En medio de la crisis climática y en un contexto de falta de agua por los excesos y las escasas precipitaciones, después de largos meses inmerso en un viaje a ninguna parte de la mano de la ultraderecha, el presidente de la Junta de Andalucía, Juan Manuel Moreno Bonilla (PP), firmó este lunes con el Gobierno de España, con la vicepresidenta Teresa Ribera (PSOE), un acuerdo por la protección y el desarrollo de Doñana.

Ambos dirigentes y sus equipos se congratularon de haber podido poner fin a un conflicto, que arrancó cuando Moreno lanzó hace prácticamente dos años, sin consenso alguno, conjuntamente con Vox (y con Ciudadanos en origen), un proyecto de ley que afectó al prestigio internacional de la comarca.

La norma (tachada de amnistía a los regantes ilegales por los grupos ecologistas) permitía recalificar las hectáreas regables en el entorno del parque nacional, lo que había generado grandes críticas conservacionistas y la amenaza de multas de la Comisión Europea a España. Ya hay una sentencia que condena al país por no cuidar de manera suficiente los acuíferos. 

El cultivo bajo plástico de fresa y frambuesa, destinada a la exportación, es uno de los motores de la economía de la provincia de Huelva y factura en el exterior cada año más de mil millones de euros.

El pacto entre Ribera y Moreno evita que se apruebe ese proyecto de ley. "Se retira definitivamente. Ese proyecto de ley decaerá. Este acuerdo es una solución mejor, aporta seguridad jurídica y aumenta el prestigio de Doñana y la imagen de unidad y sensatez ante las instituciones europeas", dijo el presidente andaluz.

También recoge inversiones multimillonarias (Moreno habló de 1.400 millones entre todas las administraciones) para el desarrollo de la comarca (en obras hidráulicas y en proyectos de transformación económica repstuosos con el medio ambiente) y la protección de Doñana.

La solución que se ha encontrado para los agricultores de la zona es dinero a cambio del abandono del regadío (no se establecen diferencias entre legales e ilegales, aunque las leyes vigentes siguen en pie y por tanto se seguirá persiguiendo el riego ilegal) en función de la actividad que se elija. Mantener una hectárea forestal durante 30 años supondrá que el propietario recibirá 100.000 euros de ayuda durante diez años. "Quien quiera cultivos de secano y de producción ecológica [también podrá] pero serán ayudas menores", dijo Moreno.

Ciencia, política y UE

Ribera y Moreno escenificaron el acuerdo en la misma comarca de Doñana. Ambos visitaron la zona conjuntamente y después se trasladaron a Almonte (Huelva), uno de los municipios freseros, para firmarlo y explicarlo después en una rueda de prensa en el teatro Salvador Távora, ubicado en la calle Antonio Machado. El acuerdo, según explicaron, supone un desembolso de hasta 1.400 millones de euros (700 el Gobierno, otros 700 la Junta, de los que ya se habían anunciado la mitad) y se implantará desde ya.

"Bien está lo que bien acaba", dijo el presidente de la Junta, que afirmó que el acuerdo era "histórico". "El diálogo funciona cuando es sincero. Este acuerdo es en beneficio de la comarca y de España. Todo el mundo gana", reivindicó Moreno.

La vicepresidenta Ribera había intentado al principio frenar la ley, impulsada por PP y Vox en el Parlamento de Andalucía, mediante duras críticas y también con los tribunales (iba a ser recurrida de inmediato ante el TC y nacía por ello muerta), pero al final ante la posibilidad bien cierta de que PP y Vox la aprobaran a las bravas, optó por el diálogo (y por sacar la chequera) con Moreno Bonilla y lo telefoneó.

Un mes y unas semanas después de aquella conversación, que implicó una tregua para negociar una salida, una vez que Sánchez ha conformado su gobierno, se ha podido cerrar un acuerdo definitivo.

Diálogo era lo que reclamaban el presidente del Consejo de Participación de Doñana, el biólogo Miguel Delibes de Castro, y el director de la Estación Biológica de Doñana, Eloy Revilla, ambos muy preocupados por una norma que iba en la dirección contraria a la que la razón científica, las instituciones internacionales y, en fin, el sentido común, aconsejaban. Ambos estuvieron presentes este lunes en Almonte y se mostraron prudentes ante sus efectos.

A través de este acuerdo con Ribera, Moreno encuentra en lo político una gatera que le permite, después de haberse lanzado por una pendiente muy peligrosa para la imagen de dirigente moderado que trata de labrarse (en el camino ha recibido acusaciones de negacionista y se enrocó en la defensa no del interés de unos cuantos propietarios), regresar al consenso y al camino que marca la Unión Europea. "Ya todo lo demás se me ha olvidado. Yo soy una persona de futuro", dijo el presidente.

El Gobierno de España puede lanzar también la idea a Europa de que la política del país es proteger en efecto Doñana y no avanzar a marchas forzadas, sin contemplaciones, en su deterioro. "He trasladado este mensaje al comisario, en Bruselas. Me consta que les alegró, [supone] un gran alivio, facilita mucho las cosas. Explicaremos que estamos en línea de la UNESCO [también]. Tenemos que completar esa información en el año 2024. No tengo la menor duda que desde la perspectiva de los organismo internacionales [el acuerdo] va a ser bien recibido", dijo Ribera.