El Gobierno de coalición, a pesar de no tener mayoría absoluta por sí solo en el Congreso, ha sacado adelante numerosas iniciativas a lo largo de estos tres años de legislatura. Tanto es así que, aunque se ha enfrentado a situaciones anómalas, como la pandemia de la covid-19 o la guerra en Ucrania, así como a la crisis energética y económica derivada del conflicto, la agenda legislativa ha alcanzado velocidad de crucero, acercándose a los niveles de los ejecutivos de mayoría absoluta.

El Gobierno y los partidos que lo conforman, PSOE y Unidas Podemos, han conseguido aprobar en la Cámara Baja más de 180 leyes, entre las que destacan los tres presupuestos generales del Estado. Si bien, todavía quedan importantes  cuentas pendientes que, de no aprobarlas, sería una mancha importante en el historial al estar comprometidas entre las fuerzas que componen el denominado bloque de la investidura.

Se trata de la nueva ley estatal de vivienda y la reforma de la ley mordaza. También la ley de bienestar animal está a la espera. En esencia, son normas que, aunque están estancadas en la Cámara Baja por la falta de acuerdo entre el PSOE y Unidas Podemos, hay negociaciones más o menos constantes con la finalidad de darles un impulso y que finalmente vean luz verde.

Está por ver también el impulso que pueda recibir en el próximo periodo de sesiones (desde febrero hasta junio) el proyecto de ley de equidad sanitaria, que también enfrenta a los socios de coalición y cuyo plazo de enmiendas parciales sigue abierto. Asimismo, este retraso de la ley contrasta con la actual oleada de protestas de los sanitarios en gran parte del Estado contra la precariedad que sufren.

La eterna espera para desempolvar los secretos oficiales

Pero más allá de estas iniciativas, hay otros compromisos avalados por una amplia mayoría parlamentaria, que duermen en el sueño de los justos, olvidados en un cajón del Congreso y con pocas perspectivas de que vean luz verde a pesar de que varias de ellas son cuentas pendientes de esta y otras legislaturas anteriores. 

La palma de esta prolongada espera se la lleva la ley de secretos oficiales. Y no será por falta de iniciativas. Pese a que el PNV presentó en 2020 su propuesta para modificar la norma franquista vigente, la cuarta iniciativa en seis años, en la que pide levantar el secreto de los documentos clasificados en un plazo de 25 años y de diez en el caso de las materias reservadas, el Gobierno aprobó en agosto un anteproyecto de ley en este sentido. 

Lo hizo en el marco de las negociaciones para destensar sus relaciones con ERC y otros socios a raíz del estallido del caso Pegasus. La Ley de Información Clasificada incorpora cuatro categorías en función de la sensibilidad de la información, pero fija un mínimo de 50 años para guardar los "altos secretos" de Estado, lo que no ha convencido a los aliados del Gobierno en el Congreso. El hecho de que solo se haya aprobado en primera vuelta dificulta además que la norma reciba luz verde definitiva en este último tramo de legislatura, marcado además por el ciclo electoral.

Cuentas pendientes con la democracia

Algo similar ocurre con la regulación de la actividad de los lobbies o grupos de presión en el sector público. El Congreso aceptó tramitar una norma en esta dirección en mayo de 2021 a propuesta del PSOE, pero Pedro Sánchez apostó más tarde por impulsar la iniciativa desde el Gobierno. Así, el Consejo de Ministros aprobó en primera vuelta el anteproyecto de Ley de Transparencia el pasado mes de noviembre, por lo que esta regulación tendrá que esperar.

Otras leyes atascadas en el eterno trámite de la ampliación de enmiendas desde el inicio de la legislatura son la primera ley estatal de bebés robados para hacer justicia a la víctimas, y la proposición de ley para equilibrar las ratios de enfermeros y enfermeras de España con el fin de garantizar la seguridad del paciente en centros sanitarios y otros ámbitos.

Dos iniciativas impulsadas por Unidas Podemos

Ni rastro hay de la Ley de salud mental de Unidas Podemos admitida a trámite en septiembre de 2021. La iniciativa legislativa, con el foco puesto en la prevención del suicidio, también contempla programas específicos para identificar patologías en salud mental derivadas de la pandemia de la covid-19. Y es que esta problemática cobró especial presencia mediática a colación de la emergencia sanitaria, aunque ya este asunto está fuera de la agenda política.

Por último, la ley de libertad de expresión, también planteada a instancias del grupo morado en el marco de las protestas por la entrada en prisión del rapero Pablo Hasél, sigue guardada en un cajón. La norma contempla la derogación de los delitos de injurias a la Corona y a las instituciones del Estado, del delito contra los sentimientos religiosos y el que hace referencia al enaltecimiento del terrorismo, pero las reticencias del PSOE a eliminarlos del Código Penal postergan esta reivindicación de los colectivos sociales a pesar de las críticas internacionales.