Ante la situación "crítica" de la sanidad pública en Andalucía, que no remonta el vuelo, las mareas blancas buscan ahora 40.000 firmas con las que presentar en el Parlamento autonómico una Iniciativa Legislativa Popular (ILP) que proteja el sistema.

La proposición que han presentado este martes a la prensa recoge una modificación de la Ley de Salud de Andalucía, de 1998. La clave fundamental de lo que pretenden las mareas está en el artículo 44 de la norma. Hoy recoge "el uso preferente de los recursos sanitarios públicos en la provisión de los servicios".

Las mareas pretenden cambiar este uso "preferente" por un sistema 100% público, en lo que afecta al gasto de la Junta de Andalucía. Así lo recogen en el texto que ahora pretenden que apoyen con su nombre y apellidos 40.000 ciudadanos: "El modelo organizativo en el ámbito del Sistema Nacional de Salud consistirá en la titularidad pública y la gestión pública directa de los servicios, centros y establecimientos sanitarios".

"En ningún caso —se añade— podrán prestarse por gestión indirecta, mediante concierto, convenio o cualquier otra fórmula, los servicios, centros y establecimientos sanitarios que se creen o se estén gestionando de forma directa en el marco del Sistema Nacional de Salud". 

En Andalucía, el PP tiene mayoría absoluta, por lo que esta ILP tiene un recorrido complicado. Aunque llegue a debatirse en pleno, como ya sucedió con una sobre educación, será muy complicado que se acabe por aprobar. 

Desviación de fondos

Para las mareas el traspaso de fondos a operadores privados y, como consecuencia, la expansión de la sanidad privada, es el gran problema del sistema. "Hay que decir que después de varios años siguiendo esta política de derivaciones asistenciales y de recursos económicos al sector privado, la situación sanitaria en Andalucía no solo no ha mejorado, sino que está empeorando. En este sentido, hay evidencias que indican que, si se emplearan los fondos públicos derivados al sector privado en los Centros Públicos, el deterioro actual se paliaría sustancialmente".

Este es el análisis de situación que hacen hoy las mareas: "La Atención Primaria ha dejado de ser accesible (demora media de cita entre 10- 14 días), se ha perdido la longitudinalidad asistencial (es decir, una persona debe ser atendida de forma estable por el mismo equipo médico), y se han eliminado sus funciones de promoción de la salud de la comunidad y prevención de sus enfermedades. Estas actividades asistenciales de la Atención Primaria son cruciales ya que se ha demostrado que, por sí solas, son capaces de disminuir la mortalidad de la población en un 30%".

Asimismo, "las listas de espera sanitarias, tanto las diagnósticas como las quirúrgicas se han visto incrementadas de forma escandalosa". "Esto ha dado lugar —sostienen las mareas— a que los tiempos de espera actuales hayan aumentado, en muchos casos por encima de los plazos máximos marcados por los decretos reguladores, lo que establece una ilegalidad flagrante y duradera". Las mareas han llevado a la Fiscalía las listas de espera.

"Aunque esta realidad —añaden las mareas en la exposición de motivos de la ILP— se ha tratado de ocultar durante los últimos años (2021-2023), al final, han terminado conociéndose. Actualmente el 12,5% de la población andaluza está en alguna de esas listas". Además, "hay muchos pacientes que están esperando sin estar en las listas (las agendas están cerradas, etc.) y la situación en las áreas rurales es de abandono completo en muchas comarcas".

Así, remachan las mareas: "No sólo existe un sufrimiento insoportable de una parte importante de la población andaluza, que está en espera de ser atendida, sino que sus vidas pueden estar en peligro si no se conoce a tiempo el diagnóstico de sus padecimientos. De hecho, existen evidencias científicas que permiten anticipar que los efectos nocivos de esta situación pueden provocar aumentos de la mortalidad tratable de la población andaluza".