A falta de saber si es definitiva la rectificación de Juan Manuel Moreno Bonilla o se trata tan solo de un nuevo requiebro político, el aplazamiento –de momento por unas semanas– en la aprobación de la ley que impulsa el PP andaluz de la mano de Vox para ampliar los suelos catalogados como regables en el entorno de Doñana supone en este momento procesal, a pesar de las incógnitas que existen aún y de conocer el desenlace final, una batalla ganada por la ciencia, el movimiento ecologista y, también, por los agricultores que riegan legalmente sus terrenos: desde el principio se han mantenido firmes en la defensa del agua de la comarca.

La posición contundente y contraria de la Comisión Europea y del Gobierno de España –sobre el Estado pesa ya una sentencia del Tribunal de Justicia de la UE por no cuidar los acuíferos–, además del riesgo –aún vigente– de que la UNESCO incluya a Doñana en la lista de lugares en peligro, son factores muy relevantes que contribuyen a explicar por qué Moreno Bonilla ha decidido in extremis –la ley ya está lista a falta tan solo de que vaya a Pleno para votarse– firmar una tregua. 

La pausa la ha pactado el presidente andaluz con la vicepresidenta Teresa Ribera, azote de la ley, y permite al PP andaluz darse un tiempo para explorar otros caminos, antes de lanzar una norma que podría causar más desperfectos y multas y que solo apoyan a día de hoy contados agricultores y empresas, que verían revalorizados sus terrenos, además de la ultraderecha.

De algún modo, la legislación, que los ecologistas consideran una "amnistía" a los riegos ilegales, impulsada a las bravas y sin consenso social por el PP andaluz junto con Vox –lo que a Moreno le ha manchado su chaqueta verde y causado acusaciones de "negacionista" de la crisis climática– iba a nacer desfallecida: le esperaba, en cuanto se aprobase, un recurso de inconstitucionalidad, con amplios visos de prosperar.

Uno de los actores clave, decisivo en esta batalla, que aún no ha terminado, ha sido la ONG conservacionista WWF por su preciso conocimiento de la problemática, su brega y su capacidad para internacionalizar el asunto.

Juanjo Carmona, abogado de la organización, puntualiza a Público que la tregua "no es una victoria aún". Eso sí, afirma, "es un aplazamiento importante y celebrado: lo contrario nos llevaba a un precipicio".

Ahora, agrega, "hay que ponerle el cascabel al gato". Para Carmona, una vez expresada la voluntad política de Gobierno y Junta de trabajar un acuerdo, hay que "dejar trabajar a los técnicos" y buscar el consenso social.

A su juicio, en este frenazo, además de la amplia movilización social contra la ley, de la meridiana posición contraria de Europa –en la que WWF jugó un importante papel– y de la UNESCO –"hay que poner en su justa medida los procedimientos legales e internacionales", afirma Carmona–, hay algunos otros factores relevantes que han pesado como catalizadores para que Gobierno y Junta firmaran la tregua este martes.

Entre ellos, Carmona destaca la presión de los mercados europeos, a los que se exporta la fresa de la comarca, que lo que pretenden es que se cultive de forma respetuosa con los derechos laborales y el medio ambiente.

Para Ecologistas en Acción, el aplazamiento en la aprobación de la ley, "es una victoria de Doñana, de la lógica de la naturaleza y la supervivencia humana".

"Una lección aplicada de que sin ecología no hay economía en la que la ciudadanía, a través de la plataforma Salvemos Doñana y el Consejo de Participación del espacio natural y la ciencia a través de la Estación Biológica, han sabido siempre estar del lado de Doñana, su agua y su gente, buscando el bien común. Pero, tristemente, nuestras advertencias son ignoradas en la toma de decisiones", aseguran a Público.

Ley pospuesta, no retirada

¿Qué escenario se abre ahora? La ley, en efecto, no se ha retirado. Sigue en el Parlamento de Andalucía. Según fuentes parlamentarias, si Moreno Bonilla quisiera finalmente pararla tendría dos maneras de hacerlo.

Una, más remota, sería llevarla a Pleno y votarla, lo que implicaría que el PP o bien tendría que abstenerse o bien tendría que votarla en contra, algo que parece que no va a suceder por lo que implica de visualización de una rectificación en toda regla.

Y otra, que de algún modo el proyecto de ley duerma el sueño de los justos hasta que termine la legislatura y decaiga con ella. Vox, el socio en este viaje de Moreno Bonilla, ya ha salido a presionar al PP para que se apruebe la norma.

Para que se produzca alguno de estos dos escenarios, es necesario, por tanto, que a lo largo de este mes, la tregua firmada este martes culmine en una paz definitiva, en un acuerdo asumible tanto por el Gobierno, que tiene encima la presión de la UE, como por la Junta de Andalucía.

Así lo expresó este miércoles el presidente Moreno Bonilla: "La ley sigue adelante. Solo ha sido pospuesta. Si no se llega a un acuerdo, se aprobaría a finales de octubre".

"No ha cambiado nada, lo que ha cambiado es que la ministra me llamó personalmente para sentarnos, cosa que considero sensata y que agradezco y a partir de ahí vamos a poner toda la voluntad del mundo", agregó el presidente, según recoge Europa Press.

Moreno Bonilla sí dejó clara también su intención de llegar a un pacto definitivo, que zanje la polémica y que se pueda vender en Bruselas: "Lo mejor que podría pasar es que hubiera un acuerdo en el que todas las partes quedaran satisfechas, la economía, la parte del sector productivo agrícola de Huelva, los agricultores de la zona y los ecologistas. Que seamos lo suficientemente audaces para dar con la tecla y solucionar el problema y que la mayoría quede contenta".

"Ese es el objetivo", para lo que, dijo, se van a "volcar, con máxima determinación, ilusión y con todas las ganas del mundo para que esto salga adelante", agregó Moreno Bonilla.

El elemento capital en esta ventana que ahora se abre es la situación de los agricultores que, según los ecologistas, hoy riegan ilegalmente. Estos fueron los que motivaron la presentación de la proposición de ley: el PP considera que están en un "limbo" jurídico.

Estos regantes, agrupados en la Plataforma en Defensa de los Regadíos del Condado de Huelva, reclamó que el periodo de diálogo aporte "soluciones viables y consensuadas con los agricultores" que son "los sufridores". En caso contrario, dijo su portavoz, Julio Díaz, exigirán "la votación en el Parlamento andaluz" de la ley.

Así lo expresó el presidente andaluz, quien se esforzó por lanzar un mensaje de calma a esos propietarios, este miércoles: "Hay que contar con las familias de agricultores atrapadas en una situación de alegalidad y que necesitan una solución a su situación: requieren una atención especial por parte de la administración del Estado y de la autonómica para encontrarles una solución".

Esta solución, si es que llega mediante un pacto, debería producirse sin que ello implique "más agua", más regadíos, más suelos regables. Así, la vicepresidenta Teresa Ribera expresó esta semana que tiene confianza en que se pueda establecer "un escenario donde todo el mundo piense que es mejor consolidar esas alternativas que confiar en más recursos hídricos". Para ello, el Gobierno dispone de 356 millones de euros.

Carmona, de WWF, se preguntó en un tuit si lo que dice Moreno es lo siguiente: "¿Está diciendo el presidente que si los regantes ilegales reciben dinero para que cesen en sus actividades ilegales (carecen de concesión de agua) y es dinero suficiente para que estén satisfechos, entonces tendremos acuerdo y que si no los amnistía él?"

El portavoz parlamentario del PP andaluz, Toni Martín, según recoge Europa Press, dijo este miércoles: "Esta proposición de ley es la garantía de que se va a buscar una solución para estos agricultores; sobre la mesa se queda y vamos a esperar los acontecimientos y si la intención del Gobierno central de llegar a un acuerdo es cierta".

Reivindicaciones de Salvemos Doñana

El coordinador de Greenpeace en Andalucía, Luis Berraquero, espera ahora que "efectivamente, se escuchen todas las voces, entre ellas, las de la ciencia y los grupos ecologistas, y que se impida, de manera tajante, que se siga robando agua y regando de manera ilegal en la zona", recoge Europa Press.

La plataforma Salvemos Doñana lanzó un comunicado en el que aseguraba ver con buenos ojos el "principio de diálogo" y "que la proposición de ley" hiciera "agua". También asegura que existen "incógnitas de gran trascendencia que quedan por determinar".

Así, para la plataforma, "ni una sola hectárea más debe ser declarada regable en el territorio de influencia de Doñana". Además, Salvemos Doñana reclama que el destino de los 356 millones que el Ministerio ha anunciado que se invertirán en Doñana deben "excluir fehacientemente todo aquel proyecto que no responda a la recuperación de los daños originados, restaurar y conservar ecosistemas, consolidar el tejido social fortaleciendo el cooperativismo y las explotaciones familiares".

En fin, que apueste "por un modelo de tejido económico compatible con la conservación del Espacio Natural de Doñana, en el que el valor añadido quede en el territorio y repercuta en el bienestar social de su gente".

Los mercados, la Comisión europea y la UNESCO observan con atención los movimientos.