La ley para ilegalizar asociaciones franquistas avanza con la abstención del PP y el voto en contra de Vox
La reforma se aprobará en el Congreso en abril y servirá para frenar a la Fundación Francisco Franco.
Madrid--Actualizado a
La Comisión Constitucional del Congreso ha aprobado este martes la reforma de la ley que regula el derecho de asociación, impulsada por el PSOE para abrir la puerta a la disolución de entidades que hagan apología del franquismo. El dictamen de la comisión ha salido adelante con el apoyo del PSOE, Sumar, ERC, Junts, PNV y Bildu, mientras que el PP y UPN se han abstenido y Vox ha votado en contra.
La previsión es que esta norma, que arrancó su tramitación en octubre, sea elevada al Pleno la segunda semana de abril para su remisión al Senado. Al tratarse de una ley orgánica, necesitará un respaldo de al menos 176 diputados (mayoría absoluta) para su aprobación y remisión al Senado, por lo que el PSOE no puede perder a sus aliados.
La reforma busca dar cumplimiento a la disposición adicional séptima de la Ley de Memoria Democrática, que data de octubre de 2022, y que ya preveía la modificación de la ley de asociaciones en este sentido.
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La norma afecta sólo a asociaciones, ya que en el caso de las fundaciones, como la Fundación Francisco Franco, los intentos de disolución siguen otro camino, pues dependen del Ministerio de Cultura que encabeza Ernest Urtasun, de Sumar, que inició los trámites previos el pasado junio. No obstante, ante la posibilidad de que la fundación intente transformarse en asociación para evitar su extinción, el PSOE optó por impulsar en paralelo la reforma de la Ley de Asociación, según han explicado fuentes parlamentarias.
En concreto, se va a incluir en la ley vigente una disposición adicional en la citada norma para incluir como causa de disolución "la realización de actividades que constituyan apología del franquismo", bien "ensalzando el golpe de Estado de 1936 o la dictadura posterior", "enalteciendo" a sus dirigentes, siempre que "concurra menosprecio y humillación de la dignidad de las víctimas" del golpe, la guerra o la dictadura o con "incitación directa o indirecta al odio o violencia contra las mismas por su condición de tales".
Y, además, se deja claro que el motivo de disolución se aplicará con independencia de los fines teóricos y actividades plasmados en los estatutos y de que la asociación cuestionada haya cumplido o no el deber de inscripción registral, toda vez que el éste se prevé sólo a efectos de publicidad.
Disolución por la vía penal
La iniciativa original subrayaba que la disolución tendrá que realizarse mediante resolución judicial y que corresponderá al Ministerio Fiscal "el ejercicio de la acción en este tipo de procesos", pero en la fase de ponencia se introdujo una nueva vía para esa disolución. Fue a través de una enmienda transaccional pactada por PSOE, Sumar, ERC, Junts, Bildu, PNV y BNG que abría la puerta a la disolución por la vía penal.
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"El Ministerio Fiscal valorará el ejercicio de la acción penal de disolución por delitos relativos a derechos fundamentales, especialmente en lo relativo al delito de asociación ilícita, cuando concurran supuestos de incitación al odio o a la violencia", recoge esa transaccional.
Además, la enmienda permite reconocer la "legitimación activa" en esta materia a las asociaciones, entidades o personas jurídicas que tengan como fines la defensa de la memoria democrática y de las víctimas del golpe de estado de 1936 y de la dictadura".
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Esta transaccional ha sido criticada este martes en el debate de la comisión por la portavoz de Justicia del PP, María Jesús Moro, por suponer, a su juicio, la introducción de una "suerte de acusación popular en el ámbito civil" justo cuando el PSOE ha planteado limitarla en el penal. También ha rechazado que se incorpore un mandato al Ministerio Fiscal que, a su juicio, "carece de sentido".
Moro ha censurado que tanto con la Ley de Memoria Democrática como con esta reforma se entra en "una consideración de Constitución militante", un punto en el que ha coincidido con el portavoz de Vox, Carlos Flores Juberías. "El Gobierno pretende hacer de la española una democracia militante, en la que la ideología del Gobierno de turno acabara convirtiéndose en una suerte de ideología oficial del Estado, ante la que no cabría disidencia alguna", ha dicho el diputado.
Además, Flores Juberías ha recordado que la Constitución "solo permite excluir a quienes pretendan conformar asociaciones de carácter secreto o paramilitar, o a quienes pretendan organizarles haciendo caso omiso de la voluntad de sus miembros", lo que le ha llevado a calificar la reforma de "liberticida". También ha deslizado que no conoce ninguna asociación que haga apología del franquismo añadiendo la "bajeza" de hacerlo "con menosprecio y humillación a las víctimas" o incitando al odio contra ellas.
"La Constitución no será militante, pero la democracia sí debe militar y defenderse de sus enemigos, y no puede permanecer inerme", ha replicado el socialista Artemi Rallo, para quien la "libertad de asociación no es un derecho absoluto y no puede amparar el discurso del odio".
Según Rallo, esta reforma es necesaria para combatir el "nuevo fascismo" que tiene "su propia versión española". "Una versión nostálgica del franquismo, desacomplejada, ofensiva, hiriente, insensible, inhumana, negacionista y revanchista. Una extrema derecha fascista que ha vuelto del agujero negro donde les había colocado la historia", ha apostillado, en referencia a Vox.
Enaltecimiento del terrorismo
Por otra parte, Moro ha lamentado que el PSOE y sus socios no se hayan avenido ni siquiera a discutir las enmiendas planteadas por su grupo alegando que no tenían que ver con la ley a reformar. El PP quería incluir como causas de disolución de asociaciones la apología de todos los regímenes totalitarios como el "comunismo" o el "fascismo" y también la apología del terrorismo, especialmente de ETA.
También había presentado una enmienda para incorporar el enaltecimiento del terrorismo el diputado de Unión del Pueblo Navarro (UPN), Alberto Catalán. Ambas propuestas han sido rechazadas con los votos del PSOE y sus socios y Vox se ha abstenido en la relativa a la apología de ETA.
Desde Sumar, Nahuel González ha mostrado su apoyo a la reforma y ha justificado su negativa a apoyar como causa de disolución de asociaciones el enaltecimiento del terrorismo en que la apología de ETA ya está tipificada en el Código Penal y no es "objeto" de esta reforma.
Delitos de usurpación y allanamiento de morada
En el debate de la comisión no se ha mencionado la enmienda transaccional que, según han informado fuentes parlamentarias, el PSOE intentó añadir en la fase de ponencia para que los delitos de usurpación y allanamiento de morada no se dirimieran en juicios rápidos.
Su idea era utilizar esta reforma, de carácter orgánico, para corregir la enmienda del PNV que, con el voto en contra del PSOE y Sumar, se incluyó el pasado noviembre en la Ley de Eficiencia del Servicio Público de la Justicia, que ya está en vigor y que permite agilizar los desahucios en casos de ocupación por allanamiento de morada. Esa enmienda se aprobó con el voto del PP y también de ERC y Bildu que votaron a favor por error.
Sin embargo, al carecer de apoyos para poder corregir ese asunto en la Comisión Constitucional, los socialistas no han vuelto a intentar este martes introducir la citada enmienda transaccional que llegaron a sellar con Podemos.
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