El empresario y consejero de la constructora OHL Javier López Madrid, el exgerente del Canal Isabel II Idelfonso de Miguel y el exconsejero-delegado de la Agencia de Informática de la Comunidad de Madrid (ICM) José Martínez Nicolás han abonado en las últimas horas sendas fianzas de 100.000 euros impuestas por el juez de la Audiencia Nacional Eloy Velasco en el marco de la 'Operación Lezo' que investiga presuntas irregularidades en la gestión del Canal de Isabel II.

Según han informado fuentes jurídicas, tanto López Madrid como Martínez Nicolás abonaron este martes cada uno 100.000 euros con el fin de eludir la prisión. Tenían de plazo hasta las 12.00 horas del próximo 28 de abril para pagar esta cantidad, ya que, tras tomarles declaración el juez instructor en la noche del pasado viernes, quedaron en libertad bajo esta condición.

En cuanto a De Miguel, Velasco decretó su ingreso en prisión bajo fianza de 100.000 euros este martes tras interrogarle por el presunto cobro de algún tipo de comisión relacionada con la construcción de los Teatros del Canal. Las mismas fuentes han afirmado que ha abonado la cifra requerida este mismo miércoles.

Indicios de delito, según el auto

El auto del juez Velasco que recoge los indicios que justifican la medida de prisión incondicional dictada en la noche del pasado viernes para el expresidente de la Comunidad de Madrid Ignacio González por la 'Operación Lezo' señala que López Madrid dejó plasmado por escrito unas anotaciones que desvelan que OHL tenían que seguir la "instrucción de Nacho" (en referencia al exmandatario regional) de cara a firmar la adjudicación del proyecto de cercanías entre los municipios madrileños de Navalcarnero y Móstoles en 2007.

Según Velasco, el yerno del empresario Juan Villar Mir dio a González "unos detalles muy concretos" sobre el pago de una comisión de 1,4 millones de euros para la adjudicación de dicho contrato.

Sobre Martínez Nicolás, el juez de la Audiencia Nacional afirma que "infló" contratos suscritos con PriceWaterhouseCooper (PWC) e Indra para conseguir el millón de euros que González le solicitó en 2012 para pagar las deudas derivadas de la campaña electoral autonómica de 2011 y así "sanear las cuentas" del PP de Madrid.

Viaje a Colombia con González

En este mismo auto se desprende que, según una de las conversaciones grabadas entre los hermanos González en alusión al expresidente regional y su hermano Pablo González (en prisión eludible bajo fianza de cuatro millones de euros), "Ildefonso de Miguel habría cobrado algún tipo de comisión relacionada con la construcción de los Teatros del Canal".

De Miguel, que acompañó a Ignacio González en el viaje a Colombia en el que fueron espiados, está considerado como la mano derecha del expresidente de la Comunidad de Madrid en el Canal de Isabel II, donde ejerció como gerente desde 2004 hasta 2009.

Tras tomarle declaración, el titular del Juzgado Central de Instrucción número 6 de la Audiencia Nacional ordenó bloquear los terrenos de la Bodega Miguel y Ruano, propiedad del exgerente de la empresa pública de aguas y de su mujer Concepción Ruano Puente. Se trata de casi 30 hectáreas de terreno situadas en la localidad burgalesa de Roa, cuya producción da lugar al vino denominado Loess, del que se producen 35.000 botellas.

Pago de fianzas de otros detenidos

Estos tres investigados en la 'Operación Lezo' se suman al cuñado de González, José Juan Caballero, que este lunes también pagó la fianza de 100.000 euros y por tanto salió de prisión. Asimismo, el exgerente del Canal Isabel II Adrián Martín de la Joya presentó el pasado viernes (un día después de comparecer ante Velasco y de entrar en cárcel) un aval para afrontar la fianza de la misma cantidad impuesta por el juez.

Mientras tanto, el hermano del expresidente de la Comunidad de Madrid, Pablo González, y la exdirectora financiera del Canal de Isabel II María Fernanda Richmond se encuentra en prisión eludible bajo fianza de cuatro millones de euros. Ignacio González y el presidente de Inassa, filial del Canal en Latinoamérica Edmundo Rodríguez Sobrino fueron los dos únicos detenidos para los que Velasco decretó la prisión incondicional comunicada, tal y como solicitó el Ministerio Público.

La única que quedó en libertad con la medida cautelar de comparecer en los juzgados mensualmente es Clarisa Guerra, exsecretaria de Edmundo Rodríguez, que prestó declaración judicial horas después de producirse las detenciones.