La Comisión de Ética Pública de Castilla y León concluyó el pasado lunes 29 -por unanimidad de sus miembros-, que ni el vicepresidente de la Junta, Juan García Gallardo, ni el consejero de Industria y Empleo, Mariano Veganzones, ambos de Vox, vulneraron el Código Ético, dando por cerrada así la consulta presentada por el procurador del Grupo Mixto, Francisco Igea.

 La Comisión, sin embargo, lejos de ser un organismo independiente, está formado por miembros del propio Gobierno de la Junta y personas muy afines al mismo, lo que le resta la credibilidad necesaria en este tipo de pronunciamientos.

De hecho, el presidente de la Comisión es el consejero de Presidencia de la Junta -Luis Miguel González Gago- y el resto de vocales, políticos del propio PP o personas muy afines al partido de Mañueco. Tanto es así que Santiago Fernández es el actual secretario general de la Consejería de la Presidencia de la Junta; Pedro Tomás Nevado-Batalla fue consejero en la Junta de Extremadura, durante el Gobierno del popular José Antonio Monago; Elena Vicente es miembro del Círculo Católico de Obreros de Burgos y Miguel Díaz, catedrático de Derecho mandato popular desde 2017, además de ser presidente del Comité de
Apelación de la Federación Española de Fútbol.

La Comisión de Ética concluyó de esta manera, teniendo en cuenta, como se asegura en nota de prensa de la Junta, la doctrina generada por el Tribunal Constitucional y la jurisprudencia del Tribunal Supremo. Por esta razón, el procurador de Ciudadanos, Francisco Igea, que fue el que inició las solicitudes de pronunciamiento aseguró en sus redes sociales al conocer la polémica resolución que "si solo es éticamente reprobable aquello que es penalmente punible, entonces sobra la comisión de ética y el código ético. Nos basta con el código penal y los tribunales".

Igea se refería con su petición al posible incumplimiento del artículo 6, apartado 2, de dicho código, que recoge que los altos cargos de la Junta de Castilla y León "en actos públicos o privados evitarán adoptar conductas o actitudes que puedan perjudicar la imagen de la Administración o entidad en la que prestan sus servicios".

Los hechos valorados

El polémico vicepresidente de la Junta de Castilla y León, el ultraderechista Juan García-Gallardo, se hizo grabar un vídeo en octubre difundido en la red social X (antes Twitter) en el Balneario de Las Salinas en Medina del Campo (Valladolid). En él cargaba contra la "invasión migratoria" propiciada por el Gobierno central, al realojar de forma provisional es ese lugar a 183 migrantes llegados a las costas de Canarias.

El de Vox dijo que eran "jóvenes, varones, en edad militar" y que generaban "sensación de inseguridad en el pueblo". El Gobierno central "se arroga a la representación de las mujeres y luego trae aquí a 183 varones", añadió. No es la primera vez que García-Gallardo carga contra la inmigración.

Ya lo hizo en Salamanca durante la campaña electoral, al asegurar que "nosotros ya hemos elegido: natalidad nacional, mientras ellos eligen inmigración". Además, aseguró en una entrevista en junio del pasado año que "para que siga habiendo Castilla y para que siga habiendo León, tiene que haber niños castellanos y niños leoneses". "Nuestra prioridad es que las familias españolas tengan niños españoles", ha afirmado.

Por su parte, el consejero de Empleo, Mariano Veganzones, también de Vox, asistió el 16 de noviembre a una manifestación ante la sede del PSOE en Valladolid -junto a García-Gallardo- en la que se increpó y acosó a una periodista de Cadena Ser -varios miembros de Vox la grabaron con sus móviles mientras trabajaba-, se corearon consignas contra el Gobierno, los medios de comunicación ("prensa española, manipuladora", decían) y contra los menores migrantes y se insultó gravemente al ahora ministro Óscar Puente.