La discreción y el silencio se suelen considerar como síntomas de la buena marcha de una negociación. Si no existen mensajes cruzados en público, críticas o distintas versiones de las conversaciones que se mantienen se debe, en teoría, a que se ha entrado en una fase decisiva en la que los avances son tan relevantes que el acuerdo está muy próximo.

Esta fase es también la más delicada, en la que una discrepancia de última hora puede dinamitar todos los avances alcanzados en semanas y meses de trabajo. La ley de vivienda parece haber embocado esta etapa y su negociación (una de las más largas de la historia si se atiende al compromiso inicial de aprobarla, que se remonta al año 2020) podría estar cerca de alumbrar un acuerdo para aprobarla.

Esta norma está ante su última oportunidad de hacerse efectiva en la legislatura. Los retrasos que ha sufrido, las parálisis y los bloqueos hicieron que a finales del pasado año se diera, incluso, como una de las leyes que no verían la luz y, también, como uno de los compromisos incumplidos del acuerdo de coalición entre el PSOE y Unidas Podemos.

Sin embargo, a principios de este año trascendió que se había producido un giro radical en la situación de esta norma que había cambiado por completo sus expectativas. Las negociaciones entre el bloque de la investidura (Podemos, ERC y EH Bildu) y el PSOE estaban avanzando, puntos del texto que provocaban enormes discrepancias entre las partes se estaban consensuando, y la ley de vivienda volvía a ser, después de bastante tiempo, una posibilidad cierta.

La traducción de esa buena marcha de las negociaciones tendrá lugar este martes, cuando se constituirá la ponencia de la norma en la Comisión de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana del Congreso de los Diputados. Aunque este paso no es, en ningún caso, decisivo, ni garantiza que la proposición de ley vaya a salir adelante, es un cambio de escenario que impide que se siga hablando de una norma bloqueada en su trámite de enmiendas.

El avance en su tramitación se suma a la discreción que desde hace unas semanas impera entre las partes que negocian el texto legislativo. Todas trasladan la necesidad de tener prudencia para que las conversaciones lleguen a buen puerto y coinciden en que el asunto avanza. También comparten que se ha entrado en una fase decisiva y que, incluso, esta misma semana se podría dar un cambio de escenario muy importante; aunque, de momento, los grupos que negocian rechazan hablar de un acuerdo cerrado en los próximos días.

Una negociación multilateral del bloque de investidura

La norma se ha definido en distintos momentos y ámbitos hasta llegar al texto que se conoce en la actualidad. Primero, tuvo lugar una pugna intensa y prolongada en la que Unidas Podemos pidió una ley de vivienda que recogiera la intervención de los precios del mercado del alquiler en las denominadas zonas de mercado tensionado frente a un PSOE que se resistía a promover medidas que actuaran directamente sobre este ámbito.

La negociación en el seno del Gobierno se desarrolló durante un año  (primero entre Ione Belarra, secretaria de Estado, y el ministro José Luis Ábalos; y  después entre Belarra, ministra, y la ministra Raquel Sánchez) y no fue hasta febrero de 2021 cuando el Consejo de Ministros dio luz verde al texto. Luego en el Congreso, donde el espacio confederal ha buscado ampliar la norma y lograr la prohibición de desahucios de familias vulnerables sin alternativa habitacional, la ampliación del parque público de vivienda y la ansiada intervención de los precios del alquiler.

En la actualidad, la negociación en el Congreso es multilateral y Podemos se reparte  con ERC y EH Bildu el debate con el PSOE sobre los puntos más sensibles de la ley. Los de Belarra se centran en lograr que la regulación de los alquileres se aplique también a los nuevos contratos de viviendas que llegan ex novo al mercado, con el objetivo de que la rebaja de los precios sea eficaz y se instale una verdadera cultura de alquileres asequibles.

EH Bildu negocia con los socialistas la definición de gran tenedor de vivienda. En la actualidad, el proyecto de ley del Gobierno incluye en esta categoría a todas las personas y entidades (como fondos, bancos y empresas) que tengan 10 o más inmuebles; el objetivo del bloque de la investidura es rebajar este número y, al parecer, podría cerrarse un acuerdo para que fueran la mitad, cinco, las viviendas necesarias para considerar a grandes propietarios.

Por su parte, ERC negocia medidas de protección de los inquilinos que hayan firmado un contrato del alquiler y, sobre todo, buscan que la norma estatal que eventualmente apruebe el Congreso de los Diputados ampare a la ley catalana de vivienda, suspendida en parte de sus preceptos por el Tribunal Constitucional al entender que invadía competencias del Estado en materia, precisamente, de regulación de los alquileres,

Para Podemos esta negociación no solo es la mejor y, seguramente, última oportunidad para aprobar esta ley, sino también un ejercicio de refuerzo del bloque de la investidura y de su acción política negociada y coordinada.