Un vídeo colgado en Twitter (advertimos de que son imágenes de contenido sensible) el pasado 9 de enero muestra a dos galgos escuálidos. Acaban de llegar a la Fundación Benjamín Mehnert, cuya sede en Sevilla se dedica a recoger perros de caza abandonados. La hembra está aterrada. El macho se encuentra en un estado de desnutrición extremo. Tanto que, según indica el perfil digital de la fundación, le ha provocado el hundimiento del cráneo. El 7 de enero muestra a un podenco enjaulado (advertimos de que son imágenes de contenido sensible) rescatado por la asociación animalista. Tiene el cuello desollado, según muestra crudamente el vídeo.

El goteo es incesante. Desde el mes de octubre, cuando se inició la temporada de caza, Benjamín Mehnert ha contabilizado 346 perros recogidos. Solo en diciembre, 146 animales. "Y aún queda enero y febrero", subraya la fundación proteccionista en un tuit. 

Revisar su perfil de Twitter es espeluznante. Está plagado de vídeos y fotografías estremecedoras de perros maltratados sin piedad (advertimos de que son imágenes de contenido sensible). Y un mensaje atraviesa todo el hilo de la red social: el Gobierno de Pedro Sánchez ha abandonado a miles de canes en la actual redacción de la Ley de Bienestar Animal, que aún se encuentra en negociaciones entre los grupos.

La Fundación Benjamín Mehnert es solo una de las decenas de asociaciones animalistas que han proliferado en los últimos años en España. El número de animales domésticos abandonados, principalmente perros y gatos, es tremebundo. Inasumible para un país que se reclama civilizado. En su censo de 2021, la Fundación Affinity contabilizó 285.000 perros y gatos desamparados. De esa cifra, 168.000 corresponde a canes. La caza es la segunda causa de abandono, después de las camadas no deseadas, según el balance anual efectuado por Affinity. Y representa el 13% del total. Es decir, según el cálculo de esta fundación animalista, 21.849 perros procedentes de la actividad cinegética terminan cada año en la calle o en un centro protector de animales. 

El Partido Animalista (PACMA) duplica esa cifra con creces. Sus estimaciones superan de largo los 50.000 perros de caza abandonados cada año. Son datos de 2019. Aquel año efectuaron un muestreo en cien de las más de mil protectoras que hay en España y contabilizaron 8.500 perros desamparados. Una sencilla regla de tres, según argumenta su presidente, Javier Luna, eleva la cifra a 85.000.

El número contrasta radicalmente con la versión ofrecida por los cazadores. "Con el debido respeto, son datos falsos, que persiguen criminalizar al colectivo", asegura José María Mancheño, presidente de la Federación Andaluza de Caza. El representante gremial no ofrece un dato alternativo. Se limita a refutar las estimaciones publicadas por las asociaciones proteccionistas, que barajan una horquilla entre los 22.000 a los 85.000 perros abandonados. "No hay una sola estadística oficial. Ni del Seprona, ni del Ministerio, ni de la Dirección General de Derechos de los Animales. Y PACMA lleva 25 años hablando de 50.000 perros abandonados. Si fuera así, España estaría llena de perros", argumenta Mancheño.

Además de presidente de PACMA, Javier Luna es miembro de la entidad protectora Galgos del Sur, con sede en Córdoba. Cada año rescatan 400 canes, principalmente galgos y podencos. "Tenemos dos perreras: en Córdoba capital y en Lucena. Los cazadores los dejan allí cuando ya no les son útiles. Es un abandono, pero le llaman cesión. Y una forma legal para no ser acusados. Se ponen en contacto con nosotros muchísimos cazadores. Y nosotros preservamos su identidad para evitar que los maten". Esa era la práctica común hace años. Muchos galgos son colgados en olivos, tiroteados o ahogados en balsas de alpechín. Ahora hay menos muertes. La creciente presión social y la proliferación de las protectoras han limitado significativamente el número de sacrificios.

Los galgos se utilizan habitualmente para la caza menor, fundamentalmente de liebres en campo abierto. Andalucía, Castilla La Mancha, Castilla y León, Extremadura, País Valencià, Comunidad de Madrid y Murcia son las regiones principales de esta práctica cinegética. "Los cazadores buscan una carrera limpia. No quieren que el galgo haga recortes. Muy pocos galgos sirven. La temporada empieza en octubre y termina en enero. El abandono entonces es brutal", denuncia Javier Luna.

En la caza mayor es distinto. Aquí ya se utilizan otras razas caninas. El presidente de PACMA ha documentado muchas rehalas y promovido abundantes denuncias. "Es terrible. Los perros están amarrados todo el año. Viven en zulos. En perreras donde no entra el aire apenas, con techos de chapa en verano, encadenados y bajo un olor insoportable a heces y pipí. Están en muy malas condiciones físicas. Muchos mueren con la cadena puesta. Y en la caza se exponen a muchos peligros: son corneados por jabalíes o ciervos, caen a pozos o son disparados por los propios cazadores. Es un mundo salvaje y cruel".

Meses atrás, intervinieron en Granada en dos rehalas. Y en Cabra (Córdoba) descubrieron 29 perros atados a varios olivos sin comida ni agua. Los animales estaban esqueléticos. Se presentaron acompañados con dos veterinarios y los cazadores fueron condenados a 18 meses de prisión, que es el máximo que recoge el código penal para este tipo de delitos.

Los cazadores niegan la mayor. Aseguran que todas las denuncias animalistas son falsas o sobredimensionadas. "La persona que mata perros es un delincuente y se le sanciona. Incluso se le procesa judicialmente", dice el presidente de la Federación Andaluza de Caza. Y pone como ejemplo los datos del Seprona, que, en modo alguno, reflejan la situación dramática que exponen las asociaciones proteccionistas.

Mancheño se felicita por la redacción provisional de la Ley de Bienestar Animal, que ha sacado fuera de su articulado a los perros de caza. "Nos parece lo más adecuado. No es que estemos en contra del bienestar animal, pero nuestros animales no son de compañía. Son auxiliares de caza. Y, por lo tanto, para los cazadores era imposible cumplir el texto legal".

Entre otras muchas disposiciones, el proyecto de ley obligaba a los dueños de perros a educarlos para no hacer daño a otros animales y prohibía cualquier tipo de actividad que pudiera ocasionarle lesiones físicas. "Eso es incompatible con la caza. Nuestros perros dan muerte a otros animales y, a veces, pueden ser dañados en la actividad de caza. Velamos por el bienestar de nuestros animales, pero necesitamos un régimen legal diferente", opina José María Mancheño.

El PSOE introdujo algunas enmiendas al texto inicial, que neutralizaron las disposiciones más conflictivas y acabaron sacando a los perros de caza del proyecto. "Todo esto es un despropósito. Obedece a intereses ideológicos. El bienestar animal ya está regulado en las comunidades autónomas y el Tribunal Constitucional tumbará la ley porque invade sus competencias".

En España hay 6,5 millones de perros, según el estudio de Affinity. El 2,6% acaba abandonado. La mitad de los desamparados son finalmente adoptados y un 15% permanecen en las protectoras, que ya suman un total de 1.591 en todo el país.