencia el Gobierno considera necesaria. 

Desde el Gobierno, más que en Sumar, han puesto el foco en el PP. Critican que sus intenciones han sido únicamente "electoralistas" y con el objetivo de "poner una zancadilla a Sánchez". Alegan además que esta norma era solicitada por los ayuntamientos de todo signo a través de la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP). 

La diferencia entre las dos normas impulsadas por el PSOE radica en que la segunda se aprobó en Consejo de Ministros. Partía del propio Gobierno y la votación en contra por parte de Sumar hubiera sido una imagen casi inédita desde que hay coalición progresista.

La pasada legislatura las tensiones entre PSOE y Unidas Podemos fueron habituales pero no se llegó a ese tipo de votaciones diferenciadas en iniciativas presentadas por el propio Gobierno. Excepto en una ocasión, en la Ley Audiovisual pero en la que desde UP decidieron abstenerse y no votar en contra. En cualquier caso, fuentes socialistas, aunque no ocultan su molestia por la actitud de sus socios, la enmarcan en un contexto de disputa electoral de cara al 9 de junio.. 

"Cuidar la mayoría progresista"

Otros socios necesarios del Gobierno como EH Bildu han pedido este jueves "cuidar" la mayoría que hizo posible la investidura de Sánchez en noviembre. "Lo ocurrido esta semana ha demostrado lo que no se tiene que hacer para que la legislatura tenga recorrido. Hay que cuidar esta mayoría tan diversa y plural, de lo contrario el resultado es el bloqueo y la suma cero. No se había hecho un trabajo previo de negociación", denunció el diputado de la formación vasca Oskar Matute. 

"Confiar a estas alturas en el PP me parece una temeridad por parte del PSOE", criticó por su parte el portavoz de ERC, Gabriel Rufián. El parlamentario catalán insistió en la idea de que el PSOE "no ha seguido el camino del diálogo". En Podemos han celebrado la decisión del Gobierno y se han felicitado por haber conseguido parar "por tercera vez" esta norma. Algo que, según ha recordado Ione Belarra, ya realizaron cuando estaban dentro de la coalición gubernamental. 

Los socialistas confían en que tras la cita electoral del 9 de junio se normalice la actividad legislativa. Realmente habrá que esperar un poco más, hasta que se resuelva la gobernabilidad en Catalunya. Después, los planes del Ejecutivo son retomar las vías de diálogo con ERC y Junts, congeladas desde el adelanto electoral.

Los planes del PSOE pasan también, como es obvio, porque Salvador Illa sea president y la gobernabilidad de Sánchez no se vea afectada. Del mismo modo la idea, y primer punto clave para ver si eso se cumple, será la negociación de los Presupuestos Generales del Estado (PGE) para 2025. A la vista de lo sucedido esta semana, las posibles conversaciones no serán fáciles. En el PSOE recuerdan de forma habitual que "nunca lo han tenido fácil".