La magistrada del Juzgado de Instrucción número 8 de Zaragoza, Nicolasa García ha elegido este 18 de julio, octogésimotercer aniversario de la sublevación militar contra el Gobierno democrático de la Segunda República, para archivar la querella en la que a principios de año el Ayuntamiento de Zaragoza y las familias de 33 represaliados denunciaron 108 presuntos crímenes del franquismo con más de 130 víctimas cometidos en el partido judicial de la capital aragonesa entre 1936 y 1977.

Los denunciantes, en una fecha que este año ha sido doblemente dolorosa para ellos por la coincidencia del aniversario de la sublevación y el sobreseimiento de la querella, han ido conociendo esta mañana de boca de sus abogados la decisión de la magistrada, sobre la que deben decidir si presentan o no un recurso ante la Audiencia Provincial de Zaragoza.

Las familias de 33 de los represaliados, y algunos de ellos en persona, ejercen la acusación particular en este caso, lo que permitirá a los letrados de ALAZ (Asociación Libre de Abogados de Zaragoza) seguir litigando para intentar que una instancia judicial superior revoque la resolución de la jueza y le obligue a investigar los hechos denunciados.

El Ayuntamiento de Zaragoza estaba personado como acusación popular después de que el pleno aprobara la pasada legislatura emprender las acciones legales a propuesta de Chunta Aragonesista.

Sin embargo, el cambio de color operado el pasado 15 de junio, tras haber ordenado la dirección de C’s a su grupo municipal romper las negociaciones con el PSOE y apoyar al candidato a la alcaldía del PP, Jorge Azcón, para investirlo con los votos de Vox, apunta a que el consistorio va a inclinarse por no recurrir la decisión.
El PP fue el único partido que votó en contra de la propuesta de los nacionalistas, que recibió el apoyo de ZeC (Zaragoza en Común) mientras PSOE y Ciudadanos se abstenían. Eso significa que ninguno de los dos grupos del nuevo equipo de gobierno municipal, y menos sus socios preferentes de Vox, está a favor de la querella.

La ley de Amnistía de 1977

El auto por el que la jueza decreta el libre sobreseimiento de la causa, lo que significa que no puede volver a ser reabierta, al contrario de lo que ocurre con los archivos provisionales, sigue la tesis del Supremo y expone en cinco folios que la aprobación de la Ley de Amnistía de 1977 hace que los delitos cometidos antes de esa fecha, ya fuera durante la guerra civil, en la dictadura o en los primeros años de la transición, no pueden ser perseguidos por los tribunales.

La norma, vendida como una amnistía para sacar de la cárcel y para limpiar los historiales de miles de antifranquistas, incluía dos gazapos propuestos por UCD al final de la tramitación, los artículos 2.e y 2.f, que borraban los delitos cometidos por agentes de la autoridad y por funcionarios.

Años después, al absolver al exjuez Baltasar Garzón de la acusación de prevaricación por investigar los crímenes del franquismo, la Sala Segunda del Supremo estableció una doctrina según la cual los delitos de esas cuatro décadas habían sido amnistiados por la norma de 1977, por lo que no son perseguibles. 

El auto de sobreseimiento cita la jurisprudencia del Supremo cuando afirma que "el derecho a conocer la verdad histórica no forma parte del proceso penal" y que "no procede mezclar la verdad histórica con la forense", por lo que, añade, "no puede constituir el objeto del presente procedimiento el efectuar una investigación para determinar el contexto-histórico en el que se produjeron unos determinados hechos".

La jueza señala, por otro lado, que los crímenes que recoge la querella y a los que no afecta la Ley de Amnistía "ya fueron objeto de otras [diligencias judiciales] distintas; por lo que, en ningún caso, procedería investigarlos en esta causa", al tiempo que anota que el Estatuto de Roma "no contiene una obligación directa de los Estados de perseguir penalmente los crímenes internacionales".

La resolución mantiene, por otro lado, que la Ley de Amnistía, además de seguir vigente, fue "confirmada en su contenido esencial" el 19 de julio de 2.011, cuando el Congreso rechazó una proposición para modificarla. Su eventual derogación, añade, "correspondería, en exclusiva, al Parlamento; y ello con independencia de las posibles consideraciones políticas que puedan efectuarse sobre tal ley o sobre su vigencia; consideraciones que, en ningún caso, son aplicables al proceso penal".

Más de cien testimonios portados a la querella argentina

La denuncia, dirigida contra siete policías sospechosos de haber participado en torturas y contra siete gobernadores militares y once civiles como presuntos autores de los delitos de genocidio y de crímenes de lesa humanidad, en concurso con asesinatos, detenciones ilegales, torturas y lesiones, sostiene que, precisamente por los dos primeros tipos penales, se trata de crímenes imprescriptibles.

Sin embargo, esa novedad jurídica fue introducida en la reforma del Código Penal de 2015, posterior al juicio a Garzón pero mucho más a la ley de 1977.
La querella se basa en los testimonios de más de 130 represaliados que fueron atendidos por los abogados de ALAZ en la Oficina de Denuncias abierta por el Ayuntamiento de Zaragoza hace ahora poco más de un año.

La documentación de esos hechos, por otro lado, ha sido remitidos al juzgado argentino que dirige la magistrada María Servini, donde serán incorporados a la causa de la querella argentina contra el franquismo.

Zaragoza forma parte de la Red de Ciudades contra la Impunidad Franquista junto con otras que han llevado a los tribunales la represión y los bombardeos sobre la población civil que los sublevados y la dictadura desplegaron en sus términos, como Pamplona, Barcelona, Vitoria, Durango, Elgeta y Mondragon.