El juez de la Audiencia Nacional José Luis Calama cita a declarar en calidad de testigos al ministro de Interior, Fernando Grande-Marlaska y a la titular de Defensa, Margarita Robles, en la investigación del caso Pegasus. El magistrado ha acordado las diligencias de ambos miembros del Gobierno después de escuchar el testimonio de la exdirectora del CNI Paz Esteban y el del ministro de la Presidencia, Félix Bolaños.

Además, Calama ha pedido al Consejo de Ministros que desclasifique documentos declarados como secretos o reservados. La investigación comenzó el 26 de abril por posibles delitos de descubrimiento y revelación de secretos. La Abogacía del Estado denunció la infección de los móviles de Pedro Sánchez, Margarita Robles y, posteriormente, también el de Grande-Marlaska.

Revelación de secretos

El análisis del Centro Criptológico Nacional (CCN-CERT), adscrito al CNI, mostró que los teléfonos del presidente del Gobierno y la ministra de Defensa "fueron objeto de varias infecciones por la herramienta Pegasus, 'software' espía de dispositivos móviles, entre los meses de mayo y junio de 2021", de acuerdo con la primera resolución de la investigación.

Pegasus infectó el móvil de Sánchez el 19 de mayo de 2021 y otra vez el día 31 del mismo mes, indican los informes del CERT. Por su parte, el teléfono de Robles habría tenido la misma suerte en junio del mismo año. Calama identificó que "se produjo exfiltración de información" durante la intrusión, pero que actualmente ambos dispositivos parecen libres del software.

En plena crisis con Marruecos

El jefe del Ejecutivo sufrió el primer ataque informático durante la entrada de unas 10.000 personas migrantes por Ceuta entre el 17 y el 18 de mayo de 2021, después de que Marruecos facilitara el acceso. Sánchez acudió a la ciudad autónoma en el segundo día y también visitó la frontera de Melilla con el titular de Interior.

El segundo ataque habría sucedido durante una reunión del líder del Gobierno con el mandatario de Polonia, Mateusz Morawiecki, en Alcalá de Henares. Marruecos comunicó aquel día que la crisis diplomática no se debía a la atención sanitaria que el Estado español ofreció al líder del Frente Polisario, sino a la postura neutral del Ejecutivo respecto al Sáhara Occidental.