El juez de Madrid José Yusti no decidirá si archiva la causa abierta sobre la paralización de la exhumación de Francisco Franco hasta la semana que arranca el 21 de octubre, según fuentes jurídicas, a pesar de que el Supremo haya confirmado la urgencia de la decisión del Gobierno de sacar los restos del dictado de una propiedad del Estado y haya resuelto que no es una obra mayor y no precisa permiso municipal.

El magistrado necesita incorporar primero a su procedimiento la sentencia del Supremo que da luz verde a la exhumación de Franco. Luego tendrá que decidir si se ha producido una pérdida sobrevenida del objeto del recurso contencioso con el que paralizó la licencia de obras de manera cautelarísima dado que, en su opinión, había peligro de derrumbe de la Basílica del Valle de los Caídos, donde yacen los restos de Franco, situado en San Lorenzo del Escorial (Madrid).

El juez tiene dos alternativas legales para incorporar la sentencia al procedimiento abierto en su juzgado: el propio Yusti podría pedir la sentencia al Supremo directamente, o bien esperar a que la Abogacía del Estado la aporte. En uno u otro caso, suponen unos tres días de espera porque, por ahora, a su juzgado de lo Contencioso 3 de Madrid no ha llegado esta sentencia.

Una vez aportada la sentencia, el magistrado tiene previsto estudiarla detenidamente y trasladarla a las partes para que se pronuncien sobre si el recurso ha perdido su objeto tras la decisión del Supremo que da luz verde al acuerdo del Gobierno de Pedro Sánchez de exhumar los restos de Franco e inhumarlos en el cementerio de El Pardo-Mingorrubio.

La Abogacía del Estado, la Fiscalía y la Fundación Franco tendrán entonces un plazo de diez días para responder sobre si se debe archivar el caso o no, a la vista de la sentencia del Supremo. Y luego el juez debe resolver.

Por su parte, el Gobierno en funciones, que pretendía abordar esta cuestión en el Consejo de Ministros del próximo viernes, rebaja ahora esta previsión. Fuentes del Ejecutivo apuntan que toca estudiar en detalle la situación, antes de acordar una fecha para proceder a la exhumación. 

Este martes, el presidente en funciones, Pedro Sánchez, afirmó que podrán proceder con la exhumación "en unas semanas". En una entrevista en la Cadena Ser, Sánchez ha reconocido que quedan algunos trámites por cumplimentar, pese al aval "bastante contundente" de la sentencia del Supremo, y ha incidido en que le gustaría que el cuerpo de Franco saliera del Valle antes del arranque de la campaña electoral, el 1 de noviembre.

Después de la sentencia del 1-O

Entre un paso y otro, la decisión de Yusti no llegará hasta el 21 ó 22 de octubre.
Por lo tanto, la decisión de este juez de Madrid que mantiene paralizada la exhumación del dictador se conocerá después de que la Sala de lo Penal del alto tribunal comunique la sentencia histórica sobre el 1-O, donde han sido juzgados 12 líderes del ‘procés’ con Oriol Junqueras a la cabeza por el supuesto delito de rebelión, sedición, decisión, malversación y organización criminal. Este tribunal tiene previsto fallar antes del 16 de octubre.

El calendario no termina aquí. Tras conocer el criterio de las partes, Yusti entrará en el fondo para archivar o no el caso. Es previsible que se avenga a lo que dispone el Supremo, pero Yusti puede discrepar al considerar que no es una obra menor y que existe peligro de derrumbe (como sostiene el informe de la Fundación Franco en el que se basó para suspender la licencia de obra).

En este caso, el juez seguiría adelante y las partes pueden recurrir a la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, que tendrá la última palabra.

José Yusti Bastarrache, juez de lo Contencioso número 3 de Madrid, fue recusado sin éxito por la Abogacía del Estado, al entender que no podía resolver sobre la exhumación de Franco tras haber redactado en 2007 un artículo titulado Gobierno y armada española en la monarquía absoluta. En este artículo, Yusti acusaba al entonces Ejecutivo socialista de "revivir oscuras intenciones" con la Ley de Memoria Histórica a la que tildó de “maldad de [José Luis Rodríguez] Zapatero y del socialnacionalismo". El TSJ de Madrid consideró que las opiniones del juez eran irrelevantes para cuestionar su imparcialidad y que su decisión final no dependerá de dicha ley.