Una pancarta, dos palabras y un deseo. Quienes este sábado han llevado ese plástico con el lema “Orain Presoak” (Ahora los presos) por las calles de Donostia pagarían lo que fuese por no volver a utilizarlo. Lo mismo ha ocurrido con las miles de personas que se han colocado detrás: desde la primera a la última, quieren que el lema “Orain Presoak” (“Ahora los presos”) deje de ser una frase en presente para convertirse en cosa del pasado. Cinco meses después del final de ETA y a casi cuatro de que el Gobierno de Sánchez prometiera adaptar la política penitenciaria al nuevo tiempo de paz, una multitudinaria movilización ha atravesado Donostia para pedir precisamente eso: un sistema carcelario que tenga en cuenta la realidad actual de una Euskadi sin violencia.

La manifestación ha tenido lugar en un momento de máxima expectativa: el Ejecutivo del PSOE ha empezado lentamente a mover algunos presos a cárceles próximas al País Vasco, lo que parece un tímido gesto dirigido a romper -con suavidad- la política de dispersión aplicada hasta ahora contra los reclusos condenados por pertenencia o vinculación con ETA. De ahí el “Ahora los presos” que encabezaba la manifestación y de ahí que Inaxio Oiarzabal, portavoz de la plataforma ciudadana Sare –creada para defender cambios en materia de política penitenciaria-, muestre unas comedidas expectativas.

“Estamos en un momento clave”, remarcó a Público en los prolegómenos del acto, ese mismo que empezaron a preparar cuando todavía Rajoy era presidente. El llamamiento a la movilización de este sábado fue lanzado por 46 personalidades de distintos ámbitos y ha conseguido recoger apoyos de distintos sindicatos y partidos. De hecho, en las calles de Donostia se han dado cita representantes de los principales sindicatos –ELA, LAB, UGT y CCOO, entre otros-, así como del PNV, Podemos y EH Bildu.

No ha sido una manifestación al uso, sino que ha estado precedida por un evento inédito en este tipo de movilizaciones: antes de la marcha ha tenido un acto por la convivencia en el Palacio Miramar de Donostia. “La sociedad vasca quiere una convivencia basada en el respeto, pero sin cosas del pasado que generen sufrimiento, como ocurre con la política penitenciaria”, apuntó Oiarzabal.

El calendario ha querido que la manifestación llegue en vísperas de que este martes 23 el Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH) se pronuncie respecto a la acumulación de penas. Se prevé que la sentencia será favorable hacia decenas de presos que, en base a la legalidad vigente en Europa, reclaman que se tengan en cuenta las penas cumplidas en otros países miembros.

Se trata de uno de los tantos aspectos que aún componen la política de excepción aplicada contra los reclusos condenados por delitos relacionados con la organización ya extinguida. También está sobre la mesa la inclusión en primer grado de la mayoría de los presos –se calcula que el 95% se encuentra en ese régimen, el más restrictivo-, al tiempo que el Juzgado de Vigilancia Penitenciaria viene rechazando la mayor parte de las peticiones de progresión de grado formuladas por los reclusos. Actualmente hay 234 presos de ETA en prisiones del Estado español. De ellos, sólo 19 están en segundo grado y otros dos en tercer grado.

En ese contexto, todas las miradas están puestas en Madrid. “Es una contradicción que desde el gobierno español se diga por activa y por pasiva que habrá un cambio en la política penitenciaria, y por otro lado sigamos encontrando esas negativas al cambio de grado”, afirma el portavoz de Sare. “Es verdad que el cambio de gobierno es reciente, pero también es verdad que más allá de palabras, no se ven demasiados hechos”, afirma.

Los pasos –y los no pasos- dados por el Gobierno de Sánchez también son seguidos con atención en las oficinas del Gobierno Vasco. De hecho, el Ejecutivo de Iñigo Urkullu respalda firmemente los cambios que La Moncloa está dispuesta a dar en materia de presos, una cuestión que Vitoria asume como uno de los puntos pendientes tras el final de ETA. “Compartimos las intenciones manifestadas públicamente por el gobierno español y apoyamos esa posición”, indicó por teléfono el secretario general de Derechos Humanos y Convivencia del Gobierno Vasco, Jonan Fernández, quien no ha acudido al acto ni a la manifestación. ¿La razón? El Ejecutivo, precisó, “no acude a ese tipo de manifestaciones”.

¿Cuánto falta?

Luego están las apuestas sobre cuándo y cómo se plasmarán las “intenciones” del Ejecutivo socialista. Sobre este punto, el responsable del Ejecutivo autonómico mostró su confianza en que, “teniendo en cuenta su complejidad”, esas medidas empiecen a desarrollarse “en las próximas semanas”. En cuanto al cómo, Fernández recordó que el Gobierno Vasco transmitió tanto a Pedro Sánchez como a su antecesor, Mariano Rajoy, una serie de documentos que se resumirían en la siguiente frase: “defendemos un acercamiento de los presos a cárceles cercanas a su lugar de origen o residencia”.

En una de esas propuestas, el Gobierno de Urkullu planteaba que en una “primera etapa” los presos se ubicaran “en las diez cárceles que hay en un radio de 250 kilómetros desde Euskadi”. “También pensamos que determinadas situaciones de carácter humanitario que afectan a presos enfermos, madres con hijos o presos septuagenarios deberían encontrar una solución razonable”, apuntó. Asimismo, Fernández incidió en la necesidad de dar pasos hacia la “promoción de procesos legales de reinserción”.

“Que reconozcan el daño causado”

Las posibles modificaciones de la política penitenciaria –con el acercamiento de presos como principal asunto- también son vistos con interés por parte del socio de gobierno de Urkullu y representante de Sánchez en tierra vasca, el Partido Socialista de Euskadi (PSE), que tampoco ha estado presente en la manifestación de la capital guipuzcoana pero que, al igual que el Ejecutivo vasco, comparte que debe producirse un cambio en lo que concierne a los reclusos. “Los socialistas vascos hemos defendido durante años una política penitenciaria distinta, que propicie que los presos reconozcan el daño causado, que es el camino que facilita la reinserción social prevista en la Constitución”, afirma su portavoz parlamentario, Eneko Andueza.

En esa línea, el PSE cree que la pelota está en el tejado de los reclusos. “Apelamos, sobre todo, a la responsabilidad de los propios presos, que saben que aún con ETA desaparecida, no va a haber una salida para ellos fuera del Estado de Derecho”, remarcó. ¿Cuál sería entonces la vía? Andueza cree que los internos deben “asumir la legalidad, reconocer el daño causado, y mostrar su voluntad de reincorporarse a la sociedad contra la que atentaron”. “Por eso entendemos que las manifestaciones que se dirigen a solicitar a otros decisiones en un sentido determinado, como la de este sábado, son menos útiles que la verdadera voluntad de los presos de reinsertarse”, afirmó.

En medios próximos al EPPK (Colectivo de Presos Políticos Vascos, por sus siglas en euskera) defienden que sus miembros han dado pasos en ese sentido, por lo que consideran que ahora, ya sin la presencia de ETA en el panorama político y carcelario, es momento de que el Gobierno español empiece a desactivar las medidas de excepción aplicadas desde finales de los ochenta. Cosas de la vida: un presidente socialista (Felipe González) puso en marcha la dispersión y otro mandatario del PSOE (Pedro Sánchez) puede enterrarla.