Poder privado, poder público, ¿el suyo es un manual sobre cómo liderar la socialdemocracia en el siglo XXI?

La democracia cristiana y la socialdemocracia, a izquierda y a derecha, han tenido siempre claro que el bienestar social es fundamental para el desarrollo económico. Tras la crisis financiera de 2008, algunos de los principales referentes del liberalismo económico también lo han explicitado: desde hace años, en el Foro Económico y Social de Davos, la desigualdad centra las principales preocupaciones en sus debates porque ha quedado claro que, si los consumidores no tienen capacidad de consumo, no hay clientes a los que vender. Proponemos un manual para liderar las grandes transformaciones del siglo XXI que solo podrán llevarse a cabo si el sector público y privado van de la mano. Los esquemas con los que se han abordado las políticas públicas tradicionalmente han fracasado: el Estado solo no tiene capacidad de impulsar la transición ecológica y el mercado por sí solo no tiene capacidad de llegar a tiempo. Ninguna gran transformación se logrará unilateralmente.

Empiezan fuerte: capítulo 1, cita de Robert Bosch, el fundador de la empresa alemana de tecnología y electrodomésticos, para entendernos. Decía Bosch, "No pago buenos sueldos porque tenga mucho dinero, tengo mucho dinero porque pago buenos sueldos". ¿Es un mensaje a la CEOE, a la empresa privada española en general por la precariedad salarial y la desigualdad de ésta entre hombres y mujeres?

Antonio Garamendi, presidente de la CEOE, justificó el último acuerdo salarial con sindicatos y Gobierno porque garantizaba la paz social. Hay una cosa que nadie ve, pero que todo el mundo nota, que se llama contrato social y que interpela a empresas, instituciones y al conjunto de la sociedad. Y es lo que permite que un ciudadano pueda caminar por el Paseo de la Castellana a las 3 de la mañana en Madrid sin temor a ser atracado. Una excepción en el mundo. Eso ocurre porque el sistema funciona razonablemente bien: hay un diálogo social promovido por nuestra Constitución entre empresas o sindicatos, dirigido a mantener muchos equilibrios. En las sociedades con mucha pobreza pierden las personas pobres, pero pierde toda la sociedad: menos desarrollo económico, menos seguridad y más incertidumbre. Las empresas son un actor clave en el desarrollo económico porque sus decisiones condicionan el tipo de sociedad en la que vivimos.

Ustedes subrayan que hay empresas que están haciendo "bien las cosas" y que son ellas las que frenan revoluciones nacidas del descontento social, de la desigualdad. ¿No es la política la que impide estos movimientos con sus leyes sobre los derechos de los trabajadores?

Las democracias representativas tienen la excepcional capacidad de canalizar el conflicto a través de las instituciones, que tienen un papel central en la configuración de nuestro orden social. Nuestra Constitución otorga un papel importantísimo a los partidos políticos como instrumento para representar a la sociedad y tienen la responsabilidad, y la obligación, de dar forma a los ideales de sociedad. También nuestra Constitución habla de los sindicatos y de las organizaciones empresariales como instrumentos fundamentales para el desarrollo de las políticas públicas. Y, en un contexto donde el poder cada vez está más repartido, dura menos tiempo y es más transparente, el papel de las empresas es clave. Los ciudadanos, que son votantes, que también son consumidores y clientes, exigen a nuestras instituciones y empresas muchas cosas. Y en esa interrelación entre ambos surgen las políticas públicas más estables. El Gobierno de España, junto a la UGT, CCOO y la CEOE, impulsaron la última reforma laboral. El resultado ha sido positivo y no se explica sin el papel del Gobierno o los sindicatos, pero desde luego tampoco sin el de la CEOE. Cada uno tiene su papel. Pero el resultado es que del acuerdo entre todos surgen políticas públicas estables.

Un directivo de una empresa del Ibex me dijo tomando un café: "No me hable de ética, hábleme de leyes", en referencia a protocolos, recomendaciones, etc. con las que, desde los gobiernos, se pretende, en ocasiones, cambiar dinámicas empresariales, como las de igualdad de género en los cargos, entre otras. ¿Hay que legislarlo todo para que el sector privado sepa cómo cumplir, le guste o no?

Las leyes son las normas éticas y morales de convivencia que nos obligan a todos. La ley no obliga a muchas cosas que forman parte del imaginario colectivo y que condicionan nuestras decisiones, como ciudadanos o como clientes. Entre otras cosas, porque la confianza hacia nuestras instituciones o empresas son las que condicionan el desarrollo de la propia economía. La economía se basa fundamentalmente en la confianza. Una sociedad que no confía en sus empresas o instituciones genera entornos de más inestabilidad. Y eso requiere un compromiso de todos y es un incentivo fundamental en el proceso de toma de decisiones. Las leyes aceleran los procesos de cambio, pero los cambios son posibles no solo porque haya leyes, sino porque hay un compromiso hacia ellas. Hay fondos de inversión con parámetros que van mucho más allá de la legislación, en el terreno de la sostenibilidad social y verde, y esos fondos condicionan el tipo de sociedad en el que vivimos, no porque la ley lo exija, sino porque sus directivos y propietarios han tomado decisiones que consideran que genera mejores entornos para el desarrollo económico que es también el desarrollo social.

La brecha entre el sector público y el privado es otro de los focos de su libro, particularmente, porque cada vez hay menos responsables institucionales procedentes del sector privado. ¿Hay reticencias en pasar del sector privado al público o son los políticos los reticentes a elegir cargos del mismo por compromisos partidistas, por ejemplo?

España no tiene bien resuelto el tipo de élites políticas que queremos. Se critica que haya personas que solo se dedican a la vida pública, pero luego se castiga socialmente su paso hacia el sector privado, hacia sus propios protagonistas o hacia las empresas que las contratan. Una persona que tiene 20 años de experiencia en la política posee muchísimas más capacidades que cuando empezó su carrera política y, sin embargo, una parte de la sociedad le exige que su día después sea en las mismas condiciones que cuando empezó a trabajar en ella. Eso genera un incentivo perverso, ¿quién va a dedicarse a la función pública si luego se dificulta su paso a la vida civil? Hay que regular mejor los conflictos de intereses, y eso en ocasiones pasa porque quienes dejan un cargo deban tener compensaciones económicas durante un tiempo para evitar esos conflictos. Por ejemplo, un diputado no tiene ni si quiera derecho a paro, pero hay quien castiga que luego trabaje en una empresa. Hay una contradicción en ello. No tenemos un modelo bien resuelto.

¿Realmente creen que vivimos en un país, una Europa, un mundo … donde la gente quiere dedicarse a la política por vocación, con la exposición y el desgaste que hoy conlleva, incluido el plano personal y salarial en España?

La política es uno de los principales instrumentos para la transformación. Quien se dedica a ella, mayoritariamente, lo hace desde la vocación de servicio público. Pero tenemos un modelo que facilita que lo hagan tres tipos de perfiles: funcionarios, que pueden volver a sus funciones anteriores, personas que no tienen nada que perder, o gente muy rica que pueda dedicarse a lo que quiere. No parece que esos perfiles puedan representar bien la pluralidad de la sociedad española. Y es también responsabilidad de los medios de comunicación de generar mejores condiciones para tener cada vez a mejores perfiles y más variados.

Tengo que preguntarles, como a Mbappé: ¿Cómo valoran los resultados de la ultraderecha en las últimas elecciones europeas y alemanas para esta ambiciosa idea que exponen en su libro de lo que debe ser el poder en el siglo XXI?

The Economist o el Financial Times, que son dos de las publicaciones de referencia del mundo económico liberal, han alertado de los riesgos de un cambio de paradigma impulsado por este tipo de formaciones. La aparición de nuevos fenómenos políticos son un síntoma de que hay cosas que no se han hecho bien. Por ejemplo, en el ámbito de la transición ecológica será muy difícil tener éxito si se hace en contra de una parte de la sociedad. Hay gente a la que, en la práctica, le están obligando a tener un coche eléctrico para poder desarrollar su vida diaria, y no se está teniendo en cuenta que quizá no pueda comprarlo. Ahí es cuando aparecen nuevos fenómenos que canalizan esas frustraciones. La transición ecológica será justa o no será. El poder no puede ejercerse de arriba a abajo sin tener en cuenta a la sociedad. Porque si no, siempre habrá alguien capaz de canalizar la sensación de abandono. El poder en el siglo XXI debe hacerse de abajo a arriba, y para eso las instituciones tienen un papel fundamental, pero también las empresas y las organizaciones que dan forma a las distintas visiones de la realidad. Si hoy en Europa hay formaciones que canalizan esas frustraciones es porque alguien no ha dado mucha importancia a las implicaciones de generarlas.